“No nos engañemos: no es viable una reforma del sistema de financiación autonómica del Estado español”. Con esta contundencia se expresaba Pere Aragonès en la entrevista con elDiario.es de la campaña de 2021. Y abundaba: “Si tengo que elegir prefiero dedicar las energías al referéndum que a la reforma de la financiación”.
Era la última formulación de uno de los más rocosos tabúes del procés, aquel que veía mal que los independentistas hablasen de “cuestiones autonomistas”, es decir, de la gestión de asuntos secundarios ante un horizonte de secesión inminente. En Junts no han sido menos ortodoxos. “Catalunya necesita la independencia, esta es la mejor financiación”, ha afirmado Carles Puigdemont estos días.
Más allá de declaraciones maximalistas, tanto ERC como Junts han ido dejando atrás el tabú de la financiación y han metido en campaña sus respectivos modelos ante un Salvador Illa que también ha prometido empujar esa reforma.
La cuestión del reparto de recursos entre comunidades, caducado en 2014 y que había salido del debate público catalán desde hace casi los mismos años, ha vuelto a situarse en el centro de la discusión, a la vez que los tres principales partidos buscan el voto moderado que piensa más en la cartera que en la bandera.
El primer documento en el que tanto ERC como Junts exhibieron su interés por la financiación fue el acuerdo alcanzado para la investidura de Pedro Sánchez, en septiembre pasado. El documento suscrito con los republicanos era más concreto y hablaba de la creación de una comisión bilateral para abordar tanto la financiación (recursos que se traspasan a la Generalitat) como las inversiones directas que el Estado efectúa en Catalunya. Incorporaba además este pacto una condonación del 20% de la deuda del FLA, correspondiente a una quita de unos 15.000 millones de euros.
El acuerdo con Junts era más escueto y fijaba “un diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación sobre Catalunya”. Además, indicaba la necesidad de una reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), en la que Junts proponía (sin que el PSOE la aceptara) una fórmula similar al cupo vasco y navarro. La mejor financiación puede ser la independencia, según sostiene Puigdemont, pero su partido está dispuesto a jugar el partido dentro de la cancha de la autonomía.
Tres modelos en liza
Avanzando por este camino, Aragonès presentó semanas antes de la campaña toda una propuesta articulada sobre una nueva financiación, a la que llaman “singular”, que no deja de ser un modelo muy similar al que tienen las diputaciones vascas y Navarra: recaudar todos los impuestos en origen (en este caso desde la Generalitat) y traspasar después al resto de instituciones según el cálculo de los servicios que éstas presten en Catalunya. Este sistema sería, en resumen, el inverso al actual, donde el Estado se hace con la mayor parte de los recursos y después los reparte en función de una estimación de necesidades de cada nivel administrativo.
Junts ha preferido poner el acento en otra cuestión: la inversión estatal territorializada. Este cálculo mide año tras año cuánto de lo presupuestado ha sido efectivamente ejecutado en cada comunidad autónoma y el resultado suele ser, por sistema, muy favorecedor para algunos territorios y muy perjudicial para otros. Por ejemplo, en el año 2021, en la Comunidad de Madrid recibió el 184% de lo presupuestado mientras Catalunya se quedaba en el 35,8%. Las comunidades de régimen común que recibían menos inversión por habitante eran Comunitat Valenciana, 93 euros por persona, y Catalunya, con 96, mientras Murcia con 383 euros se situaba en cabeza seguida de Aragón (333 euros).
Sin embargo, Junts ha jugado al equívoco con las cifras de inversión para asegurar que 2017 fue un año récord en ejecución y atribuirle este éxito a Carles Puigdemont. Una afirmación que, sin embargo, es un espejismo contable, ya que 2017 fue también un año con una inversión presupuestada mucho más baja que en los siguientes ejercicios.
La realidad es que 2020 fue el año que más inversión ejecutó el Estado en Catalunya, con 957,2 millones de euros en total, seguido del año 2022, cuando se inyectaron 947,9 millones. Cifras superiores a los 901,8 millones de euros obtenidos en 2017.
El modelo de Illa, por su parte, responde al nuevo enfoque que el socialista ha introducido en esta campaña, en la que afirma que Catalunya puede hacer grandes avances sin necesidad de grandes reformas y sin necesidad de aumentar el tope competencial. En materia fiscal, el PSC propone avanzar en el consorcio fiscal entre la Generalitat y el Estado que está previsto en el Estatut y que supondría que una nueva entidad, participada por las instituciones catalanas y centrales a la vez, recaudasen primero los tributos autonómicos en Catalunya y, si se desarrollase más, el conjunto de todos los impuestos que pagan los catalanes.
Con todo, esto no significaría que la Generalitat pudiera disponer de ese dinero, que seguiría siendo administrado por Hacienda y repartido entre las autonomías en base al sistema de financiación que rigiera en cada momento. Por esta razón, Illa ha prometido que si es president empujará para la reforma del actual reparto, poniendo en todo caso el límite en el consenso entre las autonomías y dejando fuera una posible bilateralidad entre Barcelona y Madrid como sí disfrutan vascos y navarros.
Un tabú tan viejo como el procés
La razón por la que la financiación se convirtió en un anatema la explicaba Andreu Mas-Colell en este diario cuando decía que, cuando él ostentó la cartera económica del Govern con Artur Mas, se pensaba que si se hablaba de financiación se estaría enviando el mensaje a Madrid de que el conflicto entre Catalunya y el Estado podía arreglarse con dinero. Una idea de la que el independentismo siempre ha huido.
El advenimiento del procés supuso que el Govern catalán dejase de poner el acento en la financiación, al igual que tendiese a dejar vacía la silla del consejo de Política Fiscal y Financiera, que comparten todas las comunidades con el Ministerio de Hacienda, bajo la idea de que eran cuestiones inútiles.
Sin embargo, durante estos últimos 10 años sí ha habido intentos, más o menos serios, de agilizar la cuestión de la financiación. En el año 2016 la entonces presidenta Balear, Francina Armengol, y Carles Puigdemont desde el Govern catalán acordaron un frente común en el debate sobre un posible nuevo reparto de los recursos, que acabó entonces en nada.
Posteriormente, en el año 2020, Sánchez presentó al entonces president Quim Torra su “agenda para el reencuentro”, en la que se incluían cambios tanto en la financiación como en las inversiones del Estado en Catalunya, con una promesa de movilizar hasta 1.600 millones de euros. Torra optó por dejar aquel documento en un segundo lugar, para privilegiar sus demandas de amnistía y referéndum, ante lo cual desde la Moncloa contestaron que no iban a renunciar a la reforma de la financiación aunque no convenciese a la Generalitat.