Los Centros de Atención Primaria (CAP) son una pieza clave para la siguiente fase de la epidemia, la desescalada, pero algunos médicos de familia están empezando a acumular un hartazgo que va más allá de la carga de trabajo que supone la lucha contra el coronavirus. Es la burocracia que va asociada a la gestión de decenas de miles de bajas laborales vinculadas a la COVID-19. Desde entidades como el Foro Catalán de Atención Primaria (FOCAP), el sindicato Metges de Catalunya o el Col·legi de Metges de Barcelona (COMB) aseguran que les impide dedicarse plenamente a la atención de pacientes.
A mediados de abril, la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc) estimaba que la Atención Primaria estaba manteniendo el seguimiento, por teléfono o a domicilio, de casi un millón de personas con síntomas respiratorios parecidos a la COVID-19. Una media diaria de 28 llamadas que ha ido en aumento y que, según denuncian los facultativos, les está suponiendo una sobrecarga en cuanto a la elaboración de informes y confirmaciones de bajas, un trámite necesario no solo para los enfermos de coronavirus, sino para aquellos que están en cuarentena y para los trabajadores vulnerables al virus.
Aina Perelló, médico de cabecera en el CAP Larrard del barrio de Gracia, en Barcelona, explica que ha pasado de tener entre manos unas dos o tres bajas laborales al día, antes de la epidemia, a más de 20. “La gran mayoría de gente a la que atendemos son bajas vinculadas a la COVID-19”, explica. Para todos ellos se tiene que hacer como mínimo el parte de baja, el de confirmación a los siete días, y el de alta, cuando se da. Rellenar la documentación y enviársela al paciente.
Jaume Sellarès, médico en el CAP Sardenya y vicepresidente del Col·legi de Metges de Barcelona (COMB), calcula que este papeleo se lleva alrededor de una hora de su trabajo diario. “La burocracia, teniendo en cuenta que somos un recurso muy escaso, nos lastra mucho”, resume este facultativo. “Toda la flexibilidad de que han sido capaces los hospitales y la atención primaria para transformar la forma de proveer atención se ha traducido en máxima miopía y rigidez en el sistema de bajas laborales, sobrecargando a los médicos de forma injusta”, resumen desde el foro de atención primaria FOCAP, que convocaron una protesta el jueves en Twitter.
Las bajas de los no enfermos
Con todo, los médicos consultados por este diario asumen que el aumento de bajas laborales es una consecuencia con la que han de lidiar derivada de la epidemia. Lo que les subleva es tener que gestionar también y sin medios adicionales todos los partes de trabajadores que ni siquiera están enfermos. Se trata de los contactos de pacientes de COVID-19, que tienen que aislarse haya o no síntomas, y los trabajadores considerados especialmente sensibles, que por tener patologías previas pueden solicitar la baja. Todos ellos pasan por el médico de cabecera.
“La burocracia que generan estos casos carece de sentido médico, es inútil desde el punto de vista sanitario. A mí no me importa llamar cuando haga falta a alguien que está malo y rellenar su documentación, pero lo otro carece de sentido”, resume Fernando León, miembro de Semfyc y médico en el Centro de Salud San Juan de la Cruz de Pozuelo de Alarcón. En su caso, calcula que una cuarta parte de las personas a las que atiende son cuarentenas y trabajadores considerados sensibles.
Estos últimos incluyen a todas aquellas personas con diabetes, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, enfermedades pulmonares, embarazos o que sean mayores de 60 años. Si la empresa no puede garantizarles un puesto de trabajo exento de riesgo, debe comunicarlo al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, que elabora un informe que los afectados deben llevar al médico de familia, para que extienda la baja por Incapacidad Temporal (IT).
Los médicos denuncian que estas bajas también hay que confirmarlas al cabo de 7 y 21 días, con unos trámites que “se convierten en absurdos porque el que es asmático lo seguirá siendo hoy, mañana y dentro de seis meses”. Así se expresa Perelló, que directamente afirma: “Al que ha diseñado esto le da igual la sobrecarga que tenemos y que nos impide dedicar tiempo a nuestros pacientes”.
Para Javier O'Farrill, portavoz de Metges de Catalunya para este ámbito, esta baja la podría emitir la mutua y, sin pasar por los médicos de familia, supervisarla y validarla el Institut Català d'Avaluacions Mèdiques (ICAM) –o el equivalente en inspección médica de las otras comunidades autónomas–. Esta idea la suscriben tanto el Semfyc como la FOCAP o el Colegio de Médicos de Barcelona, que plantean otras alternativas como una declaración jurada del afectado.
Las alertas del ICAM
El hartazgo entre los médicos de familia por el papeleo se ha manifestado especialmente en Catalunya debido a otro factor añadido: las alertas del ICAM. Este organismo, encargado de la supervisión y control de los procesos médicos que afectan a las incapacidades laborales, suele enviar alertas a los médicos de cabecera para que revisen algunas bajas. A menudo, las de los trabajadores sensibles. “Cada día hay alguna alerta del ICAM, y el problema es que tal como está diseñado el sistema informático, si no le das respuesta no puedes acceder a tu listado de pacientes”, lamenta Nani Vall-llosera, médico en el CAP Bon Pastor.
Para Vall-llosera, esta es una muestra de la “deriva” del ICAM hacia una “institución fiscalizadora del trabajo de los médicos”. “No tiene ningún tipo de sentido que el ICAM haga revisiones en cuanto a las personas especialmente sensibles, ya que se trata de gente con patologías previas y que su puesto de trabajo les puede ocasionar un grave riesgo para su salud, y sobre todo porque ya han sido visitadas por dos médicos distintos, el de vigilancia de la salud y el de cabecera”, razona Silvia Torné, abogada del Col·lectiu Ronda.
Aun así, no todos ven con malos ojos el trabajo del ICAM. Sellarès, del Col·legi de Metges de Barcelona, opina que es una institución que “no entorpece, sino que hace su trabajo de inspección y se la ha de respetar”. Lo que sí cuestionan este y otros facultativos, como los de FOCAP, es que los médicos de este instituto accedan a la historia clínica del paciente, algo que creen que debería ser exclusivo de los profesionales que prestan asistencia. Fuera de Catalunya, desde el Semfyc aseguran que no ha habido quejas en este aspecto.