Las especialistas en igualdad contra las que Junts se querelló por un informe que apreció machismo en el partido han alegado que la iniciativa legal del partido busca “coartarlas” ante la elaboración de otro dictamen sobre una segunda denuncia de sexismo en la formación, que han dejado en suspenso.
Ante el juzgado de instrucción 29 de Barcelona han declarado este viernes la abogada, la psicóloga y el psicólogo contra los que Junts se querelló por un delito de injurias por su informe sobre la denuncia por acoso machista de la exdiputada Cristina Casol, expulsada de la formación tras interponer su queja.
Los investigados han negado, a preguntas del juez, que su informe buscara injuriar al partido, como mantiene Junts, y han defendido que su trabajo se ajustó al protocolo antiacoso del Parlament, suscrito por todas las formaciones. El dictamen que ha terminado en el juzgado es el primero realizado a instancias de la Cámara desde la aprobación del protocolo.
En declaraciones a los periodistas, el abogado de una de las denunciadas, Eduardo Cáliz, ha mantenido que la querella de Junts solo busca “coartarlas” ante la elaboración de un segundo informe sobre machismo interno en el grupo parlamentario a raíz de la denuncia de la diputada Aurora Madaula, quien ya no repetirá en las listas del 12M de la formación posconvergente.
Las trabajadoras denunciadas estaban preparando el informe sobre Madaula cuando recibieron la querella, el pasado mes de febrero, y ellas mismas decidieron frenar el dictamen ante la acción legal de Junts. Todo ello responde, según Sònia Ricondo, abogada de otra de las denunciadas, a una estrategia “muy habitual por parte de agresores e instituciones para intimidar a futuras víctimas que quieran denunciar”.
Las trabajadoras y el trabajador denunciados son expertos independientes designados por la Oficina de Igualdad de la Cámara catalana y trabajan para una fundación a la que el Parlament externaliza las investigaciones sobre machismo. El protocolo del legislativo catalán les obliga a realizar un informe cada vez que un empleado o diputado denuncia una situación de acoso machista.
La querella considera una injuria contra Junts la conclusión del informe de las expertas en igualdad. El dictamen terminó archivado al no ver probadas las denuncias de machismo más graves que Casol realizó contra el portavoz del grupo, Albert Batet, si bien sí detectó una “situación sistémica” de machismo en el grupo parlamentario de Junts al constatar un “reparto de tareas asociado a los roles patriarcales tradicionales” y un “menosprecio hacia las acciones de sensibilización y formación en materia de género”.
Para Junts, estas conclusiones suponen “afirmaciones gravemente ofensivas sin fundamento ni motivación” contra el grupo parlamentario y el partido en su conjunto. Considera la formación que las trabajadoras actuaron con “negligencia profesional” y “se extralimitaron” por haber realizado conclusiones sobre el conjunto del grupo parlamentario de Junts y no solo sobre Batet, la persona a quien Casol denunció ante el Parlament.
La querella de Junts contra los expertos en igualdad ha generado indignación en sectores de la abogacía y la psicología, que consideran la iniciativa del partido una represalia contra las trabajadoras por haber hecho su trabajo.
Dentro de la Ciudad de la Justicia, las trabajadoras denunciadas se han acogido a su derecho a no responder a las preguntas de Junts para “no entrar en el juego de un matón de colegio”, en palabras de Cáliz, y han contestado solo a su defensa y al juez.
Por su lado, la abogada de Junts, Isabel Elbal, ha insistido, en línea con la querella, en que el informe sobre el caso Casol “criminaliza sin fundamento a todo un partido”.
Fuera de los juzgados, en un ambiente preelectoral, la consellera de Igualdad, Tània Verge, y representantes de partidos como ERC, los comuns y la CUP han apoyado a las trabajadoras. También estaba presenta Casol. “Estoy muy disgustada y enfadada, me siento culpable de que las trabajadoras tengan que venir al juzgado por mi culpa”, ha lamentado la ya exdiputada.
Por su lado, Verge ha exigido a Junts que retire la querella. “Se está coartando e intimidando no solo a las trabajadoras denunciadas sino a todas las mujeres de este país”, ha criticado. La consellera ha considerado que la querella Junts envía un mensaje negativo hacia las mujeres: “Implica advertir de que la denunciante puede terminar perseguida en los tribunales”.
“La denuncia demuestra las actitudes machistas de Junts”, ha apostillado la diputada de los comuns Susanna Segovia, mientras que la candidata de la CUP Laure Vega ha afeado al partido que use “sus privilegios para ir contra unos protocolos que se realizan con todas las garantías”.