Dos expertos ingleses han dictaminado ante el juez que investiga la mutilación de una manifestante por parte de una bala de 'foam' de los Mossos d'Esquadra que los protocolos de la policía catalana sobre este tipo de proyectiles “no se ajustan” a las normas internacionales de Naciones Unidas, además de ser demasiado “ambiguos” en relación a su potencial lesivo.
Estas son las dos conclusiones principales del informe pericial elaborado por Neil Corney y Matthew McEvoy, dos investigadores del centro Omega, un organismo británico especializado en el uso de tecnologías militares, de seguridad y policiales. El informe lo ha aportado al juez el centro Irídia, que representa a la joven herida por los Mossos durante las protestas por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel en Barcelona en 2021.
El juez investiga a dos escopeteros de los antidisturbios de los Mossos que estaban en el lugar y momento de la lesión, cuando la policía autonómica disparó decenas de proyectiles de 'foam' para dispersar una manifestación en favor de Hasel que había derivado en altercados.
En su informe, los peritos concluyen que los protocolos de la policía catalana sobre el 'foam' “se tendrían que modificar para adaptarlos a las normas internacionales y evitar el dolor y el sufrimiento indebidos”, y recomiendan que hasta que no se cambien “se suspenda” su uso.
La conselleria de Interior, entonces en manos de Junts, desoyó la exigencia del Parlament y publicó sin varios de sus puntos clave el protocolo del 'foam', pero elDiario.es logró el documento completo. Entre la información que Interior ocultó a los grupos parlamentarios se incluye un aspecto que puede tener relevancia en la investigación judicial del caso de la manifestante mutilada: el punto del protocolo que insiste en que el 'foam' debe dispararse “del abdomen hacia abajo”, aunque si la persona tiene “un objeto arrojadizo [que no precisa], contundente o arma blanca” sí podrá dirigirse el proyectil a las extremidades superiores.
El proyectil de 'foam' es la principal munición de los dispositivos de orden público de los Mossos después de que el Parlament prohibiera en 2014 las balas de goma por el caso Ester Quintana. El 'foam', que recibe su nombre por el tipo de espuma con el que está fabricado, tiene 40 milímetros de diámetro y al estar hecho de material viscoelástico su impacto queda repartido entre el proyectil y el objetivo. La principal diferencia con la bala de goma es que el 'foam' no rebota cuando toca el suelo: al ser un proyectil de precisión, las lesiones que provoca se producen por un impacto directo en el cuerpo, y no fruto de un rebote incontrolado. Se dispara mediante un fusil de mira telescópica que incrementa su precisión.
Los peritos Corney y McEvoy comparan en su informe el protocolo de los Mossos sobre el 'foam' con las disposiciones de Naciones Unidas y la doctrina sobre uso de la fuerza establecida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). La conclusión es que la normativa de la policía catalana contradice la internacional en tres aspectos, relativos al uso de 'foam' contra concentraciones de personas en manifestaciones así como en la distancia mínima y a las partes del cuerpo a las que disparar.
Así, donde el manual básico de la ONU sobre el uso de proyectiles policiales establece que este tipo de munición solo debe emplearse contra “personas individuales que suponen un riesgo”, el protocolo de la policía catalana autoriza el disparo del 'foam' en “zonas acotadas o puntos calientes” de manifestaciones donde se estén produciendo disturbios.
“La disposición del uso del 'foam' para la dispersión de un espacio confinado o la dispersión general puede interpretarse como opuesta a las normas internacionales de derechos humanos por cuanto la dispersión, por definición, afecta a grupos de personas y no solo a individuos que participan en conductas violentas”, argumenta el dictamen.
Por otro lado, el informe también reprocha que cuando los Mossos autorizan a disparar el 'foam' hacia las extremidades superiores, aunque sea en casos excepcionales, no tienen en cuenta que se aumenta el riesgo de provocar lesiones graves y que este tipo de proyectiles son “imprecisos”. Recuerdan además los peritos que la guía de las Naciones Unidas sobre este tipo de proyectiles recoge que se deben disparar “hacia la parte inferior del abdomen o las piernas”.
El documento aportado al juez también resalta que el protocolo de la policía catalana autoriza el uso de este tipo de munición a una distancia de entre 20 y 50 metros, pese a que su fabricante recomienda no dispararlo nunca a menos de 30 metros ya que por debajo de esta distancia aumenta de forma exponencial el riesgo de lesión grave. Los criterios “confusos y contradictorios” sobre la distancia y las partes del cuerpo a las que disparar, abunda el dictamen, “pueden contribuir al uso innecesario y desproporcionado” de los proyectiles.
“Las orientaciones contradictorias del protocolo [de los Mossos] podrían dar lugar a un uso indebido de los proyectiles, lo que provocaría lesiones a personas no implicadas en actos de violencia”, concluye el informe de los peritos ingleses. Esto es justamente lo que la defensa de la joven mutilada cree que pasó el 16 de febrero de 2021 en la Via Augusta de Barcelona.