Segunda acusación de la Fiscalía de Barcelona contra un tuitero por difundir 'fake news' para propagar el racismo y la xenofobia. El Ministerio Público solicita dos años de cárcel para un usuario que difundió a través de varias redes sociales imágenes y noticias falsas con el objetivo de generar “rechazo, fobia y hostilidad social” contra los migrantes y, en concreto, hacia los menores tutelados.
Se trata de un hombre que difundió once mensajes en forma de vídeos, fotografías, viñetas y que acompañaba con textos a través de la cuenta @CastigadorBruce. Destaca un vídeo en el que el usuario denunciaba una agresión de un menor extranjero tutelado en Canet de Mar (Barcelona), cuando en realidad se trataba de una grabación de China. El falso vídeo fue visualizado hasta 21.900 veces.
En su escrito, el fiscal delegado contra los delitos de odio de Barcelona, Miguel Ángel Aguilar, destaca que el usuario publicó varios mensajes en Twitter, Facebook e Instagram contra el colectivo inmigrante y, más concretamente, contra los menores. La Fiscalía considera que el usuario es el autor de un delito de lesión de la dignidad de las personas por motivos discriminatorios y le pide también una multa de 6.570 euros.
La Fiscalía adjunta en su escrito imágenes extraídas de las redes sociales del acusado, comparando la pensión de una persona viuda con la paga que reciben los inmigrantes, insultos hacia los menores, dibujos y mensajes hablando de “moros” en tono despectivo y en referencia al colectivo marroquí, e incluso una imagen de Hitler como “la solución” al “problema de los mena”, junto con otros mensajes de tipo xenófobo. Uno de ellos se ilustra con una cruz céltica, símbolo que habitualmente utilizan grupos y personas con ideas de ultraderecha, nacional socialista y supremacista.
Por todo ello, el fiscal pide una pena de dos años de prisión, con una inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena. Además, pide una inhabilitación especial para profesión u oficios educativos, en el ámbito docente, deportivo o de ocio durante cinco años una vez terminada la pena de prisión impuesta.