Cambio de criterio. La Fiscalía ha rectificado y ha apoyado ahora abrir una causa e investigar las torturas que sufrió el militante del PSUC Carles Vallejo a manos de policías franquistas en la comisaría de Via Laietana de Barcelona. Es la primera vez tras la aprobación de la nueva Ley de Memoria Democrática que, en una causa penal, el Ministerio Público apoya investigar los crímenes de la dictadura.
Para la nueva posición ha sido relevante la intervención de Dolores Delgado. La exfiscal general del Estado es la nueva fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, una figura que creó la norma aprobada la pasada legislatura.
En su primer informe, del pasado mes de junio, la fiscal de Barcelona pidió a la jueza rechazar la admisión a trámite con los argumentos con los que desde hace cuatro décadas venían topándose las víctimas de la dictadura en los juzgados. Estos son, que las torturas estaban prescritas y que no se podían investigar en virtud de la Ley de Amnistía de 1977.
El hecho de que la fiscal ni siquiera mencionara la nueva Ley de Memoria Democrática causó sorpresa e incredulidad en Vallejo y los colectivos de víctimas, así como en la Generalitat, que se personó como acusación en la causa.
Los denunciantes habían visto la nueva norma, aprobada en 2022, como una esperanza para lograr, al menos, investigar las torturas a las que le sometieron los uniformados franquistas por su lucha contra la dictadura.
“Hacía muchos años que las víctimas esperaban este paso de la Fiscalía”, ha valorado la codirectora del centro Iridia, Anaïs Franquesa, una de las entidades que apoya la querella de Vallejo.
La querella de Vallejo, interpuesta contra seis policías franquistas por torturas y crímenes contra la humanidad, es además muy simbólica, pues las torturas por su actividad política y sindical contra la dictadura se produjeron en la comisaría de Via Laietana, la conocida como 'casa de los horrores' por los colectivos antifranquistas. Entidades y partidos quieren que el espacio, que acoge a día de hoy la Jefatura de la Policía Nacional en Catalunya, se reconvierta en un memorial de la dictadura.
La trascendencia del nuevo escrito de la Fiscalía radica en que es el primer posicionamiento favorable a investigar los crímenes franquistas por parte del Ministerio Público desde la aprobación de la nueva norma, que las víctimas vieron como una brecha ante la tradicional negativa de los tribunales a esclarecer los crímenes de policías y funcionarios de la dictadura.
En Madrid, la jueza abrió la causa para investigar las torturas a un antifranquista sin dar trámite al Ministerio Público, por lo que la Fiscalía todavía no había expuesto por escrito su opinión. El pasado viernes, no obstante, dos fiscales, una de ellas de la nueva fiscalía especializada, sí acudieron a la declaración de las primeras víctimas en testificar ante un juez.
Según ha informado la Fiscalía de Barcelona, la nueva Ley de Memoria Democrática impone al Estado “el deber de investigar” las violaciones de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario ocurridas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.
En base a la nueva norma y al análisis de los tratados y convenios internacionales suscritos por España, la Fiscalía ha concluido que no se debe archivar de plano la causa, como el Ministerio Público había pedido en julio, sino que es necesario “llevar a cabo una investigación de los hechos y de su contexto antes de adoptar una decisión sobre la continuación del procedimiento”.
En su nuevo informe, la Fiscalía recuerda “la obligación de garantizar no solo el derecho a la justicia, sino también el derecho a la verdad y a la reparación de las víctimas”.
En declaraciones a la agencia EFE, la fiscal jefa de Barcelona, Neus Pujal, ha sostenido que con esta iniciativa el Ministerio Público está “abriendo camino” y que el objetivo es “dar reparación a las víctimas, ponerlas en el centro, porque necesitan reparación y tiene que ser a través de los tribunales”.
Pujal ha reconocido que se trata de una cuestión “polémica”, en la que “hay muchas interpretaciones y muchos dictámenes y mucha gente opina”, por lo que “no es fácil” investigar los crímenes del franquismo y la guerra civil que hasta ahora la Ley de Amnistía impedía perseguir.
La fiscal jefa ha remarcado que el objetivo de la Fiscalía es “llegar al final del procedimiento” y que los autores de los delitos comparezcan ante la justicia, si están identificados, como es el caso de la querella de Barcelona.