Doble buena noticia para la Generalitat. La Fiscalía de Barcelona ha archivado la investigación contra los miembros de la Junta de Gobierno del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) al no ver delito en los avales públicos a una treintena de altos cargos de la Generalitat encausados por el Tribunal de Cuentas por la promoción del procés en el extranjero. El carpetazo a la causa llega después de que el ente fiscalizador aceptara el lunes los avales del ICF, rechazados en primera instancia.
El Ministerio Público ha archivado a las pesquisas “por no quedar acreditada la existencia de delito” en el préstamo de 5,4 millones de euros que el ICF dejó a los 28 funcionarios y altos cargos, entre ellos los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas, para cubrir la fianza que les impuso el Tribunal de Cuentas en la causa sobre gastos exteriores del procés.
La investigación se abrió en julio del pasado año a raíz de una denuncia de Ciudadanos, que denunció por prevaricación y malversación de fondos públicos a los miembros de la Junta de Gobierno del ICF. En un procedimiento paralelo, la Fiscalía Superior de Catalunya ya se opuso en octubre pasado a que la Justicia investigara al president de la Generalitat, Pere Aragonès, y a los consellers Jaume Giró y Laura Vilagrà por estos avales, al entender que su finalidad resultaba “perfectamente lícita”.
Ciudadanos presentó su denuncia ante Fiscalía al entender que el Govern cometió una “operación fraudulenta” con la creación del Fondo Complementario de Riesgos para avalar a los ex altos cargos encausados a través del ICF, lo que provocó la dimisión de tres miembros independientes de la junta de gobierno de la entidad.
En el informe en que pedía que el TSJC no investigara a Aragonès, Giró y Vilagrà, a raíz de una querella de Vox, la Fiscalía Superior de Catalunya ya argumentó que la finalidad de los avales del ICF resultaba “perfectamente lícita” y advirtió de que la “mera articulación” de este mecanismo no implicaba un perjuicio al patrimonio público ni un delito de malversación, ya que la Generalitat conservaba el control de los fondos y los podía recuperar.
Coincidiendo con el posicionamiento de la Fiscalía, el TSJC decidió en noviembre pasado no investigar a Aragonès, Giró y Vilagrà, al concluir que “nada permite afirmar que el marco legal aprobado por el Govern de la Generalitat sea arbitrario por sí mismo y que posibilite sin más una administración desleal de fondos públicos”.
En opinión del ministerio público, solo podría haber delito en caso de una “aplicación inadecuada y displicente” de la norma, dirigida a “favorecer indebidamente” a personas que no reúnen los requisitos, o si se pretendiera “eludir o dilatar indefinidamente en el tiempo el obligado reingreso” de los fondos. No ocurre en el caso de los avales: en caso de sentencia firme, los dirigentes soberanistas deberán poner de su bolsillo el dinero prestado por el ICF para cubrir las fianzas.