Nuevo capítulo en el paso de Glovo por los tribunales. La Fiscalía de Barcelona ha activado por primera vez la vía penal contra la compañía y ha denunciado a su fundador y consejero delegado, Oscar Pierre, por un delito contra los derechos de los trabajadores por mantener su modelo laboral basado en falsos autónomos pese a su ilegalidad.
La denuncia es un salto cualitativo a las diversas sanciones que, por vía administrativa, Inspección de Trabajo ya ha interpuesto contra la compañía por desoír el fallo histórico del Supremo que declaró que los riders de la compañía eran falsos autónomos en 2020. Glovo ha seguido con el mismo modelo laboral declarado ilegal, mantiene la Fiscalía, lo que abre la puerta a acusar a Pierre de un delito contra los derechos de los trabajadores.
Los riders de Glovo, expone la fiscal en su denuncia, siguen “obligados” por parte de la empresa a darse de alta como autónomos y a abonar sus propias cotizaciones si quieren continuar prestando los servicios para la compañía.
La práctica de Glovo resulta, a juicio de la Fiscalía, contraria a la legislación labora “y menoscaba y suprime los derechos delos trabajadores por cuenta ajena”, por ejemplo en lo relativo a salario, jornada, descansos, permisos, vacaciones o protección de la Seguridad Social.
La denuncia, de seis páginas, es un compendio de diversas sentencias judiciales que declararon ilegal el modelo laboral de Glovo, basado en los falsos autónomos. El Tribunal Supremo avaló los fallos de distintos juzgados españoles que condenaron a la compañía a contratar como empleados a sus repartidores.
El problema (que ahora ya no dirimirán los juzgados a partir del Estatuto de los Trabajadores sino en base al Código Penal) estriba en que Glovo ha seguido bajo el mismo modelo laboral pese a los fallos judiciales que le obligaban a contratar a los falsos autónomos como empleados, denuncia la Fiscalía.
Destaca el Ministerio Público que mantener la relación de falsos autónomos con sus repartidores permite a Glovo “reducir sus costes empresariales” al no garantizar a los riders un salario profesional conforme a la jornada de trabajo realizada y dejar de ingresar a la Seguridad Social las cotizaciones laborales correspondientes.
El Gobierno aprobó la Ley Rider en 2021 con el objetivo de acabar con el abuso sistemático de la figura de los falsos autónomos entre las principales empresas de reparto a domicilio. Desde entonces, Glovo, radicada en Barcelona, desafió al ministerio de Trabajo con un modelo que llamaron “renovado” pero que seguía funcionando con repartidores autónomos.
En su afán de perseguir estas prácticas, el Gobierno ha modificado además el Codigo Penal para evitar el abuso de los falsos autónomos. El delito al que se enfrenta Pierre se castiga con penas de cárcel de seis meses a seis años y sanciona a los empresarios que restringen los derechos de sus trabajadores abusando de su situación, incluidos los que abusan de los falsos autónomos.