Ni la Generalitat ni la escuela Turó del Drac de Canet de Mar (Barcelona) discriminaron a la niña tras la orden judicial para que la menor recibiera un 25% de clases en castellano. Así lo ha concluido la Fiscalía Superior de Catalunya, que ha descartado que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, y el conseller de Educación, Josep González-Cambray, llamaran a menospreciar a la alumna y a desobedecer los fallos judiciales para aumentar la presencia del castellano en las aulas.
El decreto del fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, es un documento a recordar. No solo por su análisis de lo sucedido en el caso concreto de la familia de Canet, que llegó a formar parte del debate político nacional, sino también por sus implicaciones futuras para todos los directores de centros educativos catalanes, que serán los encargados de aplicar la sentencia que obliga a implantar el 25% de castellano en clase.
La Fiscalía marca así el terreno en el que se moverá durante los próximos meses la ejecución de la sentencia del 25% de castellano en todos los centros educativos en vísperas de que la Generalitat anuncie su plan para intentar sortearla. El Ministerio Público se pronuncia sobre las denuncias planteadas por entidades contrarias a la inmersión, la Asociación por la Escuela Bilingüe (AEB) y Hablamos Español, y del sindicato ultra Manos Limpias.
Respecto a la niña de Canet, el jefe de la Fiscalía en Catalunya concluye que “no consta” que esa alumna ni ningún otro de la comunidad que ha reclamado más castellano “hayan sido discriminados en la prestación del servicio público educativo” tanto por los directores de sus centros como por parte de los servicios centrales de la conselleria de Educación. Es más, el fiscal subraya que direcciones y conselleria “han dado puntual cumplimiento” a las órdenes judiciales que imponen el 25% de castellano en el aula tras las reclamaciones de una ochentena de familias.
Recuerda Bañeres que la Fiscalía de Barcelona ya mantiene una investigación abierta por los tuits amenazantes contra la familia de Canet que se produjeron tras la orden judicial. Estos “execrables actos de linchamiento moral y atentado contra la seguridad personal y familiar” de la menor, matiza el fiscal, no se pueden atribuir ni a la dirección ni el centro ni al president ni al conseller, pues ambos han cumplido a rajatabla con el 25% de castellano.
Las manifestaciones de Aragonès y González-Cambray contra los tribunales por imponer un 25% de clases en castellano, subraya el fiscal, se han producido “en ejercicio de su libertad de expresión” y “no quiebran ni colisionan con los derechos a la seguridad personal y familiar” de la niña de Canet de Mar.
La cuestión del castellano en la escuela afecta no solo al centro de Canet. La Generalitat debe comunicar al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) antes de este viernes cómo cumplirá con la sentencia que le obliga a implantar un 25% de castellano en todos los colegios de la comunidad, no solo en los que una familia lo reclama. A ello también se refiere Bañeres en su decreto.
En primer lugar, el fiscal descarta que el president y conseller hayan desobedecido por ahora la orden judicial con sus declaraciones y con la carta que envió González-Cambray a los directores el pasado mes de noviembre. La misiva del conseller a los directores tras la resolución del Supremo sobre el 25% “no puede entenderse como una orden o instrucción”, argumenta el fiscal, que tilda la carta de “absolutamente inane en el plano administrativo” al contener básicamente “proclamas de carácter político”.
“Más allá de declaraciones críticas con la resolución judicial, no consta que se haya realizado acción concreta con trascendencia y eficacia en el plano administrativo tendiente a la desatención” de la sentencia sobre el 25%, asevera el fiscal, que recuerda que no son los políticos sino los directores de los colegios los encargados de implantarla.
Los proyectos lingüísticos de los colegios son una competencia “clara e ineludible” de sus directores, recuerda el fiscal, y en consecuencia son los directores los encargados de aplicar el 25% si una familia lo pide, sin necesidad de acudir de nuevo al juzgado, como de hecho sucedió en el caso de Canet. En otras palabras: salvo que la Generalitat asuma las competencias sobre los proyectos lingüísticas, son los directores los que se exponen a consecuencias penales si no acatan el 25% de castellano en las aulas.