Laura Borràs se sigue enfrentando a seis años de cárcel y 21 de inhabilitación. La Fiscalía ha mantenido sus conclusiones provisionales contra la líder de Junts, pero ha rebajado la pena a los otros dos acusados, con los que ha pactado una condena menor a cambio de su incriminación contra Borràs por fraccionar contratos para beneficiar a su amigo Isaías H. El juicio ha quedado visto para sentencia.
Al inicio de la sesión, la fiscal anticorrupción Teresa Duerto ha concretado las rebajas de pena: para Isaías H. la pena solicitada pasa de seis años de cárcel a dos, mientras que para Andreu P. la condena reclamada baja de tres años de cárcel a un año y dos meses. Ambos logran penas mínimas que les salvan de entrar en prisión a cambio de confesar.
“La señora Borràs, en conjura con Isaías H., menospreció la confianza de los ciudadanos, actuó al margen de la normativa, tenía pleno conocimiento de que se fraccionaban contratos y de que se falseaban presupuestos. Ella era consciente de que lo que hacía era totalmente arbitrario y fue alertada de ello”, ha afirmado Duerto para cerrar un contundente informe final de dos horas.
En su turno de última palabra, Borràs se ha definido como víctima de “pena de telediario” y de un “dolor y sufrimiento irreparables” por culpa del proceso judicial, al tiempo que ha reivindicado sus ideales independentistas. “Se me ha linchado y ha habido interés en presentarme como corrupta pese a que cualquiera que haya trabajado conmigo sabe que soy íntegra”, ha dicho, además de afear el acuerdo con la Fiscalía de los otros acusados: “Hay quienes han pactado con la Fiscalía, pero yo he pactado con la verdad”.
Borràs ha llegado contra las cuerdas al final de un juicio por los 18 contratos a dedo, por valor de 335.700 euros, que adjudicó a Isaías H. en su etapa (2013-2018) como directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). La líder de Junts ha sufrido daños en su línea de defensa después de que los otros dos acusados la incriminaran y, en especial, por el testimonio de la antigua administradora de la ILC, Assumpta P., quien la señaló por permitir las irregularidades y no hacer nada para atajarlas.
La defensa de Borràs, que ejerce el abogado Gonzalo Boye, ha centrado su informe final en denunciar hasta cinco vulneraciones de derechos fundamentales —“Hemos pasado del 'a por ellos' al 'a por ella'”— y en intentar restar credibilidad a los funcionarios que han declarado contra la líder de Junts. “Desde Nüremberg no se veía a tanta gente diciendo que solo cumplía órdenes”, ha dicho Boye en una referencia al alegato de los jerarcas nazis en su juicio por el Holocausto.
Será labor del tribunal decidir si los hechos juzgados superan la línea roja del Código Penal o son una infracción administrativa. Lo que sí ha logrado la Fiscalía son testimonios contundentes que han minado la línea de defensa de Borràs, quien ha negado haber cometido delito alguno y se ha definido como una víctima de “persecución política”.
Los correos, clave
La fiscal Duerto ha empezado su informe negando la mayor al alegato de Borràs. “La defensa [de Borràs] ha argumentado que se ha hecho una utilización ilegal de las instancias judiciales para provocar el repudio popular. Pues bien, nada más lejos de la realidad”, ha aseverado.
A renglón seguido, Duerto ha sacado la principal munición de la Fiscalía contra Borràs: los correos electrónicos que se cruzaron la entonces directora de la ILC y Herrero en 2013 y 2014. A juicio de la fiscal Duerto, el conjunto de mensajes muestran que Borràs ya “tenía decidido” antes de adjudicar los contratos que los trabajos informáticos para relanzar el portal web de la ILC serían para Isaías.
“El presupuesto tiene que quedar como si fuéseis profesionales independientes por los totales, que no pueden superar, como ya sabes, los 18.000+IVA. Si ven que lo que se ha hecho es fraccionar un encargo completo en distintos paquetes es cuando entonces piensan que hay una infracción. La cuestión es fraccionar, pues, cada uno de los conceptos para que quede claro que son como partes que hay que ir ensamblando conjuntamente”, escribió la presidenta de Junts a Isaías H, mensaje leído en su totalidad este miércoles por parte de la fiscal.
En los correos, ha abundado la fiscal, Borràs y su amigo “hablan sobre cómo fraccionar el trabajo para que se adjudique con contratación menor en vez de mediante un concurso público”. Duerto también ha defendido que se respetó en todo momento la cadena de custodia de los correos, al contrario de lo que dice la defensa de Borràs, que pretende anularlos. “La señora Borràs nunca ha dicho que los correos no fueran ciertos”, ha abundado Duerto.
Por contra, Boye ha insistido en la ilegalidad de los correos porque los Mossos d'Esquadra accedieron “masivamente” a los mensajes sin garantías legales ni un permiso judicial explícito. “Hemos pasado de la patada en la puerta a la patada al servidor”, ha afeado el letrado.
“La señora Borràs les dio largas”
Duerto ha replicado uno a uno los argumentos de defensa de Borràs. Si la líder de Junts atacó a la funcionaria Assumpta P. y enmarcó su comprometedora declaración con un eventual miedo a verse imputada en la causa, la fiscal ha recordado que la administradora de la ILC no ha estado investigada en ningún momento y en toda el caso ha declarado como testigo, con obligación de decir verdad, con lo que su testimonio es plenamente creíble. En cualquier caso, ha agregado Duerto, Assumpta P. solo tramitaba los contratos que decidía Borràs, quien por estatutos de la ILC era el órgano de contratación.
La fiscal ha incidido en que los avisos a Borràs de que no podía fraccionar tantos contratos no vinieron solo de Assumpta P., sino también de otro funcionario de la ILC, que llegó a preparar las bases de un concurso, así como de la Intervención de la Generalitat. “Le dijeron que tenía que hacer un procedimiento negociado [un concurso] y la señora Borràs les dio largas”, ha zanjado Duerto.
En su turno de réplica, Boye ha intentado minar la credibilidad de la testigo recordando que Assumpta P. “se fotografió en redes sociales” con Borràs y fue quien insistió a Isaías H. para que aportara tres presupuestos para cada uno de los 18 expedientes. Ha afeado además la defensa a la funcionaria haber incumplido su “deber de denuncia” en el momento de los hechos.
Borràs está acusada de un delito de prevaricación por firmar las adjudicaciones a dedo a Isaías H. y otro delito de falsedad documental por configurar junto al informático ofertas falsas para enmascarar que los contratos ya estaban decididos de antemano. La líder de Junts negó ese preacuerdo y que ayudara a su amigo a falsificar ofertas, pero la fiscal ha replicado con correos que indican, a su juicio, lo contrario.
En este sentido, la fiscal ha leído correos en los que Borràs indicó a su amigo que “si conviene” ya le haría ella un guión del presupuesto y le recordó que cada factura debía incluir tres presupuestos. “Por cada presupuesto tuyo tengo que hacer tres más con tipografías distintas”, apostilló Borràs, en una prueba, según la fiscal, de que la líder de Junts participó en la confección de los presupuestos falsos para beneficiar a su amigo.
Borràs denuncia vulneraciones de derechos
La defensa de Borràs ha negado que la líder de Junts cometiera delito alguno, y además ha denunciado hasta cinco vulneraciones de derechos fundamentales. A juicio de Boye, se ha vulnerado el derecho de defensa de Borràs por el pacto de los otros dos acusados con la Fiscalía tras años de defensa conjunta; el derecho a la presunción de inocencia por las noticias del caso en los medios; el derecho a un tribunal imparcial por el comportamiento en la visa del presidente del TSJC, Jesús María Barrientos; así como al derecho a un proceso con garantías e igualdad de armas con la Fiscalía y el secreto de comunicaciones.
A nivel político, no ha habido ninguna concentración de apoyo a Borràs a la salida del TSJC, como Junts sí hizo al inicio de la vista oral (con las ausencias de Xavier Trias y de otros representantes moderados del partido, muestra de la división que genera la figura de Borràs en las filas posconvergentes). Sí han asistido a la vista incondicionales de Borràs como el expresident Quim Torra o el diputado Francesc de Dalmases, así como cargos el secretario general de Junts, Jordi Turull.