Nueve años de cárcel. Es la petición de la Fiscalía Anticorrupción contra el expresident de la Generalitat Jordi Pujol, por crear una “red de clientelismo” desde el poder autonómico y acumular y ocultar en Andorra una “ingente cantidad de dinero” derivada de la corrupción. El Ministerio Público acusa al expresident de solo dos delitos, asociación ilícita y blanqueo de capitales, y no de fraude fiscal al haber prescrito. La petición de pena más alta corresponde al primogénito del expresident, Jordi Pujol Ferrusola, a quien la Fiscalía solicita hasta 29 años de prisión al sumarle hasta cinco delitos contra la Hacienda Pública.
En un comunicado, la Fiscalía explica que, al menos desde el año 1991, los miembros de la familia “ocultaron una ingente cantidad de dinero en Andorra” –que no se llega a cifrar– producto de la corrupción de la Generalitat pujolista. Pujol, remarca la Fiscalía, “aprovechó su posición política” como president para “tejer una red de clientelismo” desde la Generalitat que benefició a empresarios afines a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), con quienes “se repartían los cuantiosos beneficios procedentes de concursos públicos” de las administraciones controladas por el partido. Las ganancias luego se ocultaban en Andorra. La tesis de la defensa sobre que la fortuna tiene origen en el legado del abuelo Florenci no tiene credibilidad, a criterio de los fiscales.
El patrimonio que obtuvo la familia fruto de la corrupción, continúa Anticorrupción, fue ocultado a Hacienda “y aflorado después” a través de operaciones de blanqueo de capitales en las que intervinieron los hijos del expresident “de manera coordinada”. Los papeles estaban repartidos, según la Fiscalía: Pujol y Ferrusola –que ha quedado fuera del juicio por el alzheimer que padece– “dirigieron las operaciones de ocultación y afloramiento; sus hijos Josep y Jordi y su entonces mujer, Mercè Gironès, ”gestionaron los beneficios“; y el resto ”se beneficiaron directa y conscientemente“ de las ganancias ilícitas. Entre las acciones para blanquear, repartir y disponer de fondos que terminaban en sus cuentas en Andorra, la Fiscalía detalla la creación de ”numerosas“ sociedades domiciliadas en paraísos fiscales, la apertura de cuentas a nombre de terceras personas y ”múltiples transferencias e ingresos en efectivo“.
Según Anticorrupción, Jordi Pujol acordó con Marta Ferrusola que los fondos procedentes de la corrupción y los contratos a empresarios afines “se distribuyesen” en cuentas abiertas a nombre de ésta y de sus hijos en la Banca Reig de Andorra, que luego se fusionaría con Banc Agrícola dando lugar al Andbank. El matrimonio también dispuso que fuera su hijo Jordi “quien gestionara los fondos y se ocupara de distribuirlos entre el resto de miembros de la familia”, agrega la Fiscalía.
En conjunto, la Fiscalía acusa a Pujol y a sus nueve hijos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsedad en documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública y frustración de la ejecución. Para Oriol, Oleguer, Marta, Mireia y Pere Pujol Ferrusola la petición fiscal es de ocho años de cárcel por blanqueo y asociación ilícita, que asciende a 14 años de prisión en el caso de Josep Pujol Ferrusola al sumarle los delitos de fraude fiscal y falsedad documental y a 17 a Mercè Gironès, a quien también se acusa de intentar ocultar su patrimonio durante la investigación. A los empresarios implicados en la trama delictiva se les acusa de cooperación necesaria en el blanqueo de capitales mediante la comisión de falsedades en documentos mercantil y se les reclama cinco años de cárcel, además de multas millonarias.
Respecto a la multas solicitadas a los miembros de la familia, la Fiscalía reclama 144.000 euros a Pujol y a su primogénito y 72.000 al resto de hijos por el delito de asociación ilícita; 60.000 euros a Jordi Pujol padre e hijo por el delito de falsedad en documento mercantil; y que paguen los 38,7 millones de euros, 8,1 millones de dólares, 2,7 millones de marcos alemanes y 95.344 libras que presuntamente blanquearon. Por sus cinco delitos fiscales, Anticorrupción reclama una multa de 800.000 euros a Josep Pujol Ferrusola, 6,5 millones de euros a Jordi Pujol Ferrusola, y 410.000 euros a Mercè Gironès, además de 54.000 euros a éstos dos últimos por ocultar su patrimonio durante la investigación.