La Fiscalía Superior de Catalunya ha seguido la orden que marcó el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que aplique la amnistía al parlamentario de ERC y antigua mano derecha de Oriol Junqueras, Josep Maria Jové, y al presidente del Puerto de Barcelona, Lluís Salvadó, ambos acusados de malversación y prevaricación en los preparativos del referéndum del 1-O.
Así lo expone el teniente fiscal de la Fiscalía Superior catalana, Pedro Ariche –que pedía siete años de cárcel para Jové– en un escrito dirigido al TSJC en el que se constata que la solicitud para amnistiar a Jové, Salvadó y la consellera de Cultura en funciones, Natàlia Garriga –acusada tan solo de desobediencia– responde a la orden fijada por el fiscal general.
El teniente fiscal expone que solicita la amnistía para Jové y Salvadó “en estricta aplicación de los principios instrumentales de unidad de actuación y de dependencia jerárquica” con los que opera la Fiscalía y “en el bien entendido” que ambos principios “se encuentran subordinados a los valores superiores de respeto a la legalidad e imparcialidad, que constituyen el núcleo esencial de la función constitucional de este Ministerio y que rigen su actuación ante los tribunales”.
Por los preparativos del 1-O desde la conselleria de Economía que entonces dirigía Oriol Junqueras-, la Fiscalía pedía 7 años de cárcel para Jové, actual presidente del grupo de ERC en el Parlament y uno de los negociadores con el psoe; 6 años y tres meses de prisión para Salvadó y un año de inhabilitación para Garriga, en su caso porque le atribuía únicamente un delito de desobediencia.
Aunque deja entrever que no está de acuerdo con la amnistía, el teniente fiscal procede a pedirla sin plantear un conflicto como el que lanzaron los cuatro fiscales del procés contra el fiscal general y que se saldó con una victoria de García Ortiz en favor de aplicar la ley de olvido penal del procés a todos los casos. Tampoco ha incluido Ariche en su escrito comentarios políticos, como hicieron los cuatro fiscales del Supremo.
Explica el teniente fiscal catalán que no puede abordar la petición de amnistía “desde una perspectiva meramente individualista”, sino que su posicionamiento debe estar “sujeto” al de la causa del procés en el Tribunal Supremo ya que las conductas y gastos que se iban a juzgar en Barcelona son muy parecidas a las del juicio del procés. Y si la Fiscalía pide amnistiar la primera, también debe hacerlo con la segunda.
El fiscal aboga por una “respuesta integral” del Ministerio Público a todas las causas que investigan los preparativos de la votación de 2017 y “salvaguardar el principio instrumental de unidad de actuación, garantía a su vez del de seguridad jurídica”. De esta forma, los fiscales también reclamarán amnistiar a la treintena de investigados que no son aforados y que esperan que la Audiencia de Barcelona decida sobre su amnistía por los mismos hechos.
García Ortiz, que como fiscal general fija la posición del resto de integrantes del Ministerio Público, ordenó que se reclamara declarar amnistiadas “la totalidad” de las conductas que prepararon el referéndum del 1-O, incluidas las que podrían suponer un delito de malversación.
El fiscal general desplegó una batería de argumentos jurídicos para rebatir las posiciones de los cuatro fiscales del procés, que reclamaron excluir de la norma el delito de malversación al considerar que los gastos para financiar la consulta habían supuesto un “enriquecimiento” de los procesados.