La Fiscalía de Barcelona ha pedido al juez investigar el hackeo de teléfono móvil que sufrieron en 2019 el presidente del Parlament, Roger Torrent, y el diputado de ERC Ernest Maragall, pero ha rechazado solicitar por el momento la imputación del entonces director del CNI Félix Sanz Roldán, en contra de lo reclamado por los políticos republicanos.
Según explican fuentes fiscales a elDiario.es, el Ministerio Público ha informdo al titular del juzgado de instrucción 32 de Barcelona a favor de admitir la querella presentada por Torrent y Maragall al apreciar “indicios delictivos” en el hackeo de sus teléfonos, si bien no ve suficientes motivos como para imputar al exdirector del CNI.
Los dos políticos se querellaron el pasado mes de julio contra Sanz Roldán y el conglomerado empresarial israelí NSO Group por “espionaje político” vinculado al hackeo de sus teléfonos móviles mediante el programa espía Pegasus. Además de su querella a título individual, el Parlament denunció como institución el “espionaje premeditado” de los móviles de Torrent y Maragall al declararse “directamente violentado como institución” por el hackeo de los terminales.
El juez, antes de decidir si admitía o no la querella, pidió la opinión del servicio de delitos informáticos de la Fiscalía de Barcelona. Una vez recabado el informe del fiscal, el magistrado ha acordado abrir una causa. No obstante, el juez todavía está pendiente de decidir cuántas diligencias solicitadas por las acusaciones ordena.
Torrent y Maragall sostienen en su querella que existen suficientes indicios para considerar el hackeo de sus móviles se produjo por un “móvil de espionaje político” del CNI. A su juicio, el pirateo de sus teléfonos podría ser constitutivo de los delitos de intrusión no autorizada en equipos informáticos, interceptación ilegal de comunicaciones, espionaje informático y “otros delitos contra los derechos fundamentales”.
Los dirigentes de ERC apuntan a Sanz Roldán porque era el director del CNI en el momento del ataque y porque NSO Group solo vende el programa Pegasus a organismos de inteligencia gubernamentales. Por su lado, la Fiscalía, en su primera valoración sobre el espionaje al presidente del Parlament, comparte con Torrent el hecho de que debe investigarse el hackeo, y por ello ha solicitado al juez varias diligencias, pero no ve que a día de hoy haya motivos para proceder contra el exjefe de los servicios de inteligencia.
Las pesquisas solicitadas por Torrent y Maragall buscan hallar tanto el origen como los autores del espionaje y, de acordarse por el juez, darían una dimensión judicial internacional a la investigación al requerir de comisiones rogatorias con Israel: los políticos quieren que el juez reclame a NSO Group si vendió el programa Pegasus al Gobierno, con qué organismos del Ejecutivo y los responsables de los mismos que participaron en el encargo, contratación y solicitudes de apoyo técnico.
Asimismo, Torrent y Maragall plantean al magistrado requerir a la empresa que comercializa Pegasus que entregue los datos o registros informáticos que pueda conservar relativos al eventual contrato para obtener el programa espía por parte del Gobierno. También reclaman los detalles de todos los equipos informáticos sobre los que se dirigió el hackeo.
Después de que El País y The Guardian desvelaran el hackeo del teléfono de Torrent en abril de 2019, el Ministerio de Defensa negó que el CNI estuviera detrás del ataque. Los políticos de ERC quieren corroborar esta versión y por ello han pedido al juez que solicite la desclasificación de material reservado y que la comisión delegada de asuntos de inteligencia del Gobierno certifique si el CNI “o cualquier otro organismo gubernamental” adquirió o utilizó el programa Pegasus y si lo contrató a NSO Group “o a cualquier otra empresa”.
Para terminar de atar cabos, los políticos de ERC solicitaron al magistrado requerir al Ministerio de Defensa de Israel para que certifique si de acuerdo con su legislación sobre exportaciones en asuntos de Defensa NSO Group ha registrado la exportación a España de Pegasus y cualquier tipo de software, así como las personas físicas y jurídicas a los que se lo vendió “desde 2015 hasta la actualidad”. Por último, también quieren averiguar si las operadoras de telefonía y Whatsapp conservan datos del momento del hackeo.
Al margen de la investigación judicial, Torrent también ha llevó el caso de espionaje de su teléfono móvil ante Naciones Unidas, el Consejo de Europa y Amnistía Internacional después de que WhatsApp confirmara que su teléfono móvil fue uno de los objetivos del ataque del 2019 aprovechando un error de vulnerabilidad.