El frente judicial de Ada Colau, que parecía casi cerrado el pasado verano, ha crecido y permanece en ampliación a 40 días de las elecciones municipales del 28 de mayo. A diferencia de anteriores denuncias, interpuestas por rivales políticos o grandes empresas, esta última ofensiva está centrada en dos de los asuntos más sensibles para el gobierno municipal: la vivienda y el urbanismo.
Tal y como desveló elDiario.es, la última en sumarse al reguero de querellas contra la alcaldesa ha sido la inmobiliaria Juninmo, considerada un gran propietario de viviendas. Pese a no identificar en su querella ninguna actuación delictiva concreta –se la incluye únicamente como alcaldesa–, la empresa acusa a Colau de hasta cuatro delitos. La jueza no ha decidido todavía imputar formalmente a Colau.
La querella de Juninmo sigue el mismo patrón (y está firmada por la misma abogada) que la interpuesta por el fondo buitre Vauras hace unos meses. La inmobiliaria entiende como una coacción recogida en el Código Penal las gestiones de mediación y la apertura de un expediente en 2021 tras su negativa a ofrecer vivienda social a un hombre vulnerable que quería desahuciar –tal y como en aquel momento obligaba la ley catalana de vivienda, a día de hoy anulada–.
Tanto la querella de Vauras como la de Juninmo introducen una novedad relevante. Hasta ahora las denuncias de empresas o rivales políticos de los comuns iban dirigidas a cargos electos. Pero ahora ambas empresas han decidido también querellarse contra funcionarios del área de Vivienda, lo que en círculos municipales se interpreta como un intento de coaccionar la labor de los servidores públicos.
Se da la circunstancia además que las dos querellantes apuntan hacia técnicas del área de Vivienda y del Servicio de Intervención en situaciones de Pérdida de la Vivienda y Ocupación (SIPHO), que interviene en el 90% de los casos de desahucios en la ciudad. Son dos servicios reconocidos tanto a nivel judicial por la labor de intermediación que realizan como internacionalmente: el SIPHO recibió a principios de año el premio mundial del hábitat de la ONU.
Algo similar ocurre con otra causa judicial contra Colau abierta en las últimas semanas. Mientras concejales de las principales ciudades de Europa viajaban a Barcelona para apoyar el proyecto de peatonalizaciones de Colau, una jueza admitía la querella contra la alcaldesa por los 'Ejes Verdes' interpuesta por el exarquitecto jefe de Joan Clos, Josep Antoni de Acebillo. El exarquitecto ha reproducido en vía judicial la denuncia archivada en la Fiscalía.
La querella de Juninmo y la de Acebillo se encuentran en un estado muy inicial. Las respectivas magistradas que las instruyen se han limitado a pedir documentación al juzgado y al Ayuntamiento sobre el desahucio del inquilino vulnerable y el proyecto de 'Ejes Verdes'.
Por su lado, la causa Vauras se encuentra más avanzada. Pese a que en un primer momento se archivó, la Audiencia de Barcelona obligó a que la alcaldesa declarara como investigada. La jueza sigue practicando las últimas diligencias de instrucción antes de decidir si vuelve a archivar el caso.
Más querellas y recursos que nunca
La actuación judicial de los colectivos y empresas afectadas por las decisiones del gobierno de los comuns ha sido intensa. Pese a aumentar el doble los recursos contenciosos en comparación con la etapa de Xavier Trias –se han registrado unos 1.800 afectando a temas cruciales como el veto a coches contaminantes o el plan de hoteles–, se trata de la vía ordinaria para dirimir discrepancias con la Administración.
Lo que no es habitual es que las empresas o rivales políticos lleven sus diferencias a la vía penal, exponiendo a los querellados a un proceso judicial con penas de cárcel de por medio. En el mandato anterior de Convergència, las investigaciones penales sobre el consistorio versaron sobre la presunta implicación municipal en la financiación ilegal del partido y un caso de corrupción municipal ya condenado en firme.
En cambio, en las dos legislaturas de Colau las querellas se han interpuesto, entre otros asuntos, por la negativa municipal a dejar construir un hotel; el intento de municipalizar el agua; la denuncia por parte de una concejala de especulación inmobiliaria en el Raval; o el reglamento sobre las licencias vehículos VTC con los que prestaban servicios empresas como Uber o Cabify.
Al margen de estas querellas, cabe recordar que la única causa abierta a un concejal de Colau a raíz de una denuncia de la Fiscalía es la investigación sobre contaminación en la quema de residuos de la planta de Sant Adrià. El Ministerio Público acusa a Eloi Badia, como presidente de la empresa pública Rersa, de permitir que durante la quema de basura en la planta del Forum se expulsaran a la atmósfera más gases contaminantes de los permitidos por la normativa.
Del total de 13 querellas interpuestas por empresas, particulares o partidos políticos, todas se han archivado salvo cinco, pero ninguna de éstas ha llegado a juicio y siguen en instrucción. Se trata, además de las mencionadas de Vauras, Juninmo y Acebillo, las relativas a las subvenciones a entidades sociales y la querella que interpuso un fondo y los padres paúles por vetar un hotel de lujo en una finca modernista. Los jueces tienen que decidir próximamente si archivan estas dos causas.
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