Francesc Jufresa (Barcelona, 1953) es un curtido penalista que ha estado en los estrados de los grandes procesos judiciales de la democracia, como los GAL, Filesa, KIO o Gran Tibidabo. Sin ser independentista y ante los “déficits tremendos” de la sentencia del procés del Tribunal Supremo de la que este miércoles se cumplirá el primer aniversario, este letrado presentó la primera petición de indulto a los presos del procés que el Ministerio de Justicia ya ha empezado a tramitar.
¿Qué motivos le llevaron a realizar una petición de indulto a los presos del 1-O?
Decidí hacer la petición porque como penalista que ha vivido muchos procesos judiciales y legislativos seguí con mucha atención la causa del procés en el Tribunal Supremo y a medida que avanzaba el caso consideré que había cada vez más déficits de garantías y derechos de los acusados. Unos déficits tremendos, si se me permite. No entendí muchas cosas de la causa del procés.
¿Por ejemplo?
No entendí que se mantuviera a los investigados en prisión provisional hasta el juicio cuando fueron los únicos del procedimiento que sí habían comparecido todas y cada una de las veces que habían sido citados. No entendí que el juez Llarena rechazara la entrega del señor Puigdemont porque los jueces alemanes habían decidido que solo fuera por malversación.
No entendí que el presidente de la Sala II del Tribunal Supremo, el señor Marchena, de permanente actualidad, quisiera presidir el juicio y no se abstuviera pese a los mensajes del senador Cosidó. La propia doctrina del Tribunal Supremo defiende que un magistrado no solo tiene que ser honrado, que no dudo que el señor Marchena lo sea ni lo he puesto jamás en duda, sino parecerlo. Y lo que parece del episodio del mensaje de Cosidó sobre controlar la Sala II 'desde atrás' y la renuncia de Marchena como presidente del Poder Judicial lleva a que Marchena no pudiera presidir el juicio.
Si de la instrucción no entendió todo esto, imagino que la sentencia tampoco le gustó.
En la petición hago una argumentación crítica de la sentencia que me lleva a pedir el indulto por razones legales, constitucionales y de proporcionalidad de las penas que establece el Código Penal. Pero es que desde que el señor Llarena renunció a la entrega del señor Puigdemont la causa está viciada y en puridad del derecho penal e internacional nunca se hubiera podido seguir por otro delito que no fuera la malversación de fondos públicos. En el derecho comunitario que regula la entrega de una persona no está prevista la renuncia a una extradición como hizo el juez Llarena. Por contra, sí está previsto que cuando se entrega a una persona solo se la puede juzgar por el delito por el que se la entrega. Esto les afecta a todos, y es una de las principales fisuras del caso. Y además tampoco existe la sedición.
¿Se lo consultó a los presos o a su entorno?
No, porque sé que los presos no se sienten culpables de nada y que ellos no quieren pedir el indulto en su nombre. Pero yo me llamo Francesc Jufresa y tengo perfecto derecho a pedirlo y lo hice por razones de conciencia política y jurídica. Tenía que quedar clarísimo que el indulto lo pedía yo sin mandato de los presos, porque si no les estaba haciendo partícipes a ellos. Pensé que podía hacer algo útil para el país y los presos injustamente privados de libertad desde hace casi tres años.
Resultaría por lo menos curioso que los presos del procés recibieran un indulto solicitado por un letrado no independentista.
Yo no soy independentista pero soy muy catalanista, lo he sido toda mi vida y lo soy tanto como los presos. Creo que en general el juicio y en especial la situación de prisión de los dirigentes molesta mucho a todos los catalanes, no solo al sector de la población de Catalunya que es independentista. Y tengo experiencia y capacidad de análisis suficiente para ver que la causa judicial del procés se ha hecho muy mal y es injusta. El indulto es la manera más rápida y útil para solucionar lo más grave, que son los casi tres años que estos hombres y mujeres llevan privados de libertad. Tres años en la cárcel son muchos años, y se lo dice un penalista.
¿Cómo explica que el Supremo esté tardando tanto en decidir sobre el futuro penitenciario de los presos del procés cuando con las salidas laborales de Forcadell apenas tardó dos semanas en anularlas?
Porque yo creo que el Tribunal Supremo, con todos los respetos, está actuando de una forma muy difícilmente comprensible. Tampoco entiendo que el Supremo se pusiera a hacer advertencias sobre la posible comisión de hechos delictivos a la autoridad penitenciaria catalana durante el estado de alarma mientras actuaba dentro de sus competencias. Si a los magistrados no les gusta el estado autonómico pues lo siento mucho, porque está dentro de la Constitución, y el tema penitenciario en Catalunya es competencia exclusiva de la Generalitat.
Con solo anunciar la tramitación de los indultos, ya han llovido críticas al Gobierno por permitir una supuesta impunidad de los presos.
Quien dice esto dice una perfecta barbaridad. El indulto es una medida de gracia prevista en nuestro ordenamiento y que además está muy bien porque sirve como válvula de escape a un determinado mal funcionamiento de la administración de justicia. El indulto no es impunidad, es una forma de reparar una injusticia a través de un medio legal perfectamente establecido. Los presos del procés no solo no quedarán impunes de lo que hicieron o dejaron de hacer sino que ya llevan casi tres años de cárcel que, insisto, es mucho tiempo.
Podría llegar a darse una paradoja: los condenados por el Supremo en libertad con el indulto pero que sus subalternos, como los investigados por el 1-O del juzgado de instrucción 13 de Barcelona, tengan que entrar en prisión tras su juicio.
Pues esto es verdad. Si a estas personas las condenan, que ya veremos si es así, igual que ya veremos si condenarán al señor Trapero y a los otros tres acusados en la Audiencia Nacional, tendrían todos individualmente abierta la vía del indulto. Si el Gobierno es coherente también debería indultarles.
Desde el lado independentista, incluso algunos de los presos, se rechaza el indulto y se reclama la amnistía.
La amnistía es imposible y es una vía muerta. En la Constitución del 1978 se prohibió la amnistía al vetarse los indultos generales. Reclamar la amnistía es confirmar que quieres acabar con la Constitución y lo que la Constitución supone. Y esto, la verdad, es un mal asunto.
Los presos dicen confiar más en la Justicia europea. ¿Cree que ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) tendrán éxito?
Me temo que es un exceso de confianza por parte de los presos. La Justicia europea es un poco un Guadiana: a veces da la razón pero otras no. Las cosas políticas es mejor resolverlas políticamente. Por eso creo que en este tema horroroso de los presos catalanes el indulto es la vía más ágil para resolver este conflicto. Esperar a que Europa resuelva este problema es, como se dice popularmente, 'largo me lo fiáis'.
En paralelo al indulto se ha planteado la reforma del delito de sedición para que los presos del 1-O salgan de prisión.
La reforma de la sedición debe hacerse desde hace tiempo porque tanto la rebelión como la sedición tienen unos redactados decimonónicos que parten de una realidad social de la época de los pronunciamientos. Ambos delitos deben modernizarse para adaptarse a la realidad política y social actual. Lo que pasa es que reformar la sedición para rebajar la pena de manera que les vaya bien a los presos del procés es muy complicado, ya veremos cómo lo hacen. Tampoco se puede reformar el delito para que la sedición sea tan barata penalmente que se haga un efecto llamada.
Hay un debate doctrinal sobre reformar el delito de sedición o directamente derogarlo. ¿Usted qué opina?
Yo creo que sí tiene que existir el delito, a lo mejor incluso cambiándole el nombre de sedición, que suena a las épocas del general Espartero, pero sí debe haber diques de contención penal contra los ataques a la paz social o a la Constitución.
¿Dar un indulto no puede echar más leña al fuego en un contexto en el que las relaciones entre el poder Ejecutivo y el Judicial no pasan por su mejor momento?
Pues creo que no porque la vía del indulto ha existido siempre y se ha utilizado siempre sin que haya supuesto ningún desequilibrio en el juego de poderes constitucionales. Pueden ponerse 27.000 ejemplos. Además, aprovechando la pregunta me gustaría decir que la Sala II del Tribunal Supremo está siendo demasiado protagonista de la vida política en estos momentos. La Sala II tendría que ser el máximo órgano judicial de la justicia penal y punto. Lo que no puede ser es que en la Sala II del Tribunal Supremo hayan confluido el tema del rey emérito, el procés, y ahora el vicepresidente del Gobierno [Pablo Iglesias]. Que todos los temas políticos estén en la Sala II le da al señor Marchena un poder ilimitado. A lo mejor por esto el señor Marchena no tuvo inconveniente en renunciar a la presidencia del Poder Judicial y prefirió mantenerse en la Sala II. ¡Si a día de hoy manda más el señor Marchena que el señor Lesmes!
¿La Justicia vive su peor momento de credibilidad por la batalla abierta entre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que sigue haciendo nombramientos pese a tener el mandato caducado, y el Gobierno?
Es desolador que en una cuestión de Estado como es la Justicia tengamos este desaguisado, desde las oficinas judiciales hasta el Consejo. Se tendría que cambiar la regulación del Consejo para que no se pueda producir lo que pasa ahora. El Consejo está actuando como si tuviera plenas funciones cuando tendrían que ser limitadas porque hace dos años que tiene el mandato caducado.
Y luego tenemos en España pendiente desde hace años una reforma integral y profundísima de la Justicia. La Justicia no es que se haya quedado en el siglo XX, es que en muchos aspectos sigue en el XIX. La formación de los jueces no garantiza en absoluto un conocimiento crítico del derecho y la aptitud para juzgar a los demás, garantiza un 'memorión' y recitar muy bien los temas. Las oficinas judiciales no funcionan. Y tampoco puede ser esta inamovilidad de los jueces. Los jueces tienen que tener la garantía de que si lo hacen bien seguirán en la carrera hasta jubilarse, pero tienen que estar controlados y que todo el trabajo de un juzgado sea revisado periódicamente.