Gemma Ubasart (Castellar del Vallès, Barcelona, 1978) asumió el departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya hace poco más de un año tras la crisis de Govern que terminó con la salida de Junts. Exdirigente de Podem y con amplia trayectoria en la academia, Ubasart ha devuelto una orientación progresista a la política penitenciaria, una de las áreas del autogobierno más importantes pero que menos votos granjea. La consellera confía en que la nueva legislatura será la de la conversión definitiva de la comisaría de Via Laietana en un espacio de memoria y aboga por hacer pedagogía de la ley de amnistía entre los jueces, a los que el mero registro de la norma ha sentado muy mal.
Empecemos por la amnistía y las reacciones del mundo judicial. ¿Las manifestaciones de los jueces contra un acuerdo político, sobre todo de Junts y PSOE por incluir la palabra ‘lawfare,’ son desproporcionadas?
Tenemos que desdramatizar la amnistía. Es un instrumento presente en las constituciones de nuestro entorno y una herramienta que se usa no solo en momentos de cambio de régimen, sino sobre todo para la resolución de conflictos en los que hay una derivada punitiva importante o incluso para cuestiones más cotidianas: en Italia o Portugal se han utilizado amnistías para vaciar cárceles en momentos de sobrepoblación penitenciaria o para facilitar la reinserción. En Alemania, la amnistía no está en su Constitución, pero su Tribunal Constitucional la ha avalado y, además, se usa, no cotidianamente, pero sí de una manera normal.
La amnistía es una buena noticia para todos, también para jueces y magistrados, porque no se les adjudica una función que era una tarea pendiente de los políticos y, por tanto, retorna el trabajo político a los políticos. Devolver un conflicto político a la esfera política facilita su gestión.
Hay algunos juristas que dicen que la amnistía tiene el peligro de vulnerar la separación de poderes al adjudicar una función al Ejecutivo que es del Poder Judicial.
La amnistía es una decisión política. La aprobará el Legislativo y es fruto de un acuerdo de los grupos políticos. Esto es así en esta amnistía y en todas las amnistías de Europa. La resolución de un conflicto por vías políticas y dialogadas, lejos de poder verse como una debilidad, refuerza a una sociedad democrática porque busca vías de diálogo, políticas y negociadas al conflicto. Esto hace fuertes a las sociedades democráticas.
El concepto de ‘lawfare’, tan polémico, no aparece en la ley. ¿Lo habría incluido?
Es un concepto político y la ley de amnistía tiene un redactado con términos jurídicos. Está bien que haya quedado fuera.
Está bien que la 'lawfare' haya quedado fuera de la ley de amnistía
Las Salas de Gobierno del TSJ catalán o del Supremo emitieron comunicados bastante críticos con esa única palabra. ¿Los pronunciamientos respecto a un acuerdo de partidos políticos comprometen la imparcialidad y la neutralidad del Poder Judicial?
Soy la consellera de Justicia y no me toca comentar lo que han dicho o dejado de decir los jueces y magistrados. Mi papel es institucional y mi relación con el Poder Judicial es de trabajo para desarrollar una administración de justicia de calidad. No voy a entrar a valorar comunicados.
Se lo preguntaba porque el presidente del TSJ catalán, Jesús María Barrientos, como presidente de la Sala de Gobierno, sucribió esas críticas a un acuerdo político. ¿Está comprometida su imparcialidad en el juicio que presidirá contra dirigentes de ERC por el 1-O?
No valoraré la opinión que puedan tener los jueces.
Aunque no valore su opinión, ¿le preocupa que los jueves se manifiesten por una decisión política?
No voy a entrar a valorar opiniones que tienen los jueces.
¿Usted cree que ha habido ‘lawfare’ en el procés?
‘Lawfare’ es un concepto político, diría que no es ni académico. Se ha usado en algunos ensayos pero aún no goza de una definición académica y ni mucho menos de una definición técnica. Se me hace muy difícil valorar si ha habido ‘lawfare’ sin definir qué es ‘lawfare’.
Ha habido una judicialización de un conflicto político que ha llegado muy lejos, con responsables políticos en la cárcel y en el exilio. Esta judicialización debía tener su reverso y el proceso de desjudicialización ha sido largo. Primero llegaron los indultos, luego la reforma del Código Penal para suprimir el delito de sedición, como pedían organismos internacionales y asociaciones de derechos humanos. La última etapa tenía que ser la amnistía. No hubiéramos llegado hasta aquí sin recorrer este camino previo, que ha incluido hacer pedagogía y asegurar una correlación de fuerzas que finalmente ha posibilitado la amnistía.
El rechazo en la calle a los indultos fue menor que el que ahora tiene la amnistía. ¿Se acabará aceptando esta medida como pasó con los indultos?
Tiempo al tiempo. La amnistía se acabará viendo como una buena solución para desjudicializar un conflicto de naturaleza política. Hay un pico de conflicto en la calle y las protestas son ruidosas, pero con un número de participantes limitado. Cuando se empezó a hablar de la amnistía en 2019, parecía que era imposible para gran parte, no solo de la población, sino de la clase política. Cuatro años más tarde, la amnistía no solo no es imposible sino que es sentido común en Catalunya, y cada vez más en España.
¿Cómo se convence a aquellos ciudadanos, también votantes de izquierdas, que consideran que la amnistía rompe el principio de que todos somos iguales ante la ley?
A los votantes de izquierdas les diría que es bueno que las sociedades democráticas busquen vías, incluso imaginativas, para la resolución política de los conflictos políticos, porque si no, se enquistan. Seis años después de los hechos del 1 de octubre, la sociedad catalana y la española merecen poder mirar a este conflicto con herramientas políticas.
Es bueno que las sociedades democráticas busquen vías, incluso imaginativas, para la resolución política de los conflictos políticos, porque si no se enquistan.
El PP critica que su homólogo ahora en Justicia, el ministro Bolaños, coordine el Ejecutivo, las relaciones con el Legislativo y el trato con el Judicial. ¿ A usted también le parecen tareas incompatibles entre sí?
No, son responsabilidades del Ejecutivo y su ordenación es competencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El señor Bolaños será mi homólogo en Justicia pero la legislatura anterior ya lo fue en Memoria Democrática.
¿Será esta legislatura la que Via Laietana 43 deje de ser una comisaría y se convierta en un espacio de recuerdo de las torturas franquistas que allí se produjeron, tal y como reclaman las entidades de memoria?
Espero que sí. La resignificación va a llegar más pronto que tarde y va a llegar. El acuerdo entre ERC y el PSOE prevé una comisión mixta sobre inmuebles del Estado en Catalunya que se podrían poner al servicio de la Generalitat. Cada vez hay más consenso sobre que la comisaría de Via Laietana sea resignificada. Es importante a nivel simbólico y de reparación, tanto colectiva como a las víctimas concretas que fueron torturadas, porque Via Laietana fue un pozo de sufrimiento y tortura.
Una parte de la población penitenciaria, quizás, con mejores condiciones de vida no estaría en la cárcel
Hasta ahora la conversión en espacio de memoria de Via Laietana ha contado con la oposición del PSC, tal y como expresó Salvador Illa en una entrevista con este diario. ¿Tendría que ser una condición para los próximos presupuestos?
El primer secretario del PSC también decía que la amnistía era imposible. Las cosas cambian y maduran. Hay una parte importante del PSC y del PSOE que ven que la resignificación de Via Laietana es inevitable. Trabajaré para que la resignificación sea dentro de esta legislatura. Creo que lo vamos a ver y lo vamos a ver pronto.
Sus propias estadísticas muestran que pasar más tiempo en la cárcel no es garantía de que el preso no vuelva a delinquir a su salida de prisión. ¿Cómo quiere reducir la población penitenciaria?
La evidencia empírica y nuestros valores nos guían a que la cárcel tiene que ser el último instrumento. La reincidencia es la cara mala de los procesos de reinserción y un 20% de la población penitenciaria catalana reincide. Es una tasa que queremos bajar pero la media europea es del 40%. Y cuando el paso de la cárcel a la sociedad se hace desde el tercer grado o la libertad provisional se reduce en 12 puntos la reincidencia. Se puede trabajar mucho mejor la reinserción si el interno está en contacto con la sociedad, con el trabajo y con las relaciones con la familia.
Pero también hay internos que prefieren quedarse en segundo grado y no afrontar una semilibertad porque son de clase social desfavorecida y no disponen de un colchón económico o familiar fuera de la cárcel. ¿Cómo se puede ayudar a estos presos?
La ejecución penal no puede estar desvinculada del resto de políticas sociales. La mejor garantía de reinserción es tener casa y trabajo. Y para ello se deberán poner en marcha otras políticas, con distintos departamentos y administraciones, para generar las condiciones materiales de vida digna fuera de la cárcel. La mayor reincidencia está vinculada a delitos relacionados con la pobreza. Las personas que reinciden no son seres malignos, sino que no tienen condiciones materiales adecuadas. Hay una parte de la población penitenciaria que, quizás, con mejores condiciones de vida no estaría en la cárcel.
En una entrevista con elDiario.es, la magistrada Carme Guil lamentaba el retraso de la Generalitat en el avance de la Justicia restaurativa y de medidas penales alternativas al encarcelamiento. ¿Cómo lo corregirán?
Catalunya fue pionera en Justicia restaurativa y es el momento de dar un salto cualitativo y cuantitativo. Hay que potenciar tres piezas: el plan piloto para universalizar el servicio de Justicia restaurativa; el nuevo contrato para que los trabajadores de este servicio, que son de una entidad del tercer sector, tengan mejores salarios y condiciones; y una estrategia de Justicia restaurativa con vistas a 2030 pero que impulse ya cambios de protocolos y su fomento con los distintos operadores jurídicos. Además, tenemos un marco normativo correcto en menores pero que en adultos no incluye una habilitación legal expresa para la Justicia restaurativa, y es algo que queremos cambiar mediante una enmienda a la ley de eficiencia procesal que tendrá que aprobarse en el Congreso esta legislatura.
Hace unas semanas presentaron un plan de choque para la salud mental en las cárceles. ¿Ha empezado ya la formación de nuevos profesionales? ¿Conseguirán el objetivo de cero suicidios?
En marzo habrá 111 trabajadores en acción en las cárceles para trabajar contra los suicidios. Los datos han mejorado, pero un suicidio siempre es un drama y más cuando se da bajo custodia. Este año llevamos seis suicidios, pero son demasiados pese a ser menos que los 14 del año pasado. Hay más líneas de trabajo para la prevención de suicidios con Salud y hay un objetivo más amplio para generar bienestar emocional en los centros penitenciarios que pasa por recuperar toda la actividad de antes de la pandemia y tener cárceles vivas. También tenemos que trabajar para que el sistema penitenciario tienda a ser abierto, con más terceros grados.
¿Terminarán las contenciones mecánicas en las cárceles catalanas?
En 2022 hubo un aumento de contenciones importante que no nos gustó, y cuando llegamos a la conselleria nuestro objetivo fue contenciones cero. En 2023 frenamos el crecimiento de las contenciones y en 2024 nuestra previsión es empezar una tendencia descendiente con el objetivo de contenciones cero. Hay indicaciones claras a direcciones y equipos que la contención tiene que ser la última medida en la gestión de un conflicto y trabajamos en alternativas junto a Salud y a profesionales de Sant Joan de Déu, además de formar en prevención y gestión de conflictos para su desescalada y mejorar el bienestar en los centros.