Los catalanes pagan más de 20.000 millones de euros en impuestos que el Estado invierte en partidas que no se ejecutan en Catalunya. Este el resumen de la balanza fiscal calculada por la Generalitat, que ha hecho públicas este lunes las estimaciones correspondientes para los años 2020 y 2021, en los que la cifra ha crecido hasta alcanzar en el último ejercicio los 21.982 millones. La cifra cobra una especial relevancia estos días, en plena negociación para la posible investidura de Pedro Sánchez entre el PSOE y los partidos independentistas, y cuando ERC ha situado la cuestión fiscal como una de sus principales reclamaciones.
La cifra de 21.982 millones de euros es el resultado de calcular el total de los impuestos pagados por el conjunto de los catalanes en el año 2021, que fueron 75.436 millones en total, y restar el dinero que se ejecutó en la comunidad o volvió a sus ciudadanos, que el último ejercicio ascendió hasta los 53.454 millones. La Generalitat utiliza el método de “flujo monetario”, es decir, cuenta con que todo el gasto que no se desembolsa en Catalunya es imputable al déficit fiscal. Un ejemplo gráfico: la inversión del Estado en el Museo del Prado, emplazado en Madrid, solo sería imputable como beneficio para Comunidad de Madrid, y déficit, en cambio, para el resto de las 16 comunidades españolas.
El cálculo, con todo, supone un porcentaje que en 2021 escaló hasta el 9,6% del producto interior bruto catalán, un porcentaje que solo se había alcanzado en dos ejercicios anteriores (1993 y 2002) y que la Generalitat considera exagerado e inaceptable.
“El déficit fiscal que a veces podemos considerar un tecnicismo hay un ahogo financiero injusto, sostenido y deliberado que perjudica a todos los ciudadanos de Catalunya”, ha asegurado la consellera de Economia, Natàlia Mas, que ha indicado que la salida de casi uno de cada tres euros que se pagan en impuestos afecta al gasto que la Generalitat puede hacer en materia de sanidad, educación o servicios sociales.
Otro de los agravios económicos que señala el Govern es el hecho de que la mayor parte del déficit fiscal en Catalunya se genera debido al gasto discrecional de los ministerios y las empresas públicas. De esta forma, cuando el gasto se realiza de forma objetiva según el número de contribuyentes, como es el que hace la Seguridad Social, el porcentaje prácticamente llega al 16,7%, ajustado al peso demográfico catalán. En cambio, cuando el reparto económico se hace por criterios no objetivables, Catalunya representa el 9% del gasto total del Estado.
La consellera Mas ha considerado además que este porcentaje no puede explicarse por la solidaridad interregional porque, según ha indicado, los beneficios netos no siempre revierten en comunidades que están por debajo en PIB. “En el modelo de financiación, Catalunya cae 11 posiciones entre lo que aporta y lo que recibe, es la que más cae”, ha exclamado Mas, que ha exigido una reforma urgente del modelo. En la misma línea ha recorado que Catalunya se encuentra por encima de la media en presión fiscal.
El Govern además ha cargado con dureza contra la “falta de transparencia” del Estado que, según han relatado, les ha obligado a realizar estos cálculos recopilando información por sí misma, en vez de esperar a que se la envíe el Ministerio de Economía. “Este no ha sido un trabajo nada fácil por la política de opacidad sobre esta cuestión del Estado”, se ha quejado Mas, que ha asegurado que reclamó la información a la ministra Maria Jesús Montero en marzo pasado.
“La misma ministra ha reconocido que no quiere publicar estas balanzas para no generar conflictos entre territorios. Esta misma falta de transparencia ocurre con la inversión pública que ejecuta el Estado”, ha censurado la consellera.
La presentación este lunes de la cifra de déficit fiscal ha coincidido con un momento de la negociación entre ERC y el PSOE en el que los republicanos quieren poner bajo el foco la cuestión económica y de la financiación. Este domingo la formación de Oriol Junqueras propuso una ley de “financiación singular” para Catalunya, lo que supondría que la Generalitat recaudase todos los impuestos y fuera luego esta administración la que hiciera traspasos al resto, como el Ejecutivo central o las entidades municipales, de forma similar a como lo hacen las diputaciones forales vascas.