No ha gustado ni a taxistas ni a Uber y Cabify. El nuevo decreto de la Generalitat para regular la actividad de los vehículos con licencia VTC obligará a ambas plataformas a que sus clientes deban reservar los coches con 15 minutos de antelación –ahora era inmediato– y sin poderlos ubicar en el mapa de la ‘app’. Pero los taxistas, que pedían que la precontratación fuera de al menos seis horas, ya han anunciado que van a la huelga indefinida y han empezado a ocupar con sus vehículos la Gran Via.
Al conocer la noticia y ver que la Generalitat rebajaba a 15 minutos la precontratación que ellos exigían que fuera de al menos seis horas, las decenas de taxistas concentrados a las puertas del departamento de Territorio y Sostenibilidad, donde se celebraba el Consejo del Taxi, han decidido convocar una huelga indefinida. Se han dirigido en marcha lenta hacia la Terminal 2 del Aeropuerto de Barcelona para decidir en asamblea los detalles de las movilizaciones, y han acordado volver a paralizar la Gran Via, tal como hicieron el pasado verano. Decena de coches han empezado a ocuparla al mediodía.
La norma, que la Generalitat tiene previsto aprobar en las próximas semanas, tampoco ha satisfecho a la patronal de los vehículos con licencia VTC, Unauto, que ha anunciado que la recurrirá ante el Tribunal Constitucional en cuanto se apruebe. Su presidente, Eduardo Martín, considera que las limitaciones que prevé la Generalitat para que las VTC no presten el mismo servicio que un taxi supondrán el “fin” del sector en Catalunya, donde cuenta en la actualidad con 2.280 coches, muchos de ellos de Uber y Cabify.
Los 15 minutos
El conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, ha defendido la “robustez jurídica” de un decreto que considera una “oportunidad” para poner coto a Uber y Cabify y evitar que los cambios tecnológicos “pasen por encima” al sector del taxi. Los 15 minutos de antelación en la reserva, ha remarcado, es lo que sus servicios jurídicos han aconsejado para acabar con la contratación inmediata pero a la vez no cercenar la actividad económica de las VTC en sus prestaciones de transporte de alta gama, algo que de lo que les había advertido la Autoridad de la Competencia.
Aun así, Calvet ha pasado la pelota a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por si quiere ampliar este tiempo de reserva y satisfacer así las demandas de los taxistas. El nuevo decreto de la Generalitat habilita al Área Metropolitana de Barcelona (AMB), presidido por Colau, a desarrollar un reglamento que entre en más detalle sobre las VTC. “Si los entes locales fijan otro intervalo de tiempo, deberán justificarlo. La AMB podrá regular especificidades respecto a este mínimo”, ha declarado.
Sin embargo, la AMB ya ha respondido que no fijará ningún tiempo de reserva diferente al de la Generalitat, al entender que sería fácil que se lo impugnaran. En un comunicado, han instado a Territorio y Sostenibilidad a que sean ellos los que amplíen este margen de tiempo, que en 15 minutos ven “insuficiente”.
La Generalitat quiere evitar a toda costa que los tribunales tumben la nueva norma por inconsistencias jurídicas. Esto es precisamente lo que le puede ocurrir a la AMB con el reglamento que aprobó en julio, con el que se atribuía a la práctica la capacidad de conceder licencias adicionales a las existentes para las VTC en el área metropolitana. Está suspendido cautelarmente por parte del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).
Prohibir la geolocalización
El decreto no sólo ha sublevado a las empresas de VTC por la precontratación, sino sobre todo porque impide a sus clientes geolocalizar los coches, uno de los pilares de su modelo de negocio. Hasta ahora, los usuarios pueden escoger un Uber o un Cabify seleccionando el vehículo en la 'app' sobre un mapa de la ciudad. Con el nuevo decreto, la Generalitat prohibirá a las empresas esta geolocalización al entender que con ello “propician la captación de viajeros que no han contratado previamente el servicio”, algo que impide explícitamente la ley estatal.
Ni siquiera podrán estar geolocalizados los coches estando en su estacionamiento habitual, desde donde deberán salir y adónde deberán volver mientras no estén prestando un servicio, a no ser que les contrate otro cliente durante el trayecto. Para hacerlo efectivo, el Govern ha anunciado que reforzará las inspecciones y su colaboración con las Administraciones locales, aunque no ha dado más detalles. Lo que no podrá impedir el nuevo decreto, si se acaba aprobando tal como se ha presentado, es que Uber o Cabify manden a cada cliente su vehículo más cercano.
En su búsqueda del camino de en medio, Catalunya se convierte en la primera comunidad autónoma que plantea una nueva regulación de estas licencias, después de que el Ministerio de Fomento les cediera esta competencia en septiembre. Los gobiernos regionales están habilitados así para establecer condicionantes al servicio, pero no para retirar ni limitar licencias, sobre las que se aprobó una moratoria de cuatro años.