- En su declaración como imputado, Artur Mas se erigió como “máximo responsable de impulsar e idear el 9-N” pero descargó su ejecución en los voluntarios
La Generalitat ordenó a una empresa que siguiera con los preparativos del 9-N después de la suspensión de la consulta por parte del Tribunal Constitucional. Así se desprende de parte de la documentación entregada ante el juez del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que investiga si la Generalitat mantuvo los preparativos sobre la votación una vez que el Constitucional había suspendido la consulta, y si esto pudo constituir un delito de desobediencia.
La empresa T-Systems, a la que la Generalitat contrató la instalación de programas informáticos para la consulta, remitió una carta al director gerente del Centre de Telecomunicacions de la Generalitat (CTTI), Jordi Escalé, para saber si su encargo se había visto afectado por la suspensión del 9-N. Escalé respondió que “ninguna de las actividades” del encargo “resultan explícitamente afectadas” por la resolución del Constitucional.
La carta de T-Systems fue enviada el 4 de noviembre de 2014, el mismo día que el TC suspendió la consulta al admitir a trámite el recurso del Gobierno central. En la misiva, T-Systems necesitaba que la Generalitat verificara los tres puntos del encargo que creía que se podían ver afectados tras la suspensión: la web de registro, la presentación y publicación de resultados, el apoyo técnico durante la recogida de resultados y el apoyo de guardia sobre las infraestructuras del centro de procesamiento de datos ante posibles incidencias técnicas.
En caso de que estos trabajos quedaran afectados por la decisión del TC, el responsable de T-Systems solicitaba a la Generalitat instrucciones “detalladas” respecto a cómo debían proceder a partir de entonces. “Rogamos su rápida respuesta, ya que este es un asunto sensible para nuestra organización, comprometida con el cumplimiento estricto de la legalidad y al mismo tiempo con una excelente prestación de servicios”, remarcaba la carta.
El 7 de noviembre, tan sólo dos días antes de la consulta, el director gerente del CTTI respondió a T-Systems con una misiva de ocho líneas en las que afirmaba que el presidente del Centro de Telecomunicaciones había pedido la opinión de los servicios jurídicos de la Generalitat, que concluían que “ninguna de las actividades” del encargo “resultan explícitamente afectadas” por la resolución del Constitucional.
A raíz de esta documentación, la Fiscalía ha pedido al TSJC que ordene nuevas diligencias para esclarecer como el Centre de Telecomunicacions de la Generalitat (CTTI) proporcionó las plataformas informáticas para la votación del 9-N y si se usaron ficheros públicos con datos personales.
La consulta costó 1,9 millones
El 9-N costó 1,9 millones de euros. Así lo ha comunicado la conselleria de Economía de la Generalitat al juez que investiga la consulta soberanista. En un escrito remitido al magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), el conseller Andreu Mas-Colell detalla los gastos que conllevó la consulta.
En su escrito, fechado el pasado 3 de diciembre, Mas-Colell certifica que el llamado “proceso participativo” del 9-N significó un coste de 1.924.559 euros. La mayor partida, de 806.403 euros, fue para insertar la campaña institucional sobre el 9-N en los medios de comunicación, seguida de 698.685 euros por el Centre de Telecomunicaciones i Tecnologies de la Informació (CTTI) y 240.259 euros para el contrato con Unipost para el buzoneo de información institucional de la consulta.
El coste del 9-N es una de las informaciones sobre la consulta que la Generalidad ha remitido al juez que investiga la consulta, y por la que están imputados el propio Mas, el ex vicepresidenta Joana Ortega y la consejera de Enseñanza en funciones , Irene Rigau.