La Generalitat ha enviado a la Fiscalía de Delitos de Odio el caso del bus de Hazte Oír –grupo ultracatólico– que tenía previsto pasear a finales de esta semana por Barcelona, L'Hospitalet y Sant Cugat. El vehículo, que ya ha pasado por Madrid, lleva inscritos en su carrocería mensajes transfóbicos como “los niños tienen pene y las niñas tienen vulva, que no te engañen”. Por su parte, el Ayuntamiento de Barcelona ha destacado que impondrá sanciones en caso de que el autobús circule por la ciudad en base a la ley de Publicidad Dinámica y la Ordenanza del Civismo.
El autobús naranja con mensajes transfóbicos ha sido la nueva idea del grupo ultracatólico Hazte Oír para mostrar su rechazo hacia las leyes de lucha contra la LGTBIfobia vigentes en varias comunidades autónomas; el mismo grupo ya había organizado charlas que ponían en duda, por ejemplo, la homosexualidad.
Entidades como el Observatorio Contra la Homofobia (OCH) han denunciado la actividad de Hazte Oír y han pedido a la Generalitat su intervención y que el autobús sea declarado “non grato pase por donde pase”. Según ha informado a este medio la Dirección General de Igualdad, la Generalitat ha pedido a diferentes entidades LGTBI que denuncien la actividad del bus.
Además, el Síndic de Greuges de Catalunya ha abierto una actuación de oficio sobre la campaña, anunciando que “supervisará a las administraciones” de manera específica sobre este ámbito.
Frente común de los ayuntamientos catalanes
La Generalitat también ha explicado este mediodía a Catalunya Plural que estaba manteniendo contactos con el Ayuntamiento de Barcelona (el bus pasará por la capital catalana este viernes) para ver qué medidas podía adoptar el consistorio. De hecho, el Ayuntamiento no ha tardado en valorar la actividad del bus y ha anunciado nuevas medidas.
La concejala de Feminismos y Ciclos de Vida, Laura Pérez, ha considerado la campaña de Hazte Oír una “provocación” y ha subrayado que “no es casual que arranque ahora, cuando en Madrid comienza un debate sobre la ley LGTBI”. Pérez ha dicho que, a pesar de que la Generalitat “tiene las herramientas para impedir la entrada del bus”, el Ayuntamiento también pondría en funcionamiento varios mecanismos sobre los que el consistorio tiene competencias. “Este autobús no tiene permiso y habrá sanciones de acuerdo con la ley de Publicidad Dinámica [hasta 3.000 euros], con el agravante que afecta a los derechos de los niños. La Ordenanza del Civismo también podría sumar multas [hasta 600 euros] ”, ha destacado Laura Pérez.
La concejala ha hablado de “frente común” entre los diferentes ayuntamientos que recibirán el bus. Sant Cugat y L'Hospitalet ya se habían pronunciado en la misma línea que el Ayuntamiento de Barcelona. Sant Cugat ha utilizado las redes sociales esta mañana para informar que “no había dado ni daría permiso para circular en el autobús”. En la misma línea se ha expresado el Ayuntamiento de Hospitalet en un comunicado.