La conselleria de Interior de la Generalitat mantendrá en el cuerpo a los Mossos d'Esquadra condenados por la muerte de Juan Andrés Benítez. Los seis policías que reconocieron el homicidio para evitar la cárcel y los dos agentes condenados por obstruir la investigación judicial del caso se reincorporarán a la policía autonómica una vez finalicen sus respectivas penas. La gestión política de la sentencia del caso Benítez por parte de la conselleria de Interior se limitará a la ejecución de la misma, sin medidas de castigo adicionales para los policías condenados.
“Cuando se reincorporen, la prefectura de los Mossos d'Esquadra pondrá a los agentes en el lugar de trabajo que considere oportuno”, ha explicado en una entrevista en Catalunya Ràdio el director general de la policía catalana, Albert Batlle. De esta forma, Batlle cierra la puerta a una de las demandas de las acusaciones del caso Benítez. Pese a la tibieza de la sentencia, como los agentes han reconocido que su reducción mató a Benítez, las acusaciones confiaban en que la administración tomara medidas ejemplares contra los condenados.
No será así. El expediente que se había abierto a los Mossos acusados y que había quedado suspendido hasta el momento de la condena se cerrará con la mera aplicación del contenido de la sentencia pactada. “No habrá expediente disciplinario. Las responsabilidades ya se han depurado en la vía penal”, ha afirmado Batlle.
Una vez termine la pena complementaria de no volver a patrullar ni a acercarse al Raval de Barcelona, Batlle ha dicho que “podría ser perfectamente que los agentes trabajen en una dependencia policial de la ciudad de Barcelona”. No ha aclarado si, cuando se reincorporen al cuerpo, volverán a patrullar por la calle o se les relegará a trabajos de oficina de oficina.
Las palabras de Batlle contribuyen a agrandar la sensación de impunidad que ha quedado entre los amigos de Benítez y los vecinos del Raval tras el acuerdo de conformidad de este lunes. “Por un mismo hecho no puedes condenar dos veces”, ha sostenido Batlle, que ha recordado que la pena impuesta –dos años de prisión que los condenados no cumplirán al carecer de antecedentes– es equivalente a una sanción muy grave.
Rapados a un análisis capilar
Además del reconocimiento de la muerte, las acusaciones esperaban una actuación de Interior que fuera más allá de lo que estrictamente marca la condena debido al papel de los ahora condenados en fase de instrucción. Cuatro agentes ahora condenados eludieron el test de tóxicos encargado por la jueza instructora porque acudieron rapados al análisis capilar.
También acudieron a declarar en fase de instrucción de paisano y arropados por un grupo de otros 30 Mossos para evitar que la prensa pudiera adivinar el rostro de los imputados (como muestra la fotografía que acompaña a esta información). Las imágenes causaron gran impacto social y terminaron, paradójicamente, con la prohibición para la prensa de tomar imágenes de los pasillos de los juzgados.
Tras la condena de este lunes, los seis agentes culpables de homicidio y de un delito contra la integridad moral no podrán patrullar durante cinco años, se les suspende durante dos años de empleo y sueldo y se les obliga a hacer un curso sobre derechos humanos. Está por ver todavía cuando termina la pena, ya que las partes discrepan sobre si el tiempo en el que no podrán patrullar empezó cuando el departament les apartó cautelarmente de sus funciones en 2013, cuando el caso estaba en instrucción, o a partir de ahora, cuando ya hay sentencia.
En este sentido, cabe destacar que al no haberse dictado medidas penales provisiones durante la fase de instrucción, resulta difícil que el magistrado, que tiene todavía que concretar la ejecución de la sentencia, acceda a la petición de las defensas de los Mossos para reducir los meses en los que estarán sin patrullar por la calle. Otros dos agentes reconocieron un delito de obstrucción a la justicia (por limpiar la sangre de Benítez del suelo y han sido condenados a tres meses de prisión, que tampoco cumplirán. La aseguradora de la Generalitat, además, indemnizará de forma subsidiaria a la familia con 150.000 euros.