La Generalitat abre expedientes sancionadores a dos residencias por irregularidades en la atención a ancianos

El Departamento de Asuntos Sociales de la Generalitat ha abierto dos expedientes sancionadores a dos residencias de mayores tras detectar irregularidades en la atención a los ancianos, según ha podido saber eldiario.es. Se trata de los centros Mossèn Vidal i Aunós y Bertran i Oriola, en Barcelona, ambos de titularidad pública pero gestionados por una empresa del Grupo Eulen.

Si se confirma que la empresa incumplió en su deficiente atención a los ancianos la normativa reguladora de las entidades y servicios sociales, tal como intuyen desde Asuntos Sociales al iniciar este procedimiento, la empresa gestora tendría que hacer frente a sanciones que van desde una multa económica a la suspensión de la prestación del servicio.

Actualmente ambas se encuentran entre los 13 centros intervenidos por el Departamento de Salud durante la epidemia de coronavirus. En la Bertran i Oriola, se detectaron carencias en la atención a los usuarios tras dos inspecciones y se relevó directamente a la dirección. La gestión ahora corre a cargo de la entidad Germanes Hospitalàries-Psicoclínica de la Mercè. En la Mossèn Vidal i Aunós se dio la gestión temporalmente a la Fundació Vella Terra tras constatar también “falta de recursos” para el cuidado de los residentes.

Además de la empresa gestora, los expedientes y la intervención, a ambas residencias les une también el hecho de que están entre las 31 denunciadas por las familias de la Coordinadora 5+1 por omisión del deber de socorro y homicidio imprudente. Los parientes de los residentes relatan opacidad en la información sobre el estado de salud de sus familiares y desatención en los cuidados.

En el momento de su intervención por parte de Salud, en la Mossèn Vidal i Aunós se habían registrado 21 muertes por COVID-19 y en la Bertran i Oriola, 26. En este último caso se habían trasladado ya anteriormente a una veintena de residentes positivos a la macroresidencia Paral·lel, habilitada para este fin. Las familias de ambas residencias apoyaron la intervención y de hecho han pedido que no se devuelva a Eulen.

En el caso de Mossèn Vidal i Aunós, se le suma además que hay un procedimiento judicial abierto contra sus trabajadores por un delito de malos tratos a usuarios, con agresiones físicas y sexuales.