La Generalitat de Catalunya ha vuelto a clasificar a los presos del procés en tercer grado, equivalente a la semilibertad. La decisión de la secretaría de Medidas Penales y Reinserción de la conselleria de Justicia confirma la propuesta de clasificación que hace dos semanas hicieron las Juntas de Tratamiento de los tres centros penitenciarios catalanes donde cumplen condena por sedición los líderes soberanistas y se produce después de que el Tribunal Supremo revocara el primer tercer grado en diciembre entre duras críticas a los profesionales de las cárceles y a la Generalitat.
A partir de este mismo viernes, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa y Quim Forn podrán salir a trabajar o realizar labores de voluntariado entre semana, volver a prisión solo para dormir y pasar el fin de semana en casa. La decisión también les permitirá participar en actos de ERC y Junts en la campaña electoral para los comicios del 14 de febrero. Además, una vez cumplan un cuarto de la pena, con el tercer grado tendrán disponibles 48 días de permiso al año en tercer grado frente a los 36 actuales con el segundo grado.
Fuentes de la conselleria de Justicia han indicado que el servicio de clasificación todavía no ha decidido si también acepta la propuesta de tercer grado para la expresidenta del Parlament Carme Forcadell pues la prisión de Wad-Ras de Barcelona, donde cumple condena, se encuentra confinada hasta el próximo 1 de febrero por un brote de coronavirus.
La ley penitenciaria establece que cada seis meses las cárceles deben clasificar a los internos. Hace un año, en su primera clasificación, los nueve presos por sedición permanecieron en segundo grado –el más habitual– aunque flexibilizado mediante la aplicación del artículo 100.2 del reglamento, que les permitió salir de la cárcel entre semana para trabajar o cuidar de familiares. En verano accedieron al tercer grado. Pero el Tribunal Supremo tumbó tanto el 100.2, arrogándose la competencia para decidirlo hasta entonces en manos de las Audiencias Provinciales, como el tercer grado que sí habían avalado los jueces penitenciarios. El Alto Tribunal volverá a tener la última palabra sobre la semilibertad. La conselleria de Justicia ha tardado 15 días en confirmar el tercer grado propuesto por las cárceles, al igual que el pasado verano.
Desde Justicia se defiende que todos los presos del procés han cumplido medio año más de pena desde su anterior clasificación en tercer grado, situándose todos alrededor de los tres años en prisión. Además, la conselleria fundamenta su decisión en que todos los presos han cumplido ya una cuarta parte de la pena o la cumplirán en los próximos días: Junqueras lo hará este sábado; Forcadell el próximo martes y Romeva, Turull y Bassa el 11 de febrero.
En suma, para el departamento ya ha pasado el “tiempo suficiente” para constatar una “evolución positiva” de los presos del procés, pues tanto en su anterior periodo en tercer grado como bajo el 100.2 los internos mantuvieron un régimen de vida “sin incidentes, con pleno compromiso con la tarea encomendada y con una valoración positiva, tanto para el proceso de reinserción sociolaboral como para el mantenimiento del vínculo familiar”.
Justicia ha querido recordar además que el tercer grado “no supone en ningún caso un vaciado de sentencia”, en clara respuesta a las críticas vertidas por el Tribunal Supremo.Los magistrados del Alto Tribunal consideraron que los presos debían pasar más tiempo en prisión estricta y cargaron con dureza contra la administración penitenciaria catalana, a quien acusaron de “vaciar de contenido” la sentencia del procés mediante el tercer grado por compartir supuestamente ideología independentista con los presos. Con su decisión, el Supremo cerró la puerta a cualquier vía para flexibilizar la prisión de los presos del procés al margen del indulto. El Gobierno estudia si conceder la medida de gracia, una decisión que en cualquier caso no se tomará hasta después de las elecciones catalanas previstas para el 14 de febrero.
El Supremo, además de reclamar más tiempo en prisión, consideró que los presos debían someterse a un programa de tratamiento específico sobre el delito de sedición que tanto los profesionales de las cárceles como los jueces de vigilancia penitenciaria de Catalunya ven contrario a la libertad ideológica de los internos. En este sentido, la conselleria destaca que todos los presos han participado en “actividades de razonamiento, juicio crítico y resolución de conflictos” mostrando “máxima colaboración tanto con el resto de internos como con los profesionales”. Asimismo, para otorgar la semilibertad se ha tenido en cuenta la ausencia de incumplimientos judiciales y de expedientes disciplinarios de todos los líderes soberanistas y que todos ello tienen un pronóstico de bajo riesgo de reincidencia y una red social y familiar “favorable para la rehabilitación”.
Los presos, entre la campaña y los recursos
A la espera de que también se confirme el tercer grado para Forcadell, los presos, además de salir entre semana para trabajar, podrán aprovechar el tiempo que estén fuera de prisión para participar en actos electorales de sus partidos, pues pese a estar inhabilitados para ocupar cargos públicos conservan su derecho a la participación política. De hecho salvo el presidente de Òmnium Cuixart, Jordi Cuixart, que no milita en ningún partido, está previsto que el resto de presos participen de un modo u otro en las campañas de ERC y JxCat. Serán actos en su mayoría telemáticos, sin asistencia de público.
De la rapidez de la Fiscalía y de los jueces dependerá el tiempo que los presos puedan mantener el tercer grado. El pasado verano pasaron dos semanas entre la concesión del tercer grado y el recurso de la Fiscalía, que salvo sorpresa volverá a pedir que la semilibertad quede en suspenso mientras los jueces penitenciarios deciden si la vuelven a avalar. Los jueces además tomaron decisiones opuestas: mientras la magistrada encargada de los siete presos de Lledoners acordó suspender el tercer grado de los presos, que duró dos semanas, el juez competente para las prisiones de Bassa y Forcadell se lo mantuvo durante más de cinco meses, hasta que el Supremo lo tumbó.
Ahora sin embargo, aunque la Fiscalía y los jueces impongan con celeridad una rápida vuelta a prisión de los líderes soberanistas, al cumplir todos ellos en los próximos días un cuarto de la pena podrán disfrutar de permisos, y por lo tanto pasar algunos días fuera de la cárcel en la que algunos permanecen desde hace más de tres años.