Acuerdo entre el Gobierno y ERC para desbloquear la ley del audiovisual y, de paso, para acabar de allanar el camino a los Presupuestos Generales del Estado. Ambas partes han llegado a un entendimiento para obligar a que las plataformas internacionales que ofrecen contenidos audiovisuales a demanda, como Netflix, HBO o Disney+, dediquen una parte de sus beneficios en España a sufragar directamente la producción de contenidos en lengua catalana. Junto a esto, el Gobierno se compromete a volver a dotar el fondo de la ley del Cine para la producción en catalán, financiar el doblaje y garantizar que las plataformas introducen tanto las versiones dobladas como los subtítulos cuando existan.
No habrá por tanto ninguna obligación para las plataformas de ofrecer un porcentaje de producción catalana sobre el total del catálogo, una exigencia inicial de ERC, que comenzó pidiendo un 6% de contenidos producidos en catalán. Los republicanos han admitido que esta pretensión no cabía en la directiva europea y la han cambiado por la ayuda de las plataformas a la financiación del sector catalán, que en opinión del Gobierno la directiva sí permite.
La obligación de prefinanciación para obras audiovisuales en catalán, gallego o euskera quedará fijada en el 0,5% del total de beneficios de las plataformas en España, lo que supone una décima parte de las obligaciones totales de prefinanciación para obras independientes, que según la ley será del 5% de los beneficios en total. Según ERC, esta cantidad supondría en total una inyección entre los 15 y los 20 millones de euros anuales para el sector cinematográfico en lenguas cooficiales. En las enmiendas pactas, además, Esquerra ha introducido la obligación de que el Gobierno vuelva a financiar el fondo de la Ley del Cine, que se cifra ahora en 10,5 millones de euros. Ambas cantidades combinadas supondrían, a juicio de los republicanos, un cambio importante en el sector.
Aunque la prefinanciación es un punto clave del acuerdo, no es el único fleco que las partes han acabado de cuadrar. La nueva ley audiovisual contemplará también una mejora de la financiación del doblaje, en este caso directamente a través de un fondo estatal que deberá ser dotado en los presupuestos anuales. Este dinero iría destinado a que las películas extranjeras tengan o bien audio o bien subtítulos en catalán, una práctica que la Generalitat ya viene haciendo por su cuenta y que ahora se dotaría también de unos fondos extra del Gobierno.
En paralelo, en la Ley del Audiovisual se introduce la obligación para todas las plataformas de incorporar la versión en catalán, gallego y euskera, doblada o subtitulada, si ya existe y es técnicamente compatible. Es decir, el Gobierno, a través del nuevo fondo, o la Generalitat a través de TV3, podrían impulsar el doblaje y la subtitulación, de forma que el catálogo de obras en lengua catalana crecería en las plataformas sin necesidad de que estas sufragasen los gastos.
El Ejecutivo central y Esquerra han negociado a contrarreloj a lo largo de los últimos días para desencallar una norma que debería estar aprobada antes de acabar el año, aunque los ministerios ya han asumido que incumplirán el plazo dado por la Comisión Europea. El acuerdo sobre la norma había sido una de las principales llaves para arrastrar a ERC a un 'sí' a las cuentas, pero todo saltó por los aires la semana pasada, cuando el Gobierno alertó de que la letra pequeña del pacto dejaba fuera a las principales plataformas, por estar radicadas fuera de las fronteras españolas.
Esto soliviantó a ERC, que anunció incluso la posibilidad de obstaculizar los Presupuestos en el Senado. Con todo la semana pasada acabó anunciando que dejaría pasar las cuentas mientras continuaba la negociación. Durante todo el tiempo el Gobierno ha marcado como línea roja introducir en el texto una obligación para que las plataformas internacionales deban ofrecer un porcentaje de su catálogo de obras de producción en cualquier lengua. A juicio del Ministerio de Economía, y también del de la Presidencia que ha acabado cogiendo las riendas de este asunto, la directiva europea lo veta taxativamente.
Lo que la norma comunitaria no impide es forzar a las plataformas que actúan en territorio nacional a ayudar a la prefinanciación de diferentes contenidos, de acuerdo con el volumen de sus beneficios. Es por aquí por donde se ha acabado buscando una solución satisfactoria para ambas partes.