Gobierno y Generalitat acuerdan invertir 1.700 millones de euros para ampliar el aeropuerto del Prat

A falta del indispensable visto bueno de la Unión Europea, Gobierno y Generalitat de Catalunya han llegado a un acuerdo este lunes para ampliar el aeropuerto de El Prat de Barcelona. Según ha explicado en rueda de prensa la portavoz del Ejecutivo español y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, la inversión será de 1.700 millones de euros y se traducirá en 83.000 empleos directos y 365.000 empleos directos.

La obra, ha dicho Rodríguez, incrementará en dos puntos al PIB catalán e irá pareja a otros 1.600 millones que se invertirán en el aeropuerto de Adolfo Suárez-Madrid Barajas. El acuerdo entre ejecutivos no solo contempla la ampliación del aeropuerto, sino también la conexión de El Prat con los aeropuertos de Girona y Reus (Tarragona) a través de trenes de alta velocidad para el año 2026. El objetivo principal es, según ambas administraciones, crear un “hub aéreo intercontinental” que sitúe al aeródromo barcelonés entre los aeropuertos de referencia a nivel internacional.

Pese al pacto entre Gobierno y Generalitat, la ampliación del aeropuerto del Prat debe todavía recibir la aprobación de la Unión Europea al estar afectado La Ricarda, un espacio protegido por la red europea Natura 2.000. Ni Generalitat ni Gobierno han dado detalles sobre el impacto medioambiental de la ampliación, si bien han avanzado que se consultará a la UE antes de su aprobación definitiva. “El proyecto cumple con todas las necesidades de sostenibilidad medioambiental”, se ha limitado a expresar Rodríguez.

En rueda de prensa, el vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró, ha dicho que la tercera pista no se ampliará 500 metros, tal y como contemplaban los planes iniciales de Aena, lo que afectaba a toda la laguna de La Ricarda, protegida por las directivas europeas. El vicepresident no ha sido capaz de concretar cuántos metros más de pista se construirán, ya que, según ha dicho Puigneró, en el acuerdo con el Gobierno “no aparece el número de metros en que se ampliará la pista”.

La concreción de la obra se detallará en el plan director urbanístico que, en palabras de Puigneró, diseñará la ampliación “con el mínimo de afectación ambiental posible”. Por su lado, Rodríguez, ha explicado que la ampliación del aeropuerto de Barcelona se concretará, previa consulta a Bruselas, el próximo 30 de septiembre, con la aprobación en Consejo de Ministros del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) para el próximo lustro.

En cualquier caso, la ampliación de El Prat depende de Bruselas, ya que solo puede alterarse un espacio de la red Natura 2000 por motivos relacionados con la salud humana o la seguridad pública, pero también debido a “razones imperiosas de interés público superior”, si así lo avala previamente la Comisión Europea. El impacto medioambiental de la ampliación, sumado a la demanda de reducción de emisiones de contaminantes del sector ante la actual emergencia climática y la reciente caída del tráfico aéreo debido a la pandemia ha hecho que el proyecto se vea con recelos no solo desde colectivos ecologistas sino también desde partidos como ERC y los 'comuns', que lideran la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona.

Acuerdo fuera de la bilateral

La ampliación de El Prat se ha acordado en una reunión distinta a la comisión bilateral. Tal y como ha desvelado elDiario.es, el encuentro, que no figuraba en la agenda oficial ni del Gobierno ni de la Generalitat, se ha producido en la mañana de este lunes en Madrid y ha reunido a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, al vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, y al consejero delegado de Aena, Maurici Lucena.

El acuerdo sobre El Prat ha eclipsado la bilateral, organismo creado en virtud del Estatut de 2006, y del que la reunión de este lunes no han salido grandes pactos tangibles. La valoración de ambos ejecutivos ha sido opuesta: mientras Rodríguez ha calificado la reunión como “un buen comienzo de la reactivación de las conversaciones”, la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, la ha tildado de “insuficiente”.

Según Rodríguez, se ha acordado crear grupo de trabajo, traspaso de becas y ayudas para el estudio (pendiente desde hace dos décadas) y otro sobre la viabilidad de los traspasos de competencias en trabajo, formación profesional o salvamento marítimo. En rueda de prensa, la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, ha avanzado que el traspaso de las becas será una realidad a partir del curso 2022/2023.

Vilagrà también se ha referido a dos de los aspectos que más preocupaban a ERC: el recurso del Gobierno a la ley catalana que limitaba los precios del alquiler y el traspaso de la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Según la consellera, se ha acordado crear un grupo de trabajo para hacer los “cambios legislativos que convengan” para retirar el recurso, algo que implicaría un acuerdo del Ejecutivo de cara a la ley estatal del alquiler que todavía negocian PSOE y Unidas Podemos. Se creará otro grupo de trabajo sobre el IMV.

En cambio Vilagrà ha mostrado su decepción con la falta de acuerdo sobre la ley estatal del audiovisual que prepara el Gobierno y que según la consellera “no prevé la protección del catalán”. “Queremos ir mucho más allá, en relación a los 56 traspasos pendientes exigimos trabajo intenso y concreciones”, ha apostillado.

Para la portavoz del Gobierno ha sido una “reunión fructífera” para la “reactivación económica” y con la “perspectiva de un país que no quiere parar y un Gobierno que quiere que Catalunya participe” de la recuperación de los próximos meses. Rodríguez ha reconocido que por parte de los representantes de la Generalitat se han planteado varias exigencias durante la reunión que se ha celebrado en Madrid, y ha querido dejar claro que desde el Ejecutivo se ha recalcado a los dirigentes catalanes que esos “deseos”, tienen que “estar dentro del orden jurídico” del país. También ha señalado la “importancia de priorizar” en asuntos como las transferencias pendientes por parte de la administración central a la catalana.

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha reaccionado este lunes a última hora al acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Generalitat catalana para invertir 1.700 millones de euros en la ampliación del aeropuerto de El Prat de Barcelona, atribuyendo esa inversión al anterior Ejecutivo, del PP. 

“El Gobierno sigue engañando a los españoles: La inversión en el Aeropuerto de Barcelona la dejó aprobada el PP con 1.929 millones€ hasta 2026.Pero Sánchez paralizó todas las inversiones al llegar a Moncloa. Que no nos vendan gato por liebre. Ya no cuela”, ha escrito Casado, en un tuit.