El Govern catalán asegura que no está involucrado en las conversaciones para la investidura de Pedro Sánchez, que deja para los partidos, pero este martes ha sido el encargado de lanzar una de las advertencias más duras de lo que va negociación. “Por la información que tiene este Govern, en estos momentos la proposición de ley de amnistía no incluye la causa del Tsunami Democràtic”, ha asegurado la portavoz del ejecutivo, Patricia Plaja.
Según la versión del Govern, que es la de ERC, el texto que el PSOE tiene prácticamente cerrado con Junts no incluye las acusaciones por terrorismo y, por tanto, podría dejar fuera los hechos que se imputan en la causa del Tsunami Democàtic, es decir, las protestas y disturbios que siguieron a la sentencia del procés en octubre de 2019.
“Este Govern ha repetido que una ley de amnistía debe solucionar todos los casos de represaliados políticos, es decir, también la causa del Tsunami”, ha asegurado Plaja, que ha rechazado ir más allá alegando la necesaria “discreción” en materia de negociaciones.
Fuentes de ERC abundan, sin embargo, que la causa del Tsunami es un importante caballo de batalla para ellos, ya que la propuesta del PSOE es confiar en que la Fiscalía acabe rebajando la acusación de terrorismo para evitar así tener que incluirlo en el texto de la ley. Que se pase a investigar solo por desórdenes públicos, además, trasladaría la causa de la Audiencia Nacional a un juzgado de Barcelona.
Para los republicanos, sin embargo, esto no es suficiente y reclaman garantías de que Tsunami Democràtic no quedará fuera de la ley. “Una amnistía parcial no es amnistía”, repiten fuentes de ERC.
Se da la circunstancia de que en la causa del Tsunami varios de los encausados son de ERC, como el exsecretario general del partido y empresario Xavier Vendrell. En los informes policiales del caso también figuran la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y el diputado republicano Rubén Wagensberg.
El juez García Castellón abrió la causa de Tsunami en 2019 tras el intento de bloquear los accesos al aeropuerto, una acción cuyos promotores que, al igual que la propia plataforma, permanecen en el anonimato.
La Justicia ha enfocado las pesquisas hacia el entorno de los dirigentes de ERC y de Junts, y en la causa permanecen investigados, además de Vendrell, el director de la oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay; el exdirigente de Convergència David Madí; y el empresario Oriol Soler.
La causa de los CDR
Un problema similar, explican las mismas fuentes, tendría la llamada “operación Judas”, que implica a hasta 12 activistas de los Comités de Defensa de la República (CDR) y en la que también hay acusaciones por terrorismo que la ley de olvido penal podría no incluir.
En este escenario, ERC alerta de que no registrarán un texto que deje fuera estas causas, incluso a riesgo de que eso implique retrasar la investidura de Sánchez. “Nuestra obsesión es poner punto final a toda la represión y el PSOE sabe que esto no lo podemos dejar pasar”, explican.