El Govern asume la aplicación del 25% de castellano tras apuntar la Fiscalía a los directores

Ha empezado la cuenta atrás para aplicar la sentencia que obliga a la Generalitat a implantar un 25% de clases en castellano en todos los colegios catalanes. El departamento de Educación ha indicado al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que el “órgano responsable del cumplimiento” de la sentencia será la propia conselleria, sin aclarar por ahora ni cómo ni cuándo lo hará. La escueta comunicación del Govern a la Justicia llega después de que la Fiscalía no apuntara a la Generalitat sino a los directores de cada centro como los responsables de asumir la ejecución del fallo.

El escenario judicial en el que se mueve la inmersión lingüística tiene por ahora en la Generalitat su protagonista. Pero hay varios actores llamados a sumarse al elenco, empezando por el Gobierno central y también las propias familias de los alumnos, tanto las favorables como las contrarias al 25%. Cuando en primavera terminen los dos meses que la Generalitat tiene para implantar la sentencia, será la Abogacía del Estado o las familias contrarias a la inmersión las que puedan instar al tribunal a ejecutarla de forma forzosa, incluso bajo advertencia de responsabilidades penales.

Mientras el calendario va corriendo, la Generalitat no ha explicado cómo cumplirá la sentencia. Tan solo ha centralizado en el departamento de Educación la responsabilidad de la ejecución, descargando así, en teoría, a los directores de esta tarea. A la espera de lo que pueda resolver el TSJC sobre este extremo, la Fiscalía lo tiene claro: la ley de Educación de Catalunya otorga a los directores de institutos y escuelas la “competencia clara e ineludible” respecto a la adaptación de los proyectos lingüísticos.

Según la Fiscalía, son en primer lugar los directores, y no el conseller o los altos cargos del departamento, los “llamados a cumplir el mandato judicial” del 25%. En consecuencia, también recaerían sobre los directores las eventuales responsabilidades penales por desobediencia. Así lo expresó el fiscal superior de Catalunya, Francico Bañeres, máxima autoridad del Ministerio Público en la comunidad, en el decreto por el que archivó las denuncias contra el president de la Generalitat por el caso de la escuela de Canet de Mar (Barcelona) donde la Justicia obligó a implantar el 25% de castellano a raíz de la petición de una familia.

Recordó el fiscal además que hasta ahora el medio centenar de directores que han tenido que implantar el 25% de castellano porque una sola familia lo pidió han cumplido con la orden judicial. Pero ahora ya no se trata de casos individuales, sino que la sentencia afecta a todo el sistema educativo catalán, ya que partió de una demanda la Abogacía del Estado en 2015, bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, y no de una familia. Por ello Bañeres remitió su decreto, una suerte de manual de instrucciones para futuras actuaciones, a todas las fiscalías provinciales y de área de Catalunya.

Gobierno y Generalitat ganan tiempo

La Fiscalía ya ha mostrado sus cartas. También lo han hecho las entidades contrarias a la inmersión, lideradas por la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), quienes ya han anunciado su intención de personarse en la causa una vez finalicen los dos meses para reclamar al tribunal que fije un plazo para “adaptar el sistema educativo al nuevo modelo” así como la “concreción de los medios” para llevarlo a cabo.

En cambio desde Gobierno y Generalitat se mantiene cierta ambigüedad a la espera de que cumpla ese nuevo plazo. La ministra de Justicia, Pilar Llop, avisó al Govern de que la sentencia que impone un 25% de clases en castellano debe cumplirse, pero evitó pronunciarse sobre si el Gobierno solicitará su ejecución forzosa a la Abogacía del Estado. Desde la Generalitat, el discurso del conseller de Educación, Josep González Cambray, es de oposición a un fallo que ve “absurdo”, porque fija un porcentaje de castellano sin criterios pedagógicos, pero evita la llamada a la desobediencia abierta.

La conselleria de Educación recalca que la política lingüística escolar no puede basarse de porcentajes, más aún cuando los horarios y asignaturas son cada vez más difusos. A día de hoy, además, la conselleria está elaborando un nuevo marco normativo en materia de lenguas, pero con la intención de reforzar el catalán, que según sus encuestas está en retroceso entre el alumnado y parte del profesorado.

Si este nuevo marco legislativo ha de servir para cumplir con la sentencia del 25% es algo que tampoco queda claro. Nada hace pensar que esté listo en los esos próximos dos meses. En cualquier caso, Educación recalca que el nuevo decreto de ordenación de los currículums escolares, que también hace referencia a las lenguas de uso en el aula, no tiene nada que ver con el fallo judicial. El borrador, que distribuyó Educación a los directores de los centros para que aportaran sus valoraciones, mantiene el catalán –y no el castellano– como lengua vehicular, pero abre la puerta a una mayor flexibilización del uso de ambos idiomas en función de la zona o del territorio.

Por su parte, la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha remarcado este martes que es el departamento de Educación, con su conseller a la cabeza, quien asume “toda la responsabilidad política y jurídica” de la respuesta a la sentencia. Ha insistido además que su “prioridad absoluta” será la protección de los equipos directivos, el profesorado y los demás funcionarios. A la hora de dar más detalles sobre cómo será el nuevo marco regulatorio, se ha mantenido tan enigmática como González Cambray: “Cuando llegue el momento todo el mundo tendrá las indicaciones pertinentes”.

Las familias proinmersión, por primera vez en el juzgado

En paralelo a la ejecución de la sentencia general sobre el 25%, por primera vez las familias partidarias de mantener la inmersión lingüística han presentado batalla judicial en uno de los casos particulares en los que una sola petición de los padres de un alumno ha valido para que la Justicia tumbara la enseñanza en catalán en todo el aula. Ha sido en el que más atención mediática y política –bulos de la derecha incluidos– ha centrado, el de la escuela Turó del Drac de Canet de Mar (Barcelona).

En su escrito, redactado por el letrado Benet Salellas, las familias partidarias de mantener la inmersión piden que el TSJC deje sin efecto la medida cautelar por la que ordenó implantar el 25% en el grupo de P5. Lo hace en base a cuestiones novedosas sobre las que el TSJC no se ha pronunciado, habida cuenta de que hasta ahora los pleitos eran entre la Generalitat y una familia contraria a la inmersión, sin participación del resto de los padres del resto de alumnos que sí quería mantener el modelo en catalán.

En esencia, las familias proinmersión de Canet argumentan que no existe un derecho de los padres a escoger la lengua vehicular de escolarización, sino que esa es una cuestión que compete al Parlament y a la Generalitat, por lo que debe dejarse sin efecto la orden del 25% de castellano. Y en el supuesto de que el TSJC crea que sí existe ese derecho, la treintena de familias argumentan que la orden judicial les ha dejado en situación de desigualdad, por lo que el tribunal debe, al menos, ampararles y ofrecerles una explicación sobre por qué prioriza la petición de una única familia para acabar con la inmersión en su aula. Además familias partidarias de la inmersión también han pedido ser parte de la causa principal cuya sentencia definitiva debe ejecutarse en dos meses.