Ganar tiempo ha sido el objetivo principal del Govern desde que, en noviembre pasado, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) tumbara la inmersión lingüística tal y como se conocía hasta la fecha. Tiempo para reformar normativas e introducir ajustes en el modelo escolar catalán que le permitieran no aplicar unas sentencias que imponen una 'tabula rasa' de al menos un 25% de clases en castellano para todos los alumnos catalanes. Pero a cada nuevo paso del Departamento, los jueces han respondido cerrándoselo. Este lunes finalmente ha llegado un requerimiento directo al conseller Josep González Cambray para que, en el plazo máximo de 15 días, cumpla su mandato.
El Departamento de Educación ha reaccionado anunciando un nuevo recurso, que por razones procesales solo puede ser ante la misma sala. Es por tanto un ardid que tiene poco recorrido, más allá del de estirar un poco más la aplicación de la orden. Al curso escolar catalán le queda mes y medio y los profesores continúan en pie de guerra por el calendario escolar del año que viene, un escenario que da poca tranquilidad al conseller. “Daremos todo el apoyo jurídico para que sigan reafirmando el modelo de escuela catalana”, ha prometido Cambray, que ha llamado a la calma y ha asegurado a los centros, en pleno calendario lectivo, que no tendrán que aplicar “ningún cambio en sus proyectos lingüísticos”.
Paralelamente, buena parte de los partidos favorables a la inmersión tratan de impulsar ya la reforma de la ley de política lingüística, un cambio normativo que reunió a los tres grandes partidos de Catalunya (PSC, ERC y Junts) además de a los comuns, pero que ha quedado varada en el Parlament a la espera de que Junts se aclare internamente sobre qué quiere hacer con ella. La propuesta se registró el pasado 28 de marzo y reconocía por primera vez el castellano como lengua vehicular, pero también marcaba que eran los propios centros los que debían decidir sus planes lingüísticos, por lo que evitaba cualquier porcentaje fijo como el 25% del TSJC.
La exconsellera de Educación con Artur Mas, Irene Rigau, fue una de las promotoras del cambio de la ley de política lingüística y, tras conocer la sentencia de este lunes, se mostraba crítica con los partidos. “Si la modificación hubiera salido adelante, esto no hubiera podido pasar”, afirma en declaraciones a este diario. “Cuando Junts frenó la tramitación, yo les advertí de que esto podía pasar. Las palabras de la presidenta Borràs fueron algo así como 'ya que nos reprimen ellos, que no nos reprimamos nosotros mismos'. Pero por mucho que no nos guste, hay un mandato que o regulas tú o lo regula el TSJC. Pues regulémoslo nosotros”, reclama Rigau.
Según sus promotores, los cambios en la ley de política lingüística, una norma del año 1998, pondría las cosas muy difíciles al TSJC en su intento de imponer el 25% de castellano en las aulas pues, tras la reforma de la Ley Orgánica de Educación, los jueces se quedarían sin base jurídica para aplicar esta medida. Por esta razón, Rigau reclama utilizar los 15 días de plazo que ha dado el TSJC para aprobar la modificación. “Haré todo lo posible para que se apruebe. Creo que nos jugamos mucho y que si utilizamos bien nuestras instituciones y capacidades podemos detener [la sentencia]. Porque ha quedado claro que con tuits y llamadas a la desobediencia no es suficiente”, afirma.
También el PSC y los comuns critican a Junts por haberse descolgado del consenso inicial y, junto a ERC, planean dar un empujón inmediato a la tramitación de la ley. Entre estas tres formaciones tienen suficientes escaños para aprobar la reforma sin necesitar a Junts, partido al que han estado esperando por maximizar el consenso. Sin embargo, esta sentencia cambia la urgencia y desde las tres formaciones se han mostrado favorables a introducir la ley en uno de los próximos plenos del Parlament. La primera oportunidad la podrían tener este mismo martes, cuando se reúne la Junta de Portavoces para confeccionar el orden del día del pleno de esta misma semana.
“Hemos sido muy generosos [esperándoles] para que gestionen sus discrepancias y contradicciones, pero no podemos ir a remolque de su congreso [fijado para junio] y de intereses de parte”, asegura la diputada socialista Esther Niubó. Minutos antes, ella misma había lamentado en Twitter que el acuerdo “permitía cumplir la ley con mayor flexibilidad y aplicando criterios pedagógicos” pero que “Junts decidió anteponer sus intereses y este es el resultado de no hacer política”. Niubó deja claro además que los socialistas creen que se ha de cumplir la sentencia.
Por su parte, los comuns recordaban este lunes que ellos ya habían acogido de mala gana la decisión de aplazar la tramitación de la ley y que, ahora, se había demostrado que esto era un error. “Es una pena que algunos hayan priorizado sus intereses”, afirma Joan Mena, diputado de En Comú Podem. “Nosotros ya advertimos de que no teníamos mucho tiempo”, añade. En su caso, el diputado considera que si se aprobase la reforma de la ley de política lingüística, la justicia debería paralizar la imposición del 25%. “Entendemos que debería detenerla, otra cosa es lo que haga la Justicia, que ya vemos que a veces hace un poco lo que quiere”, remarca.
La tesis de que la aprobación de esta reforma pondría un importante freno al TSJC en sus fallos para fijar porcentajes lingüísticos está asentada tanto entre los grupos que la propusieron como en el Departamento de Educación. Sin embargo, la sentencia de este lunes deja poco margen a esa interpretación. Según los jueces, las iniciativas que la Generalitat ha asegurado que emprenderá para garantizar el empleo del castellano como lengua escolar “no tienen un resultado concreto” en los centros ni por lo tanto aseguran que los alumnos “reciban de forma efectiva e inmediata la enseñanza” en catalán y castellano como lenguas vehiculares.