El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciado este sábado que el Govern ha aprobado destinar una partida de 4,5 millones de euros a retirar el amianto de unos 200 edificios residenciales de Badia del Vallès (Barcelona).
Badia del Vallès es la ciudad del Estado con más amianto, se calcula una tonelada por cada habitante. Muchos de los edificios de la población están afectados y, en muchos casos, las placas de uralita están rotas, lo que convierte al amianto en más tóxico y peligroso. El Ayuntamiento y una comisión de vecinos decidieron realizar un estudio para identificarlo y empezar a retirarlo de los edificios de la población.
Aragonès ha asegurado que la inversión permitirá erradicar “la problemática de la presencia de este material nocivo para la salud” cuya degradación afecta directamente a las viviendas y a la calidad de vida de los vecinos. El amianto es muy visible desde la propia calle, ya que los edificios incorporan ese material en el exterior. Las fachadas son las partes más evidentes de este deterioro, con elementos rotos y estropeados por el paso del tiempo.
También ha destacado que supondrá un paso más para avanzar hacia “un país libre de amianto”, tal y como se comprometió a hacer el pasado mes de julio con la aprobación de un Plan Nacional para la Erradicación del Amianto en Catalunya. Ha reafirmado su compromiso del Govern para “luchar por la calidad de vida y reconocer la dignidad del conjunto” de la sociedad catalana, y ha destacado la colaboración entre administraciones y mundo local para impulsar acciones que permiten mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.
El Ayuntamiento y vecinos han recibido la inversión “con alegría” después de años de lucha social. La alcaldesa de la ciudad, Eva Menor, ha subrayado “la valentía” de Badia al hacer visible la problemática, pese al riesgo de estigmatizar “aún más” la ciudad.
El municipio se creó en los años 70 para dar respuesta a la fuerte ola migratoria procedente de otros puntos del Estado, y entre los materiales utilizados abundaba el fibrocemento, un material barato que se extendió en la construcción de nuevas casas y que se producía en fábricas como la de Uralita, en Cerdanyola del Vallès.
Sin embargo, este material, usado también en edificios públicos de todo el Estado, tiene una vida útil de unos 40 años, momento en el que se empieza a degradar y a emitir fibras en el ambiente, que al inhalarlas provocan enfermedades respiratorias como lasbestosis o mesotelioma. En los últimos años se han multiplicado los afectados, tanto extrabajadores de la fábrica como vecinos de edificios construidos con amianto.