El ciudadano armenio Alik se suicidó el pasado 3 de diciembre en el CIE de Barcelona. Algunos internos afirmaron que fue víctima de agresiones, pero no se pudo probar porque hubo un problema técnico con la grabación de uno de los puntos clave, según la Policía Nacional. La causa fue archivada. El 31 de diciembre varios internos denunciaron haber sido agredidos por agentes por un conflicto en las duchas. No se pudieron visualizar las imágenes solicitadas por el juez porque ya se habían sobregrabado. El caso quedó sobreseído antes del verano por no poderse demostrar lo denunciado.
Ante los obstáculos para contar con las grabaciones en las denuncias de malos tratos y vejaciones por parte de internos del CIE de Barcelona, el colectivo Tanquem els CIE ha presentado este miércoles una queja a los juzgados de instrucción 1 y 30 en la que pide que el sistema de videovigilancia conserve las imágenes como mínimo durante 30 días, y que en los casos en que haya una querella de por medio las grabaciones solicitadas se conserven de oficio, sin esperar a la petición del magistrado.
El sistema de cámaras del CIE barcelonés, como todo en el centro, depende de la Policía Nacional, y cuenta con 39 cámaras en color distribuidas por las salas de aislamiento, los patios y las distintas dependencias. Están conectadas a 3 grabadores ubicados en la sala de control, con capacidad para almacenar grabaciones de 13, 19 y 39 días, respectivamente.
Los activistas de Tanquem els CIE exigen también que cuando haya agentes de la Policía Nacional implicados en el proceso judicial se traslade las imágenes al cuerpo de Mossos d'Esquadra, “para garantizar la independencia de la investigación”. En el caso del suicidio de Alik sucedió que la delegación de Telecomunicaciones del CIE, encargada de custodiar las imagenes y la sala de control de visionados, fue la que alegó “un problema no detectable en la base de datos del grabador” para no aportar las imágenes requeridas sobre las supuestas agresiones en uno de los pasillos.
“Sin las grabaciones las denuncias están condenadas a ser archivadas; no es que las grabaciones vayan a demostrar seguro las agresiones, pero esto genera una gran sensación de impunidad que va vinculado a la fuerte opacidad de estos centros”, explica Marc Serra, miembro de Tanquem els CIE. “Es intolerable en un estado de derecho”, sentencia Serra, que añade que sus medidas van de acuerdo con las recomendaciones en materia de videovigilancia por instancias como el relator de Naciones Unidas.
El caso de los malos tratos denunciados el 31 de diciembre, cuando varios internos acusaron a agentes de la Policía Nacional de haberles golpeado por no querer salir de las duchas -ellos no habían terminado todavía, decían-, es especialmente paradigmático: a las 21 h de la misma nochevieja, es decir, horas después de las supuestas agresiones, los abogados de Tanquem el CIE pusieron al juzgado en comunicación de los hechos. Pero el requerimiento judicial tardó semanas y la respuesta de la Policía Nacional, a 28 de enero, era que las imágenes ya habían sido sobregrabadas.
Desde Tanquem els CIE ponen en su queja como ejemplo la comisaría de Mossos d'Esquadra de Les Corts en Barcelona, en la que la instalación de cámaras “no erradica por completo la existencia de zonas oscuras, pero sí permite ha permitido aportar pruebas concluyentes en los procedimientos penales, ya sean incriminatorios o no”.