La regulación catalana de los alquileres se acerca a su primer año de vigencia, en septiembre de 2021, y antes de que llegue la fecha todos los municipios afectados por ella, que son 61, deben decidir si quieren continuar con el límite de precios. A estas alturas, destaca cómo prácticamente todos los del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ya lo han pedido, a excepción de la capital –que no necesita hacerlo–. Entre ellos, numerosos ayuntamientos gobernados por el PSC, a pesar de que el Gobierno central ha recurrido esta semana la norma ante el Tribunal Constitucional, e incluso el de Badalona, comandado por el PP de Xavier Garcia Albiol.
La ley catalana, que fue aprobada en el Parlament con los votos de ERC, Junts, Comuns y CUP, prohíbe las subidas del precio del alquiler por encima del contrato anterior o del índice de referencia de la Generalitat, e incluso obliga a bajar la mensualidad si esta está por encima de este valor. Este tope se aplica solamente en aquellas ciudades o barrios que se consideran áreas con mercado de vivienda tenso, es decir, zonas en las que los hogares destinen más del 30% de sus ingresos de media al alquiler, entre otros requisitos. Para que la regulación echase a andar, se declararon como zonas tensas durante un año un total de 61 municipios.
Desde entonces, los municipios han estado evaluando el impacto de la ley en su mercado de la vivienda, algo incierto debido a la pandemia aunque lejos de los mensajes más catastróficos de pérdida de oferta, y ahora les toca decidir si quieren extender esta medida más allá de septiembre. Los que están integrados dentro del AMB pueden pedirlo a este ente. Los que no, los de fuera de la metrópolis barcelonesa, deben solicitarlo a la Agencia de la Vivienda de Catalunya. Por último, está el caso de Barcelona ciudad, que lo puede aprobar por sí misma. Aunque el Ayuntamiento de la capital todavía no lo ha hecho, fuentes del consistorio dan por sentado que se llevará al pleno antes de septiembre. En muchos municipios el Sindicato de Inquilinas ha apremiado a la administración local para que iniciase los trámites.
34 de 36 en el Área Metropolitana
En el Área Metropolitana han iniciado los trámites para ser consideradas zonas casi todas las grandes y pequeñas ciudades, 34 de 36. Además de la excepción de la capital, la otra es Badia del Vallès, que tiene “un parque mayoritario de protección oficial, con poco mercado libre”, según fuentes del ente supramunicipal. Se cuentan dentro de las solicitantes L’Hospitalet de Llobregat, Cornellà, Santa Coloma de Gramenet, Badalona, Viladecans, Gavà, Castelldefels… La intención del AMB es acabarlo de validar en sendos Consejos Metropolitanos de junio y julio, con dos tandas distintas de municipios.
Fuera del Área Metropolitana, todavía son mayoría los que están pendientes de hacer llegar la solicitud y la documentación a la Agencia de la Vivienda para ser declarados zona de mercado tenso, aunque fuentes de la Generalitat se muestran confiadas de que no va a haber un número significativo de ciudades que se bajen del carro. De hecho, de lo que sí hay constancia por ahora es de 16 municipios que no estaban dentro de la regulación y que han aportado la documentación para que se les incluya. Son Sant Quirze del Vallès, Cardedeu, Palau Solità Plegamans, Corbera de Llobregat, Sant Sadurní d’Anoia, Castellbisbal, Cervelló, Tiana, Sant Fruitós del Bages, Santa Coloma de Cervelló, Begues, Torrelles de Llobregat, El Papiol, Sant Climent de Llobrebat, Sant Julià de Ramis y La Palma de Cervelló.
Las razones de los ediles del PSC
Pero si hay algo que resulta significativo es que la docena de alcaldes socialistas del Área Metropolitana de Barcelona, así como algunos de fuera, ya han dado su sí a ser zona regulada, habida cuenta de que el PSC votó en contra de la ley y que el Gobierno central la ha recurrido esta semana (sin reclamar su suspensión inmediata). Para sus ediles responsables de políticas de vivienda, sin embargo, esto no resulta ninguna contradicción. Argumentan que mientras haya una ley vigente que permita mejorar el acceso a la vivienda en sus ciudades, la van a usar, y respaldan al Ejecutivo central en su recurso, motivado por una posible invasión de competencias.
“En el momento en que se aprobó la ley tuvimos dudas sobre si jurídicamente se podía aplicar, pero mientras esté en marcha coincidimos en que puede ser una buena medida que puede favorecer la bajada de precios en la ciudad”, reflexiona Eduard Sanz, primer teniente de alcaldía de Esplugues de Llobregat y concejal de Políticas Sociales y de Vivienda. En su municipio, pegado a Barcelona, el precio medio del alquiler es de 837 euros al mes, según los datos del último trimestre disponible, un 17% por encima de los 713 de media de la renta en Catalunya.
Sanz es uno de los más entusiastas en favor de la regulación de los alquileres. “Todos hemos consensuado que el alquiler o la hipoteca no deben superar el 30% de los ingresos de un hogar. Y si esto se da, hay que compensarlo, idealmente rebajando el precio de la renta, pero si no con otras medidas, como las ayudas al alquiler”, despliega este edil.
Dentro del PSOE son muchas las voces que se han mostrado reacias a introducir cualquier tipo de regulación en el precio del alquiler, hasta el punto de que esta discrepancia con Unidas Podemos –puesto que estaba en el acuerdo de Gobierno– derivó en uno de los mayores choques entre los socios del Ejecutivo. Finalmente, esta semana ambos partidos alcanzaron un acuerdo, del que se desconoce todavía la letra pequeña, pero por el que en principio no se podrá aumentar el precio de los contratos en aquellas zonas declaradas tensas. Lo que no obligará es a bajarlos si están por encima del índice.
Ante este nuevo contexto, el concejal de Vivienda de Santa Coloma de Gramenet, Toni Suárez, defiende que la declaración de zona de mercado tenso en su ciudad, aprobada también por pleno, puede servir para encajar tanto en la ley catalana, a la espera que se pronuncie el Constitucional, como en la estatal, a la espera de que se apruebe. “La regulación de los precios nos parece bien en la medida en que sea una medida útil. Si no lo fuese, y eso habrá que comprobarlo, pues pediríamos otras”, argumenta.
Suárez, como todos los consultados, respalda la decisión del Gobierno de recurrir la ley catalana al entender que los indicios de invasión de competencias son claros desde que lo manifestó así el Consejo de Garantías Estatutarias. Lo mismo opina Eloi Cortés, concejal de Vivienda de Sabadell, que resume su valoración de la ley en un “sí crítico”: “Puede ser un mecanismo útil para contener los precios del alquiler y mientras esté vigente, lo tenemos que aplicar, pero con la reflexión añadida de que hay que arreglar la legislación a nivel estatal y catalán para evitar discusiones competenciales”. Hasta que no se pronuncie el Constitucional, la ley catalana sigue vigente.
Badalona, unánime
Más que los gobiernos socialistas, el caso que sorprende por encima de todos es el de Badalona, ciudad gobernada por el PP y que en el último pleno de abril aprobó por unanimidad declararse como zona de mercado tenso y, por ende, con límites del precio del alquiler. Cabe recordar que los populares pusieron un recurso de inconstitucionalidad ya desde el primer momento y siempre se han mostrado más beligerantes contra la regulación que el PSOE.
Aun así, el debate municipal en Badalona sobre este tema fue una balsa de aceite. “Aunque es cierto que no estamos de acuerdo en algunos aspectos, estamos rotundamente en contra de que se realicen abusos en las rentas del alquiler”, valoró Daniel Gracia, concejal del PP, que consideró “oportuna” y “conveniente” la declaración para “limitar” los precios. También vio la necesidad de apoyarlo ante el “riesgo real de no tener alquiler asequible” la edil del PSC Teresa González.