El PSOE y Unidas Podemos han llegado a un acuerdo para incluir una congelación de los precios del alquiler en zonas tensionadas en la futura Ley de Vivienda, tal y como propuso el PSOE hace varias semanas. Fuentes de Unidas Podemos destacan, no obstante, que “la regulación que propone el departamento de Ábalos no permitiría bajadas de los precios del alquiler, tal y como recoge el acuerdo entre ambas formaciones” y que siguen negociando para intentar llegar a algo más ambicioso. Pero la congelación es un primer paso.
La letra pequeña de la medida aún no es pública, pero según confirman fuentes de ambos partidos funcionaría de la siguiente manera. Por un lado, si una zona se declara tensionada, los inquilinos con un contrato en esa área tendrían derecho a prórrogas pagando la misma mensualidad. El propietario solo podría subir el IPC mientras durase la declaración de zona tensionada (tres años).
Por otro lado, y esta es la principal novedad respecto a la última propuesta socialista, los nuevos contratos en esa zona deberán usar de referencia el precio del contrato anterior. Cómo sabrá alguien cuánto pagaba el anterior inquilino es un detalle aún no disponible. En algunas comunidades, es común depositar la fianza (y por tanto, el contrato queda registrado) pero en otras no.
¿Qué es una zona tensionada? Según la definición de la parte socialista, es aquella en la que se haya producido un incremento sostenido de los alquileres en los últimos años y en la que los hogares sufran mayor “sobrecarga financiera” para pagarlos (que, de media, el gasto en vivienda supere el 30% de ingresos de la zona). La declaración de zona tensionada, según explicó el MITMA a elDiario.es hace pocas semanas, la haría una comisión bilateral del Estado y la Comunidad Autónoma con audiencia al ayuntamiento implicado.
“Una vez se adopte la decisión, debe aprobarse en la Ley de Presupuestos del Estado. Y si no hay ley de Presupuestos, se usa otra ley”, explicaron fuentes del departamento a este medio. Las Comunidades Autónomas también pueden declarar zonas tensionadas, pero solo para aplicar medidas de su competencia. La congelación de alquileres y la política fiscal sería competencia del Estado. El PSOE siempre ha defendido su propuesta de aumentar los beneficios fiscales a los propietarios que rebajen un 10% el alquiler.
La ley de Vivienda acumula un retraso de cuatro meses ya, porque estaba previsto que fuera al Consejo de Ministros en febrero. Cabe recordar que esta misma semana el Gobierno ha recurrido ante el Constitucional la ley catalana de vivienda por “vulnerar competencias estatales”, aunque no ha pedido su suspensión cautelar porque “en paralelo” pretende tramitar la ley estatal. La ley catalana impone límites al alquiler en 61 municipios catalanes y del acuerdo de Gobierno se desprendía que la ley estatal iba a ir en la misma línea. Las negociaciones para cerrarla avanzan y ambas formaciones esperan tener el texto listo antes del parón veraniego.