Una encuesta a las personas afectadas por la hipoteca llevada a cabo por el Observatorio DESC y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca señala que en un tercio de los casos la hipoteca ha supuesto en algún momento el total de los ingresos familiares. Es decir, que en uno de cada tres afectados, todo lo que ingresaba la unidad familiar iba directamente para pagar las mensualidades. Un 45% de las familias ha declarado dificultades para adquirir alimentos, un 65% para pagar los suministros del hogar y un 70% la ropa.
El 61% de los afectados -más de la mitad de ellos- debe más del 80% del valor de la hipoteca. Además, un 36% cuenta con un aval, en la mayoría de casos de padres o hijos, que también se verían afectados en caso de ejecución. Para Vanessa Valiño, directora del Observatorio DESC, estos datos prueban que “si no aprobamos la dación en pago retroactiva no estamos aportando soluciones a las personas afectadas”.
“Con estos datos podemos afirmar que las respuestas que está dando el gobierno no sirven para nada a la mayoría de personas afectadas”, dice. Además, el informe también muestra que el 83% de familias afirman no tener otra vivienda, ni de propiedad ni de alquiler, donde alojarse en caso de desahucio.
Más de once mil encuestas
En relación a los datos, que son un adelanto de un informe que presentarán en septiembre, Valiño asegura que “resulta denunciable que no hubiera cifras oficiales, sólo los del Consejo General del Poder Judicial, que únicamente muestran los números totales”. “Nos hemos tenido que proveer nosotros de estos datos y representa un salto cualitativo”, añade. En total, 11.561 personas que se han acercado a PAHs de todo el Estado han contestado a la encuesta. Esto implica que solo se conozcan datos de familias vinculadas a la plataforma, pero Valiño encuentra el resultado representativo, ya que coinciden con los últimos informes del Colegio de Registradores de la Propiedad y del Banco de España.
“Por la práctica que estamos llevando a cabo, ya veíamos que los datos del poder judicial no daban cuenta de la situación absolutamente dramática”, comenta Ada Colau, portavoz de la PAH. “Los datos existen y los bancos y administraciones no los están dando por no encender la población”, asegura. Así como Valiño, remarca la necesidad de esta información: “¿Cómo se pueden hacer políticas públicas sin conocer los datos?”, se pregunta.
Las características de las personas afectadas
En cuanto al perfil de los afectados, el 83% son de nacionalidad española, con lo que los datos, según Valiño, “rompen el mito de que la gente afectada es sobre todo población migrante”. Además, en un 75% de los hogares hay menores de edad y en un 32% una o dos personas mayores de 65 años.
Para Colau, el resultado del estudio “desmonta completamente el intento de criminalización de las personas afectadas, porque se ha querido hacer creer que dejan de pagar por capricho y especulación y los datos demuestran que no es así”. En el 70% de los casos, el motivo de impago de la hipoteca es el paro. El resto, según la encuesta, tiene que ver con la subida de la cuota hipotecaria, la suma de otras deudas o la separación o divorcio.
En cuanto a las entidades financieras, un 15,8% de las personas afectadas que han participado tienen la hipoteca contratada con el grupo BBVA, el 15,2% con Bankia, el 14,2% con Santander o UCI, el 13,8% con CaixaBank y el 9,8% con CatalunyaCaixa. Vanessa Valiño destaca que entre “las tres primeras entidades donde se concentran las hipotecas impagables haya Bankia, una entidad nacionalizada, y es la que más desahucios ejecuta”.
El BBVA, la entidad con más afectados
Valiño también entra a valorar el papel de las otras dos que encabezan el ranking, el grupo BBVA y el Banco Santander que, asegura, “son las que el gobierno español utiliza como ejemplo de mejores prácticas”. “Hablamos de Botín y esta gente como si fueran grandes ciudadanos, pero sus entidades son las que concentran más hipotecas impagables y malas prácticas”, remarca.
“El BBVA es de las entidades más duras de negociar, precisamente porque es un gigante”, asegura Carlos Macías, activista de la PAH de Barcelona que trabaja con las personas afectadas de esta entidad. Las PAHs catalanas han presentado ya 500 casos para negociarlos colectivamente con el banco y pretenden presentar 300 más.
“Así como otras entidades están haciendo alquileres sociales de incluso 10 años, éstos se niegan y no te dan ni siquiera un motivo económico, te dicen que es política de empresa”, asegura. Ahora, sin embargo, se han comprometido a comenzar a aceptar el alquiler social, pero “en pocos casos y por sólo dos años”, dice Macías, que añade que hasta el próximo día 12 no sabrán si el banco cumple su compromiso.
El activista asegura que los casos de dación que ha aceptado el banco también son pocos, “sólo cuando les sale a cuenta por el precio de subhasta de la vivienda”. Además, dice, “tienen muchas cláusulas abusivas, como la de la última prestación de 80 o 120 mil euros: hay familias que podrían seguir pagando la hipoteca pero no esa cifra de golpe”.
La PAH y el Observatori DESC presentarán los datos completos de este informe el próximo septiembre, acompañadas de un análisis del marco normativo, con especial atención a las novedades legislativas de los últimos meses, así como de unas “recomendaciones finales para reorientar las políticas públicas de cara a detener los desahucios y hacer efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada”, anuncian en un comunicado.