Tatiana Sarmiento se acuesta cada día desde este lunes sin saber si por la mañana llamarán a su puerta los Mossos d'Esquadra y la comitiva judicial para desahuciarla. Su familia es una de las que entró en su día a ocupar uno de los diez pisos que tiene este bloque de viviendas de la calle Hospital número 99, en el corazón del Raval, vacío durante los años de la crisis y desde 2018 en manos del fondo buitre Blackstone. Ella y los demás ocupantes se enfrentan a una orden de desalojo con fecha abierta desde el 1 al 15 de julio que les ha puesto en pie de guerra con el apoyo del Sindicato de Inquilinos de Barcelona y otras entidades del barrio.
Al grito de “un desalojo, doble ocupación”, los activistas del Sindicato de la Vivienda del Raval se congregaron este lunes a las puertas del inmueble para advertir a la propiedad que no permitirán que se desalojen los diez pisos ocupados que hay en la finca. Los vecinos quieren convertir este bloque en un símbolo de su lucha contra la especulación en el barrio y aseguran que solo aceptarán que se les garantice a todos un piso de alquiler social en la misma finca o en la zona, ya sea Blackstone o el Ayuntamiento, a quien reclaman que expropie el edificio.
La tarde del domingo, pocas horas antes de que empezara el plazo en el que pueden ser desalojadas, las familias recibieron una oferta consensuada in extremis entre Blackstone y el Ayuntamiento, pero que no satisface de entrada sus demandas. La propuesta pasa por que tres de las cuatro familias con hijos que hay en la finca se puedan quedar a vivir con un contrato de alquiler a precio reducido, mientras que los otros siete pisos serían desalojados, algunos de ellos para destinarse a alquiler asequible y otros, para alquiler o venta a precio de mercado.
Lucía Martín, concejala de Vivienda del Ayuntamiento, defendió que este acuerdo es fruto de la “presión ciudadana” y recalcó que el consistorio se haría cargo, a través de los servicios sociales, de reubicar a las familias que se queden sin alternativa. Lo que no se plantean por ahora en el gobierno municipal es adquirir la finca. Tuvieron oportunidad de hacerlo ejerciendo el derecho de tanteo y retracto en 2016, ya ocupada y por entonces propiedad de Banco Popular, pero argumentó problemas burocráticos derivados de un registro incorrecto de los pisos.
El consistorio lleva negociando con Blackstone una salida a los vecinos desde principios de año, cuando se puso una primera fecha de desahucio, pero la empresa se ha negado a retirar la denuncia para paralizar el proceso judicial. Desde Blackstone, a estas alturas el mayor casero de España con 30.000 viviendas, aseguran por su parte que se han “esforzado” para encontrar una solución para las familias que “ocupan ilegalmente” el edificio, pero que estas no han “cooperado” para resolver la situación. “El desalojo es el último recurso”, aseguran.
“Era imposible alquilar un piso en el barrio”
La familia de Tatiana Sarmiento vive junta en el Principal de este bloque de viviendas desde 2016, aunque su pareja, Mustafá Asrih, ya llevaba un tiempo antes en la vivienda. “Me vine porque estaba sin trabajo y me era imposible seguir pagando el alquiler de un piso pequeñísimo que teníamos en el Raval”, explica esta mujer. Sus dos hijos van al colegio Escola Pia del barrio y ella no está dispuesta a aceptar un realojo que pase por que tengan que mudarse a otro distrito.
Cuando Sarmiento llegó al inmueble este ya llevaba varios años ocupado. Fue el Espacio del Inmigrante –un colectivo que daba asistencia jurídica a sin papeles– el que entró en el edificio en 2013, abriendo solo dos viviendas. Con el tiempo, entraron a los demás pisos vecinos víctimas de desahucios, familias sin recursos, grupos de vendedores ambulantes e incluso uno de ellos llegó a estar controlado por narcos. “Los mismos vecinos tuvimos que reocupar el narcopiso cuando no había nadie para echarles, pasamos muchísimo miedo”, recuerda Sarmiento.
Tatiana y sus compañeros de escalera se enfrentan a quince días que esta mujer califica de “tortura psicológica”. Los desahucios con fecha abierta son el recurso que han encontrado algunos jueces sobre todo en Barcelona para evitar que las entidades por el derecho a la vivienda puedan paralizar los lanzamientos una y otra vez. Se trata de una práctica avalada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (LEC) pero que choca con la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), que establece en su artículo 440 que hay que avisar de los lanzamientos con una fecha “exacta”.
Expropiaciones en “zonas tensionadas”
El Sindicato de Inquilinos de Barcelona, que respalda las protestas de Hospital 99, ha llevado la reivindicación de las familias un paso más allá y ha pedido una modificación legislativa para que sea más fácil para la Administración expropiar el uso de viviendas para destinarlas a uso protegido o social. “Pedimos a la Generalitat que amplíe los supuestos en los que se puede expropiar el uso de una vivienda para que se incluya el acaparamiento en situaciones de emergencia habitacional o en barrios tensionados”, argumenta Jaime Palomera, portavoz del Sindicato.
Por ahora, las Administraciones municipales tienen opción de expropiar temporalmente el uso de viviendas cuando estas llevan más de dos años vacías, son de grandes propietarios y están en zonas de alta demanda. Es lo que hizo por primera vez el Ayuntamiento de Barcelona la semana pasada cuando asumió la gestión de un piso del BBVA. Lo que quiere el Sindicato es que se cambie la ley que lo permite, la 4/2016 –aprobada a instancias de los colectivos por el derecho a la vivienda–, para que no sea “tan restrictivo”.
“No permitiremos que sea un fondo de inversión el que decida quién puede vivir en qué casas”, proclamaba este lunes la portavoz del Sindicato de Vivienda del Raval, Joana Sales. Por ahora, vecinos y activistas rechazan la salida consensuada entre Blackstone y el consistorio, y aseguran que ellos no han mantenido ninguna reunión formal ni con ambos actores ni con la Generalitat.