Las mujeres que trabajan en la Generalitat de Catalunya y en el sector público catalán tienen un salario más bajo que los hombres en casi todas las categorías laborales. Así lo constata el primer informe de perspectiva de género que acompaña a los presupuestos catalanes presentados este martes. El estudio muestra que la retribución media anual de los hombres que trabajan como funcionarios o en puestos públicos de la Generalitat fue de 36.156 euros en el año 2020, mientras que la de las mujeres fue de 30.038 euros, lo que supone una brecha salarial del 16,9%.
La brecha salarial refleja las diferencias salariales entre hombres y mujeres y se puede medir con diferentes indicadores. El informe pionero del Govern ha analizado tanto la desigualdad en los salarios anuales de las distintas áreas de la administración pública catalana como la presencia de mujeres en puestos de mando e intermedios, además del análisis por género de las reducciones de jornada que piden los empleados públicos. El estudio incluye todos los trabajadores dependientes del sector público catalán, a excepción de los docentes.
La diferencia de sueldo entre hombres y mujeres de la Generalitat es casi tres puntos menor que la media catalana, que es del 20,6%. La brecha salarial, tal como la refleja el estudio, es el porcentaje que representa la diferencia entre lo que cobran hombres y mujeres sobre el salario de los hombres.
Las diferencias de mayor calado entre salarios de hombres y mujeres se dan en la categoría de funcionario, donde la brecha llega al 18%. Por contra en el personal directivo de mayor nivel la diferencia en favor de los hombres se reduce al 1,9%, con la llamativa excepción del Instituto Catalán de la Salud (ICS). Los directivos del ente que agrupa a los hospitales catalanes –y que ya presenta los salarios más altos de la administración, en ocasiones por encima del de los consellers– cobran de media 101.530 euros, un 10,1% más que sus homólogas mujeres (91.241 euros).
Esta desigualdad entre los directivos casi desaparece entre los facultativos de base. La retribución anual media de las médicas del ICS es de 46.191 euros, solo 190 euros más que el de los hombres. Del total de 21 categorías de empleo público analizadas, en solo tres hay una retribución media más alta para las mujeres (y con un máximo del 2,6%). En cambio la brecha salarial a favor de los hombres llega hasta el porcentaje del 12,2% en la categoría de técnico de la administración.
De media, los hombres funcionarios con plaza fija en la Generalitat cobran un 18,5% más que las mujeres, una brecha salarial que se reduce casi a la mitad (9,4%) entre el personal eventual. Los 'mossos' cobran de media 40.043 euros, un 3,9% más que las 'mosses', una brecha que crece hasta el 4,9% entre los funcionarios de prisiones (36.880 euros) en comparación con sus compañeras (35.058 euros). Por contra, la retribución de las bomberas (40.714 euros) es un 1,1% mayor que la de los bomberos (40.256 euros).
La desigualdad salarial en la policía autonómica se explica en buena medida por las diferencias entre lo que cobra la escala superior del cuerpo. En esta categoría la brecha asciende al 31,4%. Los mandos de los Mossos reciben de media retribuciones de 62.211 euros por 42.697 las mujeres de la misma categoría. Uno de los objetivos de la conselleria de Interior en esta legislatura es “feminizar” la escala de mandos del cuerpo,.
Además de las diferencias salariales, el estudio también constata que el techo de cristal en la Generalitat se ha empezado a romper pero sigue existiendo para las mujeres. No solo porque nunca en la historia Catalunya haya tenido una presidenta, sino también porque pese a que las mujeres conforman el 63% del personal de la Generalitat el porcentaje se va reduciendo a medida que se sube en el organigrama laboral.
La ley de igualdad establece que la representación paritaria es aquella en que ningún sexo tiene una presencia superior al 60% ni inferior al 40%. Si bien se cumple con este baremo en el conjunto de altos cargos (un 43% están ocupados por mujeres) y en los departamentos (ocho conselleres por seis consellers), el análisis más detallado aflora ciertos déficits de mujeres en algunos puestos de responsabilidad. Es el caso de las secretarías generales: solo un 26,7% de los 'números dos' de la conselleries son mujeres. El porcentaje crece hasta el 46,4% entre las direcciones generales y se eleva hasta el 61,4% entre las direcciones de servicios de las distintas conselleries.
Respecto al tipo de empleo, las mujeres son mayoría (63%) entre los médicos, porcentaje que se eleva al 89% entre el personal sanitario no facultativo. El funcionariado de la administración de justicia también está altamente feminizado (78%), y en cambio es una notoria minoría entre los Mossos (21% de mujeres), Bomberos (2%), Agentes Rurales (13%) y personal penitenciario (37%).
Uno de los principales motivos que explican el techo de cristal es que las mujeres todavía asumen la mayor parte de los cuidados familiares, lo que les dificulta la compaginación con su carrera laboral. El informe del Govern también da cuenta de siguen siendo una minoría los hombres que piden las medidas de conciliación a la administración. Fueron las mujeres quienes pidieron un 91,9% del total de reducciones de jornada para cuidar a un hijo menor de 12 años el año pasado.
El resto de reducciones de jornada también fueron solicitadas en su casi totalidad por empleadas públicas: la que permite cuidar de un hijo menor con cáncer o enfermedad grave fue solicitada en un 86,1% por mujeres, casi mismo porcentaje que la reducción de jornada para cuidar de un familiar con una discapacidad (82,9%). El mayor porcentaje de hombres (20,3%) que se registra como solicitantes de reducción de jornada es para la relativa a un “interés particular”, es decir, que no implica necesariamente el cuidado de familiares.
Al margen del mapa de la discriminación en la administración catalana, el estudio también incluye indicadores de género en las partidas presupuestarias que el Govern ha llevado al Parlament. El informe celebra que las partidas que tiene en cuenta su impacto de género han pasado del 39% en el proyecto de 2020 al 59% en los presupuestos para 2022, e identifica además 362 actuaciones del plan estratégica del Govern en favor de la igualdad de género incluidas en los distintos programas presupuestarios por valor de 127,3 millones de euros.
Uno de cada cinco programas, con sensibilidad verde
Además del informe de los presupuestos con perspectiva de genero, Economía ha elaborado otro desde el punto de vista medioambiental. Además de recoger las previsiones de evolución climática, de temperaturas y de emisiones de CO2, el Govern evalúa cuantos de los programas económicos tienen algún “marcador de Rio”, es decir, están total o parcialmente orientados a objetivos ambientales. Según el informe, en el proyecto de presupuestos catalanes presentado este martes, un 19,8% de los programas cumple con esta característica. En concreto, un 8% de ellos por tener como orientación principal algún objetivo relacionado con el clima, un 13% por tener una orientación significativa en este ámbito y el resto, un 3%, por tener alguna relación.
Entre los que tienen objetivos climáticos como punto principal destacan las partidas para la conservación y protección del medio, las políticas de sensibilización, las inversiones en regadíos y en reestructuración parcelaria, las políticas de ciclo del agua o lo que se destina a la modernización de las empresas agrarias y pesqueras. Entre las partidas que cuentan también como comprometidas con la transición energética destacan las que tienen que ver con la promoción ferroviaria, la prevención de incendios o el tratamiento de residuos.
El Govern se fija también en la fiscalidad a la hora de evaluar si los presupuestos son suficientemente sostenibles. Entre otras cuestiones destaca que hasta el 77% de sus ingresos por tributos propios tienen relación con la fiscalidad verde y que el peso de estos impuestos se ha doblado desde 2020, pasando de representar el 0,5% del total de ingresos a un 1,3% en las actuales cuentas. El peso del “gasto verde” es otro de los indicadores que utiliza el informe, para concluir que en el proyecto presentado este martes, un 6,1% de las inversiones entran en esa categoría.