La Inspección de Trabajo de la Generalitat ha sancionado a Cabify con 431.275 euros por supuestamente beneficiarse de una “cesión ilegal” de trabajadores a través de dos empresas subcontratistas y una ETT. Tras una actuación que ha durado un año, los inspectores han concluido que al menos 120 trabajadores se ven perjudicados “porque se les aplica un convenio colectivo inferior al que les correspondería” si estuviesen contratados “directamente” por Cabify.
La propuesta de sanción, contra la que los afectados pueden presentar alegaciones, no solo afecta a Cabify, sino también a las demás empresas implicadas. Las dos subcontratistas, López Rubio y Proinventia, con 243.000 en conjunto, y la ETT JT Hiring, con 60.000. En un comunicado, la Inspección de Trabajo comunica además a los empleados que “pueden solicitar judicialmente” ser contratados.
“Los perjuicios que sufren estas personas trabajadoras se ven reflejados en inferiores condiciones económicas, vacaciones, permisos y menor capacidad de representación sindical y judicial”, prosigue la Inspección de Trabajo. Se trataría en su mayor parte de conductores de la flota que opera con Cabify pero que están empleados por las empresas titulares de los vehículos. La conclusión de los inspectores es que las subcontratas “suministran mano de obra ilegal” a Cabify.
Cabify sigue operando en Barcelona con su modelo de licencias VTC. Aunque amenazó con dejar la ciudad cuando se aprobó el decreto que fijaba una precontratación de 15 minutos para sus servicios, al final acabó volviendo.