La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha recibido un espaldarazo legal este martes en la causa que la mantiene investigada por las subvenciones otorgadas a entidades sociales. La interventora municipal de Barcelona encargada de supervisar las ayudas entre 2015 y 2020 ha defendido su plena legalidad, tanto administrativa como penal, y ha respaldado que eran de “interés público”.
La defensa de la alcaldesa, que ejercen los letrados Olga Tubau y Àlex Solà, volverá ahora a pedir el archivo del caso, esta vez con la declaración de la interventora como pilar. La alta funcionaria, según fuentes jurídicas, ha detallado al juez que en todos los expedientes que analizó constaba el “interés público” de las ayudas a entidades como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) porque llevaron a cabo acciones en defensa de colectivos vulnerables. También ha remarcado que estaba “justificada” la imposibilidad de concurrencia, esto es, que la subvención fuera directa sin concurso.
La interventora ha desmontado las acusaciones que la opaca Asociación por la Transparencia vierte sobre ella en su querella que dio inicio al caso. La entidad asegura que la funcionaria puso reparos y advirtió de la ilegalidad de algunas ayudas. En realidad, según ha contado la interventora, no hizo avisos de este tipo, ya que hubieran comportado la suspensión automática de los expedientes y su comunicación a Fiscalía, algo que nunca ocurrió.
Lo que sí hizo, ha detallado la interventora, fueron dos recomendaciones, pero que no tenían el rango de advertencia legal. La primera, que la subvención, en el siguiente ejercicio, se concediera pero dentro de la dotación presupuestaria del área de servicios sociales, para que además del control legal hubiera un control político del pleno municipal. Así lo hizo el consistorio en 2020, el primer año que pudo hacerlo ya que en 2018 las cuentas se prorrogaron.
Además, la interventora ha explicado que en algunas subvenciones en las que más del 75% de su importe iba destinado a gastos de personal se podría haber considerado una relación contractual y se tendría que haber licitado un contrato, pero que desde la gerencia de servicios sociales se hicieron alegaciones negándolo y les dio su visto bueno.
En cualquier caso, ha recalcado la interventora, la alcaldesa tiene delegadas todas las competencias para conceder las subvenciones, y no participa en la tramitación de los expedientes, tal y como explicó en su declaración la propia Colau. La alcaldesa detalló que se limitó al formalismo de firmar el decreto de las subvenciones en la reunión de la Comisión de Gobierno municipal una vez superado todo el trayecto administrativo.
En suma, la declaración de la interventora supone una tregua judicial para la alcaldesa, que este lunes vio como la Audiencia de Barcelona ordenaba su imputación en una segunda causa, esta vez a cuenta de la querella de un fondo buitre por la actuación municipal con seis familias vulnerables que ocupaban un inmueble.
En el partido de Colau se muestran convencidos de que el caso de las ayudas terminará archivado habida cuenta de que la Fiscalía Anticorrupción ya descartó en julio que las subvenciones fueran delictivas. Tras la declaración de la alcaldesa, fuentes fiscales manifestaron que la investigación judicial y las pesquisas abiertas y archivadas por el Ministerio Público eran casi idénticas, en línea con lo alegado con la defensa de Colau.
Ahora el caso se encuentra a la espera de que el juez decida sobre una nueva batería de diligencias solicitadas por la Asociación por la Transparencia, que quiere mantener vivo el caso, lo contrario que la alcaldesa, que desea tener un horizonte penal lo más despejado posible de cara a las municipales de dentro de un año. De la decena de querellas que ha recibido el consistorio de hoteleros, multinacionales y fondos buitre, por ahora ninguna ha prosperado hasta el juicio: bien se han archivado bien se encuentran bajo investigación.