Los problemas judiciales no cesan para Josep Lluís Alay. El jefe de la oficina de expresident de Carles Puigdemont, investigado por la supuesta trama rusa del procés, irá a juicio en otra causa abierta por pagar con dinero público un viaje al referéndum de autodeterminación del territorio francés de ultramar de Nueva Caledonia en 2018.
La Audiencia de Barcelona ha desestimado el último recurso de Alay para esquivar el banquillo de los acusados y ha dado vía libre a la Fiscalía para que presente su escrito de acusación por los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos, este último castigado con penas de prisión.
En cuestión está un único gasto. Se trata de los 4.393,79 euros que la oficina de expresident de Puigdemont pagó en 2018 para que Alay asistiera de observador al referéndum de autodeterminación de Nueva Caledonia. Alay defiende que el viaje entraba dentro de sus funciones al frente de la oficina, pero la Fiscalía discrepa y entiende que el viaje era particular.
La Audiencia de Barcelona da la razón al Ministerio Público. En un auto al que ha tenido acceso elDiario.es, las magistradas de la sección 10ª concluyen que el correo electrónico que los independentistas de Nueva Caledonia enviaron a Alay pidiéndole participar en la campaña del 'sí' al referéndum era una “invitación personal y particular que no debió ser atendida con fondos públicos”.
Al ser una invitación a título personal, el viaje a Nueva Caledonia “no obedecía a en modo alguno” a las funciones que Alay tiene encomendadas como responsable de la oficina de expresident de Puigdemont, indican las magistradas, que afean además al político que “omitiera” el viaje en la memoria de actividades que la oficina debe presentar anualmente ante el Parlament.
Pese a las declaraciones de testigos favorables a su defensa, Alay no ha conseguido su exoneración antes del juicio. Dos testigos, entre ellos un interventor de la Generalitat, explicaron que el viaje podría haberse considerado irregular si se hubiera contratado a través de una agencia que no fuera la de la Generalitat o si no se hubieran presentado sus facturas.
Los testigos recordaron además que las oficinas de expresidentes tienen autonomía para gestionar su presupuesto, solo sujeto a controles formales. A ello se acoge también Alay, quien en su declaración ante la jueza alegó el gasto de más de 2.600 euros en ornamentos florales de la oficina de expresident de José Montilla para defender su viaje.
En cambio, para las magistradas, Alay estaba en “la obligación de devolver el dinero” si no quedaba acreditado “debidamente” que los fondos correspondían a un gasto contemplado por la ley de expresidentes por la que se crearon las oficinas de los antiguos inquilinos del Palau de la Generalitat. De hecho Alay devolvió los 15 euros gastados en peajes para desplazarse hasta la prisión de Lledoners para ir a visitar a los presos por los que la Fiscalía se querelló contra él en 2020.
La del viaje a Nueva Caledonia no es la única causa judicial que afronta Alay, pero sí la que está más avanzada. Todavía en fase de instrucción se encuentra el caso Voloh, donde Alay está investigado por la financiación de Puigdemont en Waterloo y sus contactos en Rusia para favorecer el procés. El juez también lo investiga por un negocio de petróleo con un supuesto espía ruso, pero en este caso la Fiscalía ha pedido el archivo al no ver delito.