Si el estallido del caso Palau supuso la desintegración del oasis catalán, la ejecución de su sentencia se ha convertido en una batalla entre élites catalanas. Muestra de ello es la amenaza de Junts per Catalunya contra la Fundación del Palau de la Música. El partido de Carles Puigdemont ha advertido de que se reserva demandar por daños y perjuicios al auditorio por la “temeridad” en que, a su juicio, incurrió el Palau al reclamarle que devuelva el dinero que Convergència saqueó a través de la institución cultural.
La advertencia de Junts al Palau es el último capítulo de la intrincada devolución del expolio que perpetraron los antiguos mandamases del auditorio, Fèlix Millet y Jordi Montull, así como de los 6,6 millones que Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) cobró en comisiones ilegales de Ferrovial a través del auditorio y cuyo reembolso se ha complicado por la disolución y las deudas que acumula el partido fundado por Jordi Pujol.
El pasado mes de marzo, la acusación particular que ejercen la Fundació Palau de la Música y el Orfeó Català en el caso del expolio pidió o a la Audiencia de Barcelona que reclamara a Junts y PDeCAT, como herederas de CDC, los 6,6 millones que debe devolver la extinta formación por cobrar comisiones a través de la entidad cultural. La Fiscalía y la Abogacía del Estado y de la Generalitat apoyaron la petición. Los magistrados, antes de decidir, pidieron la opinión de Junts y el PDeCAT.
En un duro escrito de alegaciones, al que ha tenido acceso elDiario.es, Junts no solo rechaza tener que devolver el dinero al no ser “sucesora” de Convergència, sino que también se reserva reclamar judicialmente una indemnización por daños y perjuicios al Palau “si así lo acaba acordando” el partido por los “daños reputacionales” que, según la formación, le ha supuesto la petición del auditorio.
Junts afea al Palau que quiera “involucrarle” en la devolución de las comisiones de Convergència “basándose en simples conjeturas, paralelismos o buscadas coincidencias”, algo vetado por la legislación. Argumenta la formación que el Palau no ha mostrado ni con documentos ni con pruebas de ningún tipo que Junts sea sucesora directa de Convergència, y por lo tanto tenga que devolver los 6,6 millones cobrados en comisiones.
Es más, Junts ve en la petición del Palau, presentada el pasado marzo, “una intencionalidad que va más allá del ámbito jurídico” con el objetivo de desgastar el partido en plenas negociaciones para formar Govern de la Generalitat. Todo ello ha generado en Junts un “evidente daño reputacional”, que lleva al partido de Puigdemont a reservarse entablar acciones civiles contra el Palau por daños y perjuicios.
La amenaza de Junts va dirigida a los integrantes de la Fundación del Palau de la Música, representantes todos ellos de la burguesía catalana tradicionalmente vinculada a Convergència. La presidenta de la Fundación es la empresaria Mariona Carulla, del imperio Agroaliment, y su patronato reúne a representantes de grandes empresas y entidades bancarias catalanas.
El Palau pidió que Junts y PDeCAT asumieran el dinero tras constatar que Convergència no podrá devolver por ella misma los 6,6 millones. En primer lugar porque las sedes embargadas a Convergència tienen un valor de 3,6 millones –tres millones menos que el valor del expolio. Y además esos 3,6 millones podían no acabar en las arcas del Palau y de Hacienda, ya que existe un conflicto entre el tribunal de la Audiencia de Barcelona, que quiere que el dinero sirva para resarcir al Palau, y la jueza de lo Mercantil que tramitó el concurso de acreedores del partido, quien mantiene que el dinero debe ir a los bancos y demás acreedores de la formación.