José María Asencio, juez: “Si se cierran los clubes de cannabis de Barcelona, las calles van a ser mucho más inseguras”

José María Asencio (Alicante, 35 años), titular del Juzgado Penal 11 de Barcelona, es un magistrado inusual. Por su juventud —entró en la judicatura con apenas 24 años— y por sus opiniones: defiende la despenalización de todas las drogas porque considera que la prohibición es la mejor gasolina para el crimen organizado. También defiende la presencia de los clubes de cannabis en la capital catalana, en un momento en el que el Ayuntamiento ha emprendido una ofensiva para cerrarlos todos.

Además de dictar sentencias, Asencio imparte clases, toca varios instrumentos, ha publicado una novela y un ensayo y asegura tener interés por prácticamente todo lo que le rodea: “Cada día trato de ver una película, hacer una hora de yoga y leer durante otra hora”, explica.

Usted se ha mostrado a favor de despenalizar el cannabis. ¿Por qué?

La prohibición obedece a la voluntad de imponer una moralidad determinada y al desconocimiento absoluto acerca de lo que significa la regulación de las drogas. Creo que es un ámbito de la libertad individual y el Estado no tiene por qué prohibirme que yo realice una conducta que no perjudica a los demás. La otra razón es pragmática: la prohibición genera delincuencia y esto lo pudimos ver durante la Ley seca, cuando floreció el imperio de Al Capone y toda la violencia asociada.

¿La prohibición genera violencia?

El criminólogo [Paul] Goldstein decía que hay tres violencias asociadas a las drogas: la que cometen los usuarios cuando las han consumido, la que cometen los adictos para conseguir dinero para sufragar su consumo y la más grave, la sistémica, que es toda la violencia vinculada a las drogas y a su mercado ilegal: las mafias, el control del territorio, los enfrentamientos entre bandas… Goldstein demostró con datos, hace ya décadas, que la mayor violencia asociada a la droga se producía por la prohibición de la misma.

Su postura puede resultar polémica, aunque cada vez hay más voces con un punto de vista similar. ¿Es una opinión más extendida en la judicatura de lo que parece pero hay miedo a exteriorizarla?

Algunos de ellos, no la mayoría, se muestran partidarios de acabar con la prohibición, pero no lo exponen públicamente. En el modelo de formación actual en la escuela judicial se les enseña que tienen que tener cierto cuidado al hablar con periodistas y creo que es un error. Un juez del siglo XXI tiene que estar en contacto con la realidad social. Su opinión respecto a temas vinculados con el derecho debería ser tenida en cuenta. 

¿La postura que tiene contra la prohibición del cannabis la tiene respecto a las otras drogas? 

Lo hago extensivo a todas las drogas. Empecé hablando de la legalización del cannabis, pero rápidamente hablé de todas las demás. Y voy más allá: la regulación de las demás drogas generaría efectos mucho más positivos que la regulación del cannabis. Porque es complicado adulterar el cannabis y que te produzca la muerte, pero es muy sencillo adulterar otras drogas como la cocaína o la heroína y causar la muerte a alguien. En el caso de que hubiera regulación habría un control sanitario que generaría que esa sustancia no te matara al instante.

Algunos jueces, no la mayoría, se muestran partidarios de acabar con la prohibición de las drogas pero no lo exponen públicamente.

¿Qué opina de la ofensiva del Ayuntamiento de Barcelona para intentar cerrar todos los clubes de cannabis de la ciudad?

Me parece un error. Desconozco las razones por las cuales se está haciendo porque no se han puesto de manifiesto. La única que se ha expuesto es el objetivo de terminar con la delincuencia y es un contrasentido. Si se cierran los clubes de cannabis las calles van a ser mucho más inseguras. Los consumidores van a seguir existiendo, van a seguir consumiendo y tendrán que recurrir a las mafias. ¿Qué ocurre cuando estas miles de personas recurren a las mafias? Pues que el crimen organizado tendrá más dinero, más ingresos, más nicho de mercado y más influencia. 

En todo caso, este modelo de clubes de cannabis actual en España, que implica tener un pie en la legalidad y otro fuera, ¿no ha contribuido también al auge de las mafias vinculadas al cultivo de marihuana?

Hay clubes [de cannabis] que no son clubes, no nos engañemos. Soy un firme partidario del sistema del asociacionismo cannábico, de lo que soy un detractor acérrimo es de esos locales que bajo la apariencia de club cannábico se utilizan incluso para traficar con otras sustancias. Pero para acabar con eso hay que fomentar el asociacionismo cannábico que cumple una función social importante. Además de reducir la delincuencia, cumple una función de educación acerca del cannabis esencial. Conozco asociaciones cannábicas que cuando detectan un socio que tiene un consumo excesivo hablan con él. 

Eso nunca lo haría un camello.

Todo lo contrario. Al sistema del asociacionismo no le interesa crear adictos, porque no tienen ánimo de lucro si están configurados como deberían estarlo. Pero que no tengan ánimo de lucro no significa que la gente que trabaja en el interior de los clubes lo deba hacer por amor al arte, cuidado.

¿Por qué cree que aquí vamos al revés? EEUU, Alemania, República Checa, Canadá… Están o han pasado por procesos regulatorios del cannabis.

Lo desconozco. No sé cuál ha sido el comité de expertos, si acaso lo ha habido, que ha asesorado al Ayuntamiento de Barcelona para cerrar los clubes cannábicos y tomar una decisión de este calado, que va a redundar en perjuicio de toda la sociedad por el aumento de la delincuencia. Al menos se debería haber consultado a partidarios y detractores. Que yo sepa no se ha consultado al asociacionismo, tampoco a criminólogos… Igual sí que se ha hecho y desconozco por qué no se ha hecho público. 

Como titular de un juzgado penal, ¿Qué porcentaje de los casos que juzga están relacionados con drogas? 

De la veintena que tengo a la semana, debe haber uno o dos relacionados con el tráfico de drogas. Pero luego me llegan cada semana muchos delitos relacionados con la falta de concienciación y educación acerca del consumo de drogas. Delitos contra el patrimonio, hurtos de poca monta, robos… Cometidos por personas que destrozaron su vida con las drogas, a las que les faltó información en su día. De esos tengo muchos. Si bien es cierto que están tipificados en el Código Penal con penas de prisión, yo no creo que sea lo más ideal, porque son personas que han cometido delitos por su adicción a las drogas y sería necesario otro sistema para reinsertarles en la sociedad. 

¿Debe ser el derecho penal la referencia para abordar este tipo de casos?

Siempre digo que desgraciadamente hay más delitos que pecados y el Código Penal es exageradamente grande y esto es incompatible con un Estado democrático. Cuando más grande sea el Código Penal, menos democrático será un Estado porque, según el principio de intervención mínima, el derecho penal debería ser la última ratio.

Es complejo porque en el momento en que estas personas aceptan formar parte de una estructura criminal que comete otros delitos, relacionados con el patrimonio o la trata de personas, creo que debe tener un castigo. No es lo mismo el que tiene cuatro o cinco plantas de marihuana y vende, que la persona que acepta formar parte de una estructura criminal con todo lo que ello conlleva. 

¿Cuál sería la alternativa?

Creo que tal vez la educación: el ingreso en un centro de día para algunas personas, la obligatoriedad de seguir ciertos cursos…

¿Qué perfil de gente que le llega al juzgado trafica con drogas?

Suelen ser gente joven, fundamentalmente migrantes, que residen en pisos ocupados... No sé cómo consiguen las sustancias. Suelen ser gente que compra y vende y forman parte de la estructura del crimen organizado en el sentido más amplio, como el eslabón más pequeño o de menos importancia. No son grandes delincuentes.

“La penalización del cannabis, la cárcel por cultivo o venta de estas sustancias, destroza más vidas de las que salva”, leí en un artículo suyo. 

Sí, sin duda. La prisión no es la solución y no debería serlo para una gran cantidad de delitos. Hay muchísimas personas que cometen ciertos hechos delictivos debido a circunstancias de su vida o a la falta de educación. Al mismo tiempo, soy partidario de endurecer hasta último término las penas de ciertos delitos, fundamentalmente sexuales o contra las personas en general. 

La prisión no es la solución y no debería serla para una gran cantidad de delitos.

¿Se ha visto en la tesitura de tener que dictar condenas por drogas aunque creyera que eran contraproducentes para la sociedad o para el futuro de los acusados?

Sí, por supuesto, pero es que es mi trabajo. Consiste en aplicar la ley y debo de hacerlo me guste o no. ¿A veces se me hace duro? Sí, cuando veo ciertas personas que son realmente víctimas de un sistema… Gente con adicciones, que cometen delitos que no son violentos, fundamentalmente contra el patrimonio.

La vía administrativa tampoco es que sea muy favorable con el ciudadano. España es el país europeo en el que más multas se ponen relacionadas con el cannabis, a pesar de que ocupa el cuarto lugar en cuanto a consumo. ¿Qué opina de la Ley de seguridad ciudadana?

La 'ley mordaza' no tiene ningún sentido. En España es legal consumir drogas siempre y cuando sea en un ambiente privado, pero está penalizado a nivel administrativo o incluso a nivel penal en función de la cantidad o el conjunto de sustancias que se transporten. ¿Cómo se llevan las sustancias a una casa? 

En la norma se da por hecho que consumir o tener drogas en la vía pública atenta contra la seguridad de los ciudadanos.

Es del todo paradójico. El otro día conversaba con un amigo que se dedica a la política y yo defendía los beneficios de la regulación desde un punto de vista pragmático. Me respondía “ya, pero es que las drogas son malas”. Nos estábamos tomando una botella de vino y le dije: “Tío son las tres de la tarde y nos hemos tomado dos cervezas y medio botella de vino cada uno”. 

El alcohol también es nocivo y nadie se plantea prohibirlo.

Según la OMS, la droga que más muertes causa al año es el tabaco. El alcohol sería la primera si no fuese porque la estadística es a nivel mundial e incluye a los países musulmanes, donde apenas se bebe. Si no, la más mortífera sería el alcohol. Todo en exceso es malo. Por eso falta una campaña de concienciación.

¿Cómo habría que hacerlo?

El dinero que se gasta en policías para reprimir el tráfico ilegal de drogas se podría invertir en campañas de educación y concienciación acerca de los efectos que producen. Incluso si fuesen legales, estarían sujetas al correspondiente impuesto, como el tabaco y el alcohol, y ese dinero podría invertirse en campañas de concienciación y educación. La cantidad de dinero que se ahorraría es ingente.

Usted defiende que, con nuestra Constitución, se podría despenalizar la posesión de drogas.

Por supuesto que sí. La regulación es mucho más acorde con la Constitución que la prohibición. La Constitución reconoce la libertad en varios preceptos y hay uno que dice que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de los individuos sean reales y efectivas. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Constitucional también dicen que las normas que garantizan derechos fundamentales tienen que interpretarse de la forma más extensiva posible. Y las normas que lo restringen tienen que interpretarse de la forma más restrictiva posible.

Usted llegó a la judicatura a los 24 años. ¿Por sus opiniones y su juventud, sus compañeros le han visto como a un bicho raro?

Solo me veían como una persona joven, creo que ahora también... Cuando aprobé había cuatro o cinco de mi promoción que eran también muy jóvenes. Mi primer destino fue Salamanca y ahí la judicatura es bastante mayor. Me acuerdo en mi primer juicio que, cuando entré en la sala, los abogados me miraban con cara rara como si fuese un programa de cámara oculta o yo fuese el becario. En todo caso creo que la edad no es ningún hándicap, hay ignorantes de 15 y de 80 años. Mi mejor amigo tiene 78 años, lo considero un segundo padre y disfruto charlando con él.

Desde fuera se ve a la mayoría de la judicatura cómo un colectivo entrado en edad, mayoritariamente conservador y proveniente de familias acomodadas debido al filtro que suponen las oposiciones. ¿Esto afecta después a la interpretación que se hace de nuestro código penal?

Esto no es del todo cierto. Según las estadísticas de la escuela judicial, creo que menos del 10%, hablo de memoria, tienen un familiar juez o magistrado. Eso de que la carrera judicial es endogámica y pasa de jueces a jueces no lo compro.

Me refería más al estrato social del que provienen los jueces. Hay poca gente que, al acabar la carrera, pueda tirarse tantos años dedicados exclusivamente a estudiar las oposiciones para ser juez.

Es cierto que como tienes que mantenerte, las familias tienen que hacer un esfuerzo y [las oposiciones] requieren estudiar a tiempo completo, aunque tengo algunos amigos que con mucho esfuerzo se sacaron la oposición mientras trabajaban. Yo soy nieto de fontanero, mi padre fue fontanero desde los 14 años, luego trabajó de botones en un banco y mientras trabajaba, estudiaba por las noches y ahora es catedrático de derecho procesal en Alicante. Muchos de los catedráticos de los 80 o 90 no eran personas que provenían de familias pudientes en su mayoría.