¿Cambiar a medio curso el sistema de inmersión lingüística porque una familia lo pide perjudica al resto de padres y madres favorables a mantener el catalán como lengua vehícular? Los jueces han respondido por primera vez a esta pregunta y han dado un 'no' por respuesta. La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) supone reafirmar las resoluciones que acaban con la inmersión en víspera de que el 25% de clases en castellano deba implantarse ya no solo en centros concretos, sino en el conjunto del sistema educativo catalán.
Se trata de una resolución relevante por el contexto en el que se produce, con el Govern intentando sortear la aplicación del 25%, y, en especial, porque era la primera vez que un grupo de familias partidarias del sistema de inmersión lingüística en catalán pedían amparo a los jueces que habían ordenado acabar con este sistema en el aula de sus hijos. Eran los padres de la escuela Turó del Drac de Canet de Mar (Barcelona), que saltó al foco nacional por las amenazas que recibió la familia de la niña de P5 que pidió el 25% de castellano, y sirvió de paso a la derecha para reiterar sus bulos sobre la escuela catalana.
Contrariadas por el ruido generado por los políticos, las familias de Canet que vieron cómo los jueces cambiaban el sistema de inmersión a medio curso decidieron personarse en la causa judicial. Su abogado, Benet Salellas, pidió a los magistrados que, hasta que no resolvieran el fondo del pleito, dejaran sin efecto la medida cautelar del 25% de castellano, algo que han rechazado los jueces.
Las familias alegaron que no existe un derecho de los padres a escoger la lengua vehicular de escolarización, sino que esa es una cuestión que compete al Parlament y a la Generalitat. En el supuesto de que el TSJC creyera que sí existe ese derecho, la treintena de familias argumentaron que la orden judicial les había dejado en situación de desigualdad, por lo que el tribunal debería, al menos, ampararles y ofrecerles una explicación sobre por qué prioriza la petición de una única familia para acabar con la inmersión en su aula.
El tribunal despacha en menos de un folio la extensa argumentación de la treintena de familias de Canet para concluir que no hay perjuicio alguno en el cambio de sistema de lengua vehicular. “No se puede identificar un daño a los alumnos del curso afectado por el hecho de que se aplique un sistema de conjunción lingüística [el 25% de castellano]”, resuelven los jueces, en un auto al que ha tenido acceso elDiario.es.
El TSJC se apoya en un pilar que ya le sirvió para dejar claro que la nueva ley educativa que pactaron el Gobierno central y ERC, en contra de lo mantenido por los republicanos, no blindaba la inmersión en catalán. Se trata de la reiterada doctrina desde la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, que estableció que catalán y castellano debían ser lengua vehicular del sistema educativo “sin que se pueda reconocer a los usuarios del servicio un derecho subjetivo a escoger lengua o a una enseñanza monolingüe”, recuerda el TSJC.
Este “imperativo constitucional”, argumenta el TSJC, coincide con una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de 1968 sobre el francés en las escuelas flamencas de Bélgica. Cabe recordar sin embargo que esa sentencia europea no imponía ningún porcentaje de francés, como ha hecho el TSJC en Catalunya con el 25% de castellano, sino que avalaba la decisión del Gobierno belga de fijar ese porcentaje de francés en las escuelas flamencas.
Se da la paradoja de que la sentencia europea significa una cosa para el TSJC y la contraria para las familias partidarias de la inmersión. Según los jueces, respalda la fijación de un 25% por parte del tribunal, mientras que para las familias muestra que los jueces decidieron por su cuenta y de forma “arbitraria” un porcentaje que, en cualquier caso, corresponde fijar al poder Ejecutivo o Legislativo. “No existe un criterio educativo explicitado en ningún argumento ni informe, ni ningún dato ni argumento concreto que justifique ese 25% más allá de una constante remisión a las propias decisiones del tribunal”, recalcaron las familias. El tribunal tendrá que volver a pronunciarse sobre esta cuestión cuando resuelva el fondo del pleito.
El plazo para el 25% en todas las escuelas, a punto
Al margen del caso de las familias de Canet, este viernes finaliza el plazo que el TSJC dio a la Generalitat para implantar el 25% no solo en la cincuentena de escuelas donde una familia lo había pedido, sino en el conjunto de centros escolares de Catalunya. Las distintas partes en conflicto van revelando sus posiciones. La principal incógnita sigue siendo qué hará la Abogacía del Estado, cuya demanda, interpuesta bajo el Gobierno del PP, fue el origen de la sentencia que ha acabado con la inmersión.
La Abogacía, que depende del Gobierno, todavía no ha avanzado si instará a la ejecución forzosa de la sentencia del 25% una vez termine el periodo para que la Generalitat lo haga de forma voluntaria. El Govern ya ha anunciado este martes que no piensa incluir en los currículums escolares ni un 25 ni ningún otro porcentaje de castellano. Ello no quiere decir, según razona el Govern, que desobedezca la sentencia del TSJC, aunque los jueces ya han dejado muy claro que el porcentaje de castellano debe ser del 25%.
“El marco normativo garantiza el aprendizaje de catalán y castellano sin aplicar porcentajes porque no son una medida pedagógica”, ha zanjado el conseller de Educación, Josep González Cambray este martes en la presentación del nuevo decreto lingüístico. Por su lado, la Fiscalía ha advertido de que son en primer lugar los directores de cada colegio, y no el conseller o los altos cargos del departamento, los “llamados a cumplir el mandato judicial” del 25%.
Para las familias contrarias a la inmersión el planteamiento del Govern no sirve, y quieren personarse el lunes en la causa judicial para obligar a la Generalitat a aplicar sin dilación el 25%. La Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) ha avanzado que pedirá al TSJC que envíe instrucciones “directas” a todos los centros ante la “desobediencia” del departamento. Antes será necesario que el TSJC reconozca a la AEB suficiente legitimidad como para pedirlo, por lo que entidad y otras plataformas ultiman un llamamiento a las familias contrarias a la inmersión para sumarse a la causa judicial.
Hay un último actor en el pleito: Òmnium Cultural solicitará personarse en la causa de las familias de Canet, en su caso para defender la inmersión. Su nuevo presidente, Xavier Antich, ha explicado que la entidad ha sufragado tres pruebas periciales aportadas al TSJC, una demolingüística, una sociolingüística en la escuela y una sociolingüística en los medios de comunicación que muestran el retroceso del catalán. El conflicto por el catalán no solo se vivirá en los tribunales: este miércoles está convocada una huelga educativa y una manifestación en defensa de la inmersión, a la que sí se ha sumado el Govern tras la masiva huelga de docentes de la semana pasada para revertir los recortes.