Un juez de Andorra ha admitido a trámite una querella del Instituto Andorra de Derechos Humanos y el colectivo de juristas Drets contra el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, su exnúmero dos Francisco Martínez, el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, y el exdirector general de la Policía Ignacio Cosidó por presuntas coacciones al Gobierno andorrano y falsedad documental para obtener datos bancarios de la BPA de la familia Pujol así como información sobre eventuales cuentas en Andorra de líderes independentistas.
En un auto, adelantado por el Diari d'Andorra y al que ha tenido acceso elDiario.es, el juez andorrano admite a trámite la ampliación de la denuncia inicial así como una nueva querella contra Rajoy y los exministros por los presuntos delitos de coacciones de órganos constitucionales andorranos y falsedad documental. El juez añade que practicará las diligencias “que se estimen oportunas” para esclarecer los hechos, pero por el momento no las ha concretado.
Según los querellantes, las presuntas coacciones se enmarcan en la visita oficial que Rajoy y Montoro hicieron en enero de 2015 en Andorra, cuando se reunieron con el entonces jefe de gobierno andorrano, Toni Martí, y los ministros Jordi Cinca, Gilbert Saboya y Jordi Alcobé. La visita, según los denunciantes, tenía el objetivo de obtener información de los líderes independentistas catalanes.
A criterio de ambas entidades, los exresponsables del Gobierno del PP “desplegaron una estrategia política basada en una falsedad [la investigación por blanqueo del BPA por parte de EE. UU.] creada por el Ejecutivo de Rajoy para que el Gobierno de Andorra tomara unas decisiones concretas e irreversibles que han resultado perjudiciales para la imagen bancaria del país y la credibilidad internacional”.
“Existe un nexo causal –prosigue la querella– entre la visita del Sr. Rajoy en enero y la tormenta bancaria del 15 de marzo de 2015 que partió de una Notice del FinCEN de EE. UU. donde se puso en entredicho toda la plaza bancaria andorrana, porque el Gobierno andorrano, que ya estaba avisado, y las autoridades supervisoras, actúan de forma coordinada e inmediata contra la entidad, pero cuatro años después todavía no se saben de qué casos de blanqueo se trataba”.
La querella es una ampliación de la causa abierta en el principado desde hace dos años contra los antiguos integrantes de la brigada política de la Policía, que durante el mandato de Fernández Díaz se dedicó a fabricar informes sin mandato judicial contra los independentistas y Podemos para desacreditar a los adversarios políticos del Gobierno. Permanecen investigados, entre otros, el exDAO Eugenio Pino.