Un gran propietario ha logrado autorización judicial para abrir 120 pisos turísticos en un solo bloque de Barcelona. La inmobiliaria Gallardo, propietaria del bloque afectado de la calle Tarragona de la capital catalana, ya ha empezado a no renovar los contratos de alquiler de los vecinos y a sustituir las viviendas por apartamentos turísticos.
La autorización judicial, adelantada por RAC-1 y El Periódico, impacta en una precampaña municipal en la que los temas estrella son los excesos de los visitantes en la ciudad, la búsqueda empresarial de los beneficios del turismo a costa del barcelonés de a pie y los precios por las nubes de los alquileres.
El bloque de la calle Tarragona sintetiza buena parte de los problemas de Barcelona: sustitución de vivienda residencial por turística debido a sus mayores beneficios, con la consecuente expulsión de vecinos y gentrificación de los barrios.
La inmobiliaria encontró una brecha para su objetivo después de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya anulara en 2019 el plan urbanístico de Ada Colau que prohibió la apertura de nuevos alojamientos turísticos en varias zonas de la ciudad.
Los motivos para tumbar el plan fueron meramente técnicos. Los magistrados, al contrario que los empresarios que recurrieron el plan, defendieron que regular los alojamientos obedece al interés general, ya que Barcelona es “exponente de las secuelas” del turismo en los vecinos. Sin embargo, anularon la normativa porque el Ayuntamiento no calculó el coste de desarrollarla ni cómo financiarla.
En general, los propietarios y hoteleros buscaron sortear el plan hotelero impulsando pisos de lujo, alquileres para extranjeros, viviendas y oficinas. La inmobiliaria Gallardo, por contra, entendió que la sentencia del TSJC era una brecha que le permitía abrir los pisos turísticos.
Pese a que el Ayuntamiento recurrió la sentencia del TSJC ante el Tribunal Supremo y, en paralelo, redactó un nuevo plan para vetar la apertura de hoteles, la inmobiliaria Gallardo pidió las licencias para abrir pisos turísticos. En un primer momento, el Ayuntamiento las denegó, pero la propiedad recurrió a la Justicia, que le dio la razón en verano.
En los últimos meses, la inmobiliaria ha dejado de renovar los contratos de alquiler a los inquilinos. Cada piso que quedaba vacío se tapaba con una plancha metálica, y a renglón seguido empezaban las obras para transformar la casa en un piso turístico. Los vecinos se quejan del ruido de las obras y de la previsible difícil convivencia entre los inquilinos que quedan y los turistas.
La inmobiliaria alega que todo el proceso ha sido legal. También será muy lucrativo: una vez complete la sustitución de viviendas residenciales por turísticas, la empresa podrá obtener hasta seis veces más beneficios con los alquileres. Para muestra, en los conciertos de Coldplay del próximo mes de mayo, los nuevos pisos turísticos de Tarragona 84 ya se ofertan por casi 600 euros la noche.
En declaraciones a la prensa, la teniente de alcaldía de Urbanismo, Janet Sanz, ha evitado la autocrítica y ha pedido “cambios normativos” a la Generalitat y al Gobierno central para combatir esta situación, como por ejemplo una normativa que permita revocar licencias turísticas si causan molestias a los vecinos. “No compartimos la decisión judicial, pero no la podemos recurrir, la realidad es la que es”, ha apostillado.