El juez que investiga los pagos al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira por parte del F.C. Barcelona ha imputado al club por cohecho, esto es, soborno. Entiende el juez que ya se ha consumado el delito por el mero hecho de haber existido los pagos de 7 millones de euros durante dos décadas (que el club no ha negado, pero ha desligado de la corrupción y los ha vinculado con labores de asesoramiento).
El auto del juez Aguirre es contundente y abre la puerta a futuros problemas deportivos para el Barcelona en caso de condena. “El delito de cohecho se ha consumado al haberse realizado el pago, se demuestre o no la corrupción sistémica del arbitraje español a causa de tales pagos”, reza la resolución.
La nueva imputación (que se suma al reguero de delitos por los que ya están investigados el club y dos de sus expresidentes) se sustenta en dos patas. Pese a que el cohecho es un delito cometido por funcionarios, el juez sostiene, en base a jurisprudencia del Tribunal Supremo, que el excolegiado “desempeñaba funciones públicas” por su cargo en el CTA.
Entre estas “funciones públicas” que el instructor otorga a Enríquez Negreira están calificar a los árbitros así como decidir qué colegiados ascendían a Primera División o descendían a Segunda cada temporada. Durante los 18 años que el excolegiado estuvo en el CTA el Barça le pagó. Una vez cesó del cargo, terminaron los pagos.
“Por deducción lógica -expresa el juez en su auto- los pagos realizados por el F.C. Barcelona satisfacían los intereses del club en atención a su duración y al incremento anual”.
Sentada esta hipótesis, el juez remata: “Los pagos produjeron los efectos arbitrales deseados por el F.C. Barcelona, de tal manera que debió existir una desigualdad en el trato con otros equipos y la consiguiente corrupción sistémica en el conjunto del arbitraje español”. A renglón seguido, el juez matiza que las investigaciones de la Guardia Civil “podrán confirmar los extremos obtenidos por inferencia lógica” sobre el amaño de arbitrajes y la corrupción “sistémica”.
El nuevo salto en la investigación que indaga si los 7 millones que la entidad pagó al exárbitro durante casi 20 años buscaron influir en los colegiados ha llegado el mismo día que agentes de la Guardia Civil registran la sede del CTA en la Federación Española de Fútbol de Las Rozas en busca de documentos que confirmen la hipótesis inicial de las pesquisas.
El juez ya había acordado a principios de septiembre instar a la Federación a que remitiera el cuestionario realizado por el Comité Técnico de Árbitros a todos los árbitros profesionales del colectivo arbitral y sus respuestas.
También requirió el juez las circulares y comunicaciones por correo electrónico, carta o mensajes intercambiados entre el Comité, los cargos federativos y los árbitros “en relación” a Negreira y su hijo, así como el informe del departamento de integridad de la Federación remitido a la UEFA sobre el caso.