Movimiento judicial de relevancia sobre dirigentes independentistas en las horas clave de la negociación entre el PSOE y Junts para acordar la amnistía. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha decidido dirigir el caso por terrorismo relativo a las protestas de 2019 de la plataforma Tsunami Democràtic contra el eurodiputado y expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, la dirigente de ERC Marta Rovira y otras diez personas, entre ellas el director de la oficina del líder de Junts, Josep Lluís Alay.
En un auto, el magistrado ofrece a Puigdemont declarar voluntariamente antes de “cursar el correspondiente suplicatorio” al Parlamento Europeo. Con todo, cabe recordar que el juez García Castellón no puede enviar un suplicatorio a la Eurocámara, sino que tendría que hacerlo el Tribunal Supremo, órgano ante el que el expresident está aforado por su condición de parlamentario europeo. Antes de ese paso, el instructor de la Audiencia Nacional debería mandar una exposición razonada al Alto Tribunal.
El juez también ofrece al otro investigado aforado, el actual diputado de ERC en el Parlament Rubén Wagensberg, declarar de forma voluntaria. Sí están citados, aunque sin fecha, en la Audiencia Nacional como imputados Rovira (que vive en Suiza), Alay y el resto de investigados: el editor Oriol Soler, el exsecretario general de ERC Xavier Vendrell, los empresarios Josep Campmajó y Jaume Cabaní –investigados en Barcelona por financiar la estructura política de Carles Puigdemont en Bélgica–, el periodista J.R., el banquero N.F y los particulares M.M. y O.S.
“Rol de liderazgo”
Tras recibir la semana pasada la Guardia Civil el informe definitivo del caso, se daba por descontada la imputación de Rovira. Pero el juez García Castellón ha decidido ir más allá e incluir en las pesquisas a Puigdemont, a quien el instructor atribuye un “rol de liderazgo” en Tsunami en base a tres elementos: una conversación interceptada con otro investigado en la que hablan de la situación política y de las protestas y dos reuniones que aparecen en la agenda del director de su oficina de expresident, Josep Lluís Alay.
En la charla con Campmajó, según el auto, Puigdemont afirmó que se intentaba que el Gobierno “se pusiera las pilas”, y ante la magnitud de las protestas de Tsunami señaló que no era “bueno” que la gente “pasara por encima del Govern”, tal y como valoró su interlocutor. Respecto a la agenda de Alay, el juez menciona dos reuniones, del 29 y el 31 de agosto de 2019 en Ginebra “donde pudo haberse planificado la actuación” de Tsunami, si bien el instructor no ubica directamente al expresident en los encuentros. La tercera pata es un mensaje de Alay a un periodista en el que le indica que Òmnium “informará” presumiblemente a Puigdemont de la presentación de Tsunami.
Con solo estos tres indicios el juez ha decidido proceder penalmente contra Carles Puigdemont, coincidiendo con los momentos decisivos de la negociación entre el PSOE y Junts. La decisión del juez llega después de días de pronunciamientos públicos contra la amnistía de los sectores conservadores de la judicatura y las fuerzas del orden.
El magistrado abrió la causa de Tsunami en 2019 por terrorismo y la mantuvo secreta más de tres años, hasta que los magistrados que revisan sus decisiones le instaron a justificar por qué mantenía vedado el acceso a las actuaciones a las defensas. El juez García Castellón también es conocido por las correcciones que ha recibido en otras causas que afectan a Podemos y por su negativa a sentar al PP en el banquillo por el caso Kitchen.
En la causa de Tsunami, el juez tendrá que abordar previsiblemente una petición de las defensas para que se aparte de la causa debido a sus declaraciones sobre la amnistía. Dijo que, como juez, no le era posible pronunciarse sobre la cuestión porque instruía causas relacionadas con el independentismo –las citadas CDR y Tsunami– pero adelantó que hablaría “como ciudadano”. “La amnistía no está prohibida en la Constitución, pero en la Constitución tampoco pone que esté prohibida la esclavitud”, afirmó García Castellón en el Foro La Región.
Otegi, de testigo
Además de los investigados, el juez también ha acordado las citaciones de los primeros testigos del caso: el dirigente de Bildu Arnaldo Otegi tendrá que testificar sobre una de las reuniones en Ginebra (que fueron públicas pocos días después de celebrarse) así como sobre “el conocimiento que pudiera tener sobre la planificación y aparición” de Tsunami. Por los mismos hechos ha citado a la secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta.
Las reacciones de Puigdemont y de ERC a la decisión judicial no se han hecho esperar. A través de X (el antiguo Twitter), el expresident ha cargado contra “el golpe de Estado permanente” que, a su juicio, supone el avance de las pesquisas. “Mientras no cierren la puerta que el rey abrió con su discurso del 3 de octubre, siempre olerá a cloaca”, ha agregado.
En un comunicado, ERC ha considerado que las imputaciones son “la reacción previsible y antidemocrática de los poderes reaccionarios del Estado” contra la ley de amnistía, al tiempo que las ha definido como “un claro indiciador de la calidad y el alcance” de los acuerdos para la ley de olvido penal al que los republicanos han llegado con el PSOE. “Es un movimiento tan previsible como aberrante”, han apostillado desde la formación de Oriol Junqueras.