Las dos causas de la Audiencia Nacional que afectan a independentistas catalanes, y que serán incluidas en la amnistía al procés si las conversaciones para la investidura de Pedro Sánchez terminan en acuerdo, han experimentado relevantes hitos en las últimas horas, coincidiendo con la aceleración de la negociación política. Antes de que se conociera su contenido, importantes sectores de la judicatura y de las fuerzas del orden habían expresado públicamente su oposición frontal al proyecto de ley con afirmaciones como que su aprobación supondría “el principio del fin de la democracia”.
Este viernes ha sido puesto a disposición de las partes un informe del Servicio de Información de la Guardia Civil entregado al juez Manuel García Castellón este jueves –tres semanas antes de lo previsto por el propio cuerpo– que supone la recopilación final de indicios contra los implicados en la causa de Tsunami Democràtic, entre los que se encuentra la secretaria general de ERC, Marta Rovira.
El documento final de la Guardia Civil –una de las últimas diligencias pendientes del caso– no aporta grandes novedades respecto a informes anteriores. El Instituto Armado ya había analizado varios dispositivos telefónicos incautados en una causa de Barcelona que se incorporaron al sumario de la Audiencia Nacional.
El informe describe a Tsunami Democràtic como “una herramienta que sirvió como elemento desestabilizador y de presión política a través de la movilización social”, en referencia a las protestas que la plataforma independentista convocó en 2019 contra la sentencia del procés (el bloqueo de los accesos al aeropuerto o el corte de la autopista AP-7 en la frontera con Francia).
Con todo, el informe evita atribuir delitos concretos a los investigados y se limita a describir sus tuits o las conversaciones en redes de mensajería encriptada con las que presuntamente habrían organizado las protestas de Tsunami. De la secretaria general de ERC, Marta Rovira, quien permanece en Suiza por temor a ser detenida en España por la causa de Tsunami, los agentes dicen que “realizó cometidos de coordinación” de la plataforma, sobre todo en relación a la “búsqueda de apoyos institucionales y de su partido político”.
En manos de García Castellón
Fuentes de las defensas consultadas temen que la entrega del informe antes de lo previsto pueda acelerar las citaciones del juez a los investigados (en la causa todavía no ha declarado ninguno de los nombres que aparecen en los informes).
El desfile de imputados por la Audiencia Nacional pondría de nuevo el foco mediático en la causa de Tsunami, que el juez García Castellón abrió en 2019 por terrorismo y mantuvo secreta más de tres años, hasta que los magistrados que revisan sus decisiones le instaron a justificar por qué mantenía vedado el acceso a las actuaciones a las defensas.
La causa de Tsunami está instruida por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Al frente del mismo está Manuel García Castellón, que en el verano de 2023 solicitó una prórroga para permanecer en activo hasta los 72 años, edad que alcanzará en junio de 2024.
La instrucción de García Castellón en casos que afectan a miembros de Podemos –partido que integra el Gobierno de coalición– ha sido corregida en repetidas ocasiones por la Fiscalía, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y, en el caso de su intento de imputar a Pablo Iglesias cuando era vicepresidente del Gobierno, por el Tribunal Supremo.
Una y otra vez, la Fiscalía y la instancia superior le advirtió de que realizaba una investigación “prospectiva” y que vulneraba los derechos fundamentales de los fundadores de Podemos, a los que ni siquiera había atribuido la condición de investigados. Finalmente, la Sala obligó a García Castellón a cerrar la causa, si bien el juez aprovechó para deducir testimonio y dar pie a otra causa, también secreta, que instruye su juez de refuerzo, Joaquín Gadea, afiliado como él a la Asociación Profesional de la Magistratura.
“Todos los jueces tenemos ideología, pero eso no es un problema; el problema llega cuando se traspasa a la actividad pública”, dijo el pasado 5 de octubre García Castellón en un acto público celebrado en Ourense. El magistrado participaba en el Foro La Región, un periódico de la provincia gallega. El magistrado pasó la velada sentado junto a su amigo Julio Ariza, el empresario mediático referente de la extrema derecha que acaba de ser condenado por el concurso de acreedores de Intereconomía.
García Castellón aprovechó su intervención para referirse a una posible ley de amnistía. Dijo que, como juez, no le era posible pronunciarse sobre el asunto porque instruía causas relacionadas con el independentismo –las citadas CDR y Tsunami– pero adelantó que hablaría “como ciudadano”. “La amnistía no está prohibida en la Constitución, pero en la Constitución tampoco pone que esté prohibida la esclavitud”, afirmó García Castellón.
Los CDR, a juicio
El otro acelerón en una causa del procés de la Audiencia Nacional es el de los doce miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por terrorismo –ocho de ellos lo están además por tenencia de sustancias explosivas. El tribunal les ha enviado a juicio este viernes.
El tribunal que juzgará el caso, la sección 3ª, ha desestimado todas las peticiones de las defensas, tanto las cuestiones de fondo sobre la instrucción de García Castellón –que en la instrucción otra sección, la 2ª, sí había estimado– como de forma del sumario (las defensas alegan que la causa no está enteramente digitalizada y mal foliada).
Los magistrados no ven impedimento en que los preparativos del juicio continúen y han dado cinco días a la Fiscalía para presentar escrito de acusación. Pese a que no esperaban para dentro de unas semanas la apertura de juicio oral, fuentes de las defensas consultadas remarcan que la vista oral todavía tardará, toda vez que todos los investigados permanecen en libertad después de que la Audiencia Nacional sembrara la duda sobre las acusaciones de terrorismo.
Antes del juicio las defensas volverán a reiterar sus quejas por las formas en las que García Castellón instruyó el caso: las pesquisas sobre los CDR arrancaron a partir de otra causa secreta que, denuncian los abogados, el juez no les ha entregado en su totalidad, lo que cercena su derecho a la defensa.
El instructor sí tardó varias semanas en cumplir con la orden de los magistrados que revisan sus decisiones y entregar dos sumarios hasta entonces secretos a las defensas y que constataron que la causa de los CDR nació de otras pesquisas relativas al entorno de Carles Puigdemont y de la CUP.
Los vocales del CGPJ y la APM
Las novedades procesales en las causas de Tsunami y los CDR se producen tras 48 horas de pronunciamientos públicos de los sectores conservadores de la judicatura contra la amnistía. Ocho vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con el mandato caducado desde hace cuatro años, establecieron el marco de los acontecimientos el pasado miércoles, 1 de noviembre. El Día de Todos los Santos a mediodía, los ocho vocales, todos propuestos en su día por el Partido Popular, anunciaron la petición de una convocatoria de pleno para aprobar una resolución contra un texto desconocido entonces.
Antes de que acabara el día, festivo en toda España, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) lanzó un comunicado de prensa proclamando que el texto que se aprobara provocaría la “quiebra” de la separación de poderes y del principio de igualdad, el ocaso del Estado de Derecho, por tanto. Eran las 23:28 horas del mismo día en que los vocales del CGPJ habían dado el pistoletazo de salida a las iniciativas contra lo que suponían era un acuerdo inminente entre el PSOE y los independentistas catalanes.
La APM, de tendencia conservadora, es la mayoritaria entre el colectivo de jueces, si bien son superiores en número aquellos togados que no están afiliados a una asociación. Al día siguiente llegó el turno de Jupol, el sindicato más votado en las elecciones sindicales de la Policía, habituado a descalificar a los miembros del Gobierno con el argumento de la demanda de la equiparación salarial con los Mossos d’Esquadra.
La habitual intromisión en cuestiones políticas de Jupol –incluso en las funciones de del Parlamento, como ocurre con la exigencia de que el representante de la soberanía popular se pliegue a sus exigencias con la Ley de Seguridad Ciudadana– había sido respondida por tibieza desde el Ministerio del Interior durante estos cinco años. Pero un mensaje en redes sociales de su organización hermana en la Guardia Civil, Jucil, acusando de “felonía” al presidente en funciones por su discurso ante el Comité Federal del PSOE animó al departamento de Fernando Grande-Marlaska el domingo anterior a remitir el contenido del tuit a los servicios jurídicos de la Dirección del instituto armado.