El posible proceso de extradición de Carles Puigdemont a España no se solapará con las negociaciones más inmediatas entre PSOE y JxC para una posible investidura de Pedro Sánchez. El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha anunciado que no tomará una decisión sobre la euroorden del expresident catalán, que recientemente se ha quedado sin inmunidad parlamentaria, hasta que la Justicia europea no se pronuncie sobre las posibles medidas cautelares que Pugidemont pueda pedir para retener esa inmunidad. El juez calcula que, en cualquier caso, sería posible tener al expresident en España antes de junio del año que viene.
La decisión del juez instructor del procés llega poco después de que el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) haya confirmado la decisión del Parlamento Europeo de retirar la inmunidad al expresident catalán así como a los exconsellers Comín y Ponsatí. El tribunal radicado en Luxemburgo entendió que el Supremo no puso en marcha el proceso contra ellos “con la intención de dañar la actividad de los diputados” y que, incluso, están imputados desde un año antes de obtener un escaño en la institución comunitaria.
Un paso clave para que el Tribunal Supremo pudiera afrontar con garantías el proceso de extradición de Puigdemont, que se ha atascado en diferentes tribunales de Europa en los últimos años. Después de la derogación del delito de sedición y de que el propio Supremo descartara el delito de rebelión, su procesamiento quedó reducido a desobediencia y malversación de caudales públicos, según confirmó recientemente la sala de lo penal. En el caso de Ponsatí, que volvió recientemente a España y no compareció tras ser citada por el Supremo, su procesamiento se ha quedado en un delito de desobediencia.
Explica ahora el juez Llarena que poner en marcha una euroorden en este momento implicaría que “quedaría inmediatamente paralizada (antes de alcanzar su objeto) si el TJUE admitiese la eventual medida cautelar que se pida al tiempo del recurso; obligando a interrumpir su tramitación internacional y haciendo intrascendente el adelanto de la orden de detención a este momento”.
La respuesta del Supremo, por tanto, no llegará como mínimo hasta que los tribunales comunitarios se pronuncien sobre un recurso de medidas cautelares que el propio Puigdemont anunció que interpondría cuando supo que su inmunidad de europarlamentario había quedado definitivamente anulada. No cree que exista “ninguna dificultad” para que el expresident y el resto de fugados “puedan ser puestos a disposición de la Justicia española antes de disolverse el Parlamento para el que fueron elegidos y para cuyo desempeño se les concedió la inmunidad cuya suspensión se peticionó desde un inicio”. Es decir, antes de las próximas elecciones europeas en junio del año que viene.