El juez que investiga a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por las subvenciones que el consistorio otorgó a entidades sociales como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha rechazado la petición de la primera edil para archivar la causa y dejar sin efecto su citación como imputada del próximo 4 de marzo.
La defensa de la alcaldesa pidió dar carpetazo a la causa y anular su “precipitada” citación como investigada al considerar que la querella de la opaca Asociación por la Transparencia y la Calidad Democrática (ATCD) presentaba una “absoluta falta de rigor”. Recordó además la defensa que la Fiscalía ya descartó en julio que hubiera delito en las subvenciones denunciadas y que la alcaldesa no intervino en su tramitación.
La defensa también aportó al juez media docena de informes de la intervención municipal que avalaron los pagos para documentar que la querella se dirigió contra Colau en vez de las personas que podrían haber tenido una “participación efectiva” en la tramitación de las ayudas, lo que suponía, a su juicio, abrir una investigación “prospectiva prohibida constitucionalmente” contra la alcadesa.
El juez descarta los argumentos de la alcaldesa al considerarlos propios de una “declaración exculpatoria”, que corresponde realizar en su comparecencia como investigada. En un breve auto, adelantado por El Mundo y al que ha tenido acceso este diario, el magistrado expone que la admisión a trámite de una querella se limita a “dar inicio a una investigación”, sin valorar el fondo del caso. “Si tras la investigación se entendiera que los hechos no son constitutivos de delito se procedería a su archivo”, agrega el juez.
La querella de la ATCD se centra en el intento de Barcelona para municipalizar el agua, las ayudas para garantizar el derecho a la vivienda y subvenciones para cooperación internacional. El documento incluye tanto subvenciones como críticas políticas al consistorio por “asesorar” a okupas, un extremo que ya descartó la Justicia al archivar otra querella contra la alcaldesa.
La entidad consideró que las subvenciones concedidas responden “a la relación personal y profesional” entre la alcaldesa y los responsables de las entidades sociales, pese a que todas ellas ya recibían fondos durante el mandato de Xavier Trias (CiU). La defensa de Colau replicó que, además de no aportar pruebas de este extremo, la ATCD obvió que nada impide al consistorio subvencionar a entidades sociales aunque el gobierno municipal comparta con ellas “sensibilidad política hacia los graves problemas que generan la pobreza y la carencia de vivienda”.