No hay mención alguna en la calle, ni en los buzones, ni en el rellano de la primera planta del edificio de la avenida Diagonal de Barcelona que indique que allí se encuentra la sede de la Asociación por la Transparencia y la Calidad Democrática (ATCD). En la puerta, un cartel que se limita a indicar “oficina”. Ya en el interior del piso, dos recepcionistas afirman que sí, que este despacho de abogados es efectivamente la oficina de la asociación, pero rehuyen dar más información sobre la misma.
La ATCD es la impulsora de algunas acciones legales contra el Ayuntamiento y el gobierno de Ada Colau. La última, la que obligará a la alcaldesa a comparecer como investigada por la subvenciones a entidades sociales. No es la primera vez que la entidad pleitea contra el consistorio: en 2018 ya logró que un juez ordenara paralizar los trámites para que el Ayuntamiento celebrara la multiconsulta sobre la municipalización del agua.
En conversación telefónica con este diario, Francisco Benítez, miembro de la ATCD, niega ser el “responsable” ni el presidente de la misma, como así lo habían identificado en su sede de Barcelona. También rechaza decir quién es el portavoz o presidente de la asociación. “Llevamos muchos años detrás de la señora Colau”, admite, al tiempo que acusa a la alcaldesa de “tener una estructura del Ayuntamiento y de su partido detrás” que “puede machacar” a la ATCD.
Benítez, que admite que no vive en Barcelona y de quien en la oficina habían dicho que se encontraba “de viaje”, asegura que será el próximo 4 de marzo, tras la comparecencia judicial de Colau, cuando el presidente de la entidad –cuyo nombre rehúsa de nuevo desvelar– dé explicaciones sobre la asociación. “Tendremos que explicar quiénes somos pero ahora no queremos influir en el proceso judicial”, asevera este profesional en tecnología blockchain de la Universidad de Granada.
Resalta también que la ATCD, al margen de Barcelona, “ha hecho cosas en Madrid, Valladolid y municipios pequeños, pero que no les importan ni a los periódicos de provincias”. Lo que la entidad publicita en la delegación catalana de su web en cambio se centra exclusivamente en las denuncias interpuestas contra Colau por el censo de la multiconsulta. En el resto de España, la ATCD no expone ninguna actividad reciente, sino de hace tres años: una petición de transparencia al Ayuntamiento de Madrid y a la Universidad Complutense y una valoración sobre el reglamento de transparencia de Pamplona. Su último tuit es de marzo de 2021.
A nivel judicial, la ATCD también denunció al Ayuntamiento de Valladolid en 2017 por la remunicipalización del agua, siendo la única actuación judicial de la entidad conocida fuera de Barcelona. Ello ha servido a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, para definir a la ATCD como una herramienta “de los poderosos”, y, en concreto, de la multinacional Agbar, contra quien el consistorio perdió la batalla judicial por la municipalización del agua.
“Estamos acostumbrados a que nos ataquen: cuando a un político lo sitúas en el cadalso automáticamente dice que tienes detrás intereses ocultos”, replica Benítez, que niega que la asociación se financie a través de ninguna multinacional. Son los menos de 50 socios de la ATCD los que, según Benítez, sufragan los proyectos de la entidad. “No tenemos presupuesto, cuando hacemos algo los socios ponemos una partida o lo hacemos 'pro bono', no recibimos subvenciones públicas ni nos financia nadie”, apostilla. La web de la entidad, en la que no aparecen los directivos de la ACTD, recoge la misma aseveración respecto su financiación.
“Discreción” como parte del funcionamiento
Benítez justifica la falta de transparencia de la ACTD: “La discreción es parte de la necesidad de nuestro proyecto, no somos una entidad que busque notoriedad”. La manera de inscribirse, explica, es “por invitación” de otro socio “y porque se va a aportar algo”. Un vistazo a la web de la ATCD tampoco ayuda a conocer más datos sobre la entidad.
Este miércoles, tras conocerse la imputación de Colau, la ATCD envió un comunicado de prensa en el que ya advertía de que no haría “ninguna declaración en espera de lo que ocurra” en la comparecencia judicial de la alcaldesa. La entidad rehuyó enviar la querella interpuesta ante el juzgado y se limitó a señalar en el comunicado que ha denunciado a la alcaldesa por otorgar “ayudas de forma arbitraria y sin la tramitación formal con el único objeto de financiar los salarios, actividades y funcionamiento general de organizaciones afines”, en referencia a entidades sociales como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la Alianza Contra la Pobreza Energética, el Observatori Desc o Enginyers Sense Fronteres.
Además de las subvenciones directas, convenios o contratos menores para la redacción de informes, la ACTD también ha denunciado “estudios e informes que nada tenían que ver con las competencias del Ayuntamiento”, como los titulados 'Fortalecimiento de capacidades organizativas e incidencia en La Toglla-Quito (Perú)', 'Fortalecer capacidades en la provincia de Inhambane (Mozambique)' o 'Compost y educación ambiental en Maputo'. Cabe recordar que la Carta Municipal de Barcelona sí reconoce al consistorio competencias en medio ambiente y cooperación internacional.
El año pasado la Fiscalía ya investigó todas las subvenciones y convenios plurianuales de los últimos seis años entre el Ayuntamiento y las entidades sociales. La Fiscalía Anticorrupción archivó la investigación al concluir que todos los expedientes se tramitaron de forma adecuada, con sus correspondientes informes jurídicos y económicos.
En el decreto de archivo, el fiscal mencionó que en uno de los expedientes la gerencia de la concejalía de Derechos Sociales comunicó que no se podía proceder al pago de la subvención al Observatori Desc tras haber detectado “cinco motivos de posible irregularidad”, que no obstante fueron “subsanados” por la entidad. Resueltos los problemas, la entidad recibió la subvención.
“En los expedientes se aportan todos los informes necesarios para justificar la finalidad de la subvención”, concluyó el fiscal, quien remarcó que el Ayuntamiento “desplegó la debida actividad de control para garantizar el destino final” del dinero. Las plataformas sociales no “se beneficiaron específicamente de un trato de favor especial, sino que sus subvenciones se tramitaron igual que las destinadas a cientos de entidades”, argumentó la Fiscalía. El juez ha pedido a la Fiscalía su investigación.
La Fiscalía descartó que hubiera delito alguno del Código Penal, aunque sí vio dos posibles infracciones administrativas: el cauce legal elegido para otorgar las ayudas y el hecho de que Colau y sus concejales no se abstuvieran del proceso de subvención por su vinculación anterior con las entidades. Sin embargo, la entidad que denunció en primer lugar esas ayudas, la asociación Abogados Catalanes por la Constitución, descartó llevarlas ante el juzgado de lo contencioso.