Homicidio en grado de tentativa, organización criminal, manifestación ilícita, desórdenes públicos, atentado contra agentes de la autoridad, incendio y daños. Esta es la pluralidad de delitos por los que la jueza ha procesado a ocho manifestantes detenidos por intentar quemar un furgón de la Guardia Urbana de Barcelona en las protestas y altercados contra el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel de febrero de 2021. Cuatro de ellos permanecen desde hace un año en prisión preventiva.
El auto de procesamiento, al que ha tenido acceso elDiario.es, atribuye todos los citados delitos a todos los investigados, aunque no identifica a la joven que concretamente vertió el líquido inflamable sobre el fuego de la bengala que causó el incendio parcial de la furgoneta policial. El año de investigación no ha permitido, por ahora, enmendar el error de los Mossos d'Esquadra, que detuvieron a la joven equivocada al inicio de las pesquisas, quien no obstante ha sido procesada junto a los otros siete investigados por el mismo altercado y el resto de disturbios.
Para las defensas del caso la investigación adolece del mismo defecto que en su inicio: una atribución demasiado “genérica” de los altercados, en palabras del letrado Eduardo Cáliz, que representa a uno de los procesados. El origen de este problema, según Cáliz, estriba en que el caso se ha construido “sobre un parámetro político de un grupo de anarquistas italianos que es autor de todos los hechos, en vez de sobre pruebas concretas”. “No hay indicios de que sean un grupo criminal”, critica el abogado.
La jueza comunicará formalmente el procesamiento a los investigados este martes, cuando se producirán las denominadas declaraciones indagatorias. Cuatro de ellas se celebrarán por videoconferencia desde la prisión de Brians 1. La Audiencia de Barcelona rebajó hace unas semanas a 15.000 y 20.000 euros las fianzas de 40.000 y 45.000 euros impuestas por la jueza instructora para eludir la prisión. Los investigados y su entorno, que no cuentan con muchos recursos económicos, siguen intentando reunir el dinero.
Las defensas son conscientes de que se enfrentarán a penas de máximos al menos por parte de la Fiscalía y los sindicatos policiales que ejercen la acusación popular. También figuran en la causa como perjudicados el agente que logró salir del furgón en llamas, el Ayuntamiento de Barcelona, los cinco bancos cuyas oficinas quedaron destrozadas por los disturbios, así como una marca de moda y un hotel cuyos escaparates también resultaron dañados.
Las futuras peticiones de pena tan altas se explican por la gravedad de los delitos por los que han sido procesados los ocho investigados, que fueron detenidos la misma noche de los hechos, el 27 de febrero del año pasado, tras la manifestación más violenta de las vividas durante la semana de disturbios en Catalunya que siguió al encarcelamiento del rapero. Dos de ellos fueron observados por los agentes de los Mossos mientras se cambiaban de ropa y lanzaban a la papelera una mochila con 20 pastillas incendiarias.
El auto de procesamiento expone que los servicios de información de los Mossos d'Esquadra establecieron un dispositivo de vigilancia durante la manifestación. En la plaza Universidad los agentes “identificaron a un grupo de unas cinco personas que hablaban italiano entre sí” que, agrega la jueza, “ya habían sido observados en manifestaciones de días anteriores”. En este primer grupo figuran tres de los ocho procesados, entre ellos el señalado como líder, quien “va marcando a los demás los objetivos que han de atacar”.
Tras romper los cristales de sedes bancarias y quemar cajeros automáticos, la jueza relata que los ocho procesados “de manera coordinada lanzaron bengalas y una persona [que no se identifica] intentó abrir la puerta lateral izquierda” de la furgoneta de la Urbana mientras insultaba al agente que se encontraba en su interior “llamándole hijo de puta”.
La autoría de la quema del furgón
A continuación ocurrió el momento clave y que vale el procesamiento por tentativa de homicidio: el intento de quemar el furgón de la Urbana, que según el informe pericial aportado por los Bomberos causó un “riesgo bajo” para la vida del agente al ser un fuego de baja intensidad. La magistrada en cambio mantiene que el fuego “sí conllevó un riesgo potencial para la vida del agente de la Guardia Urbana”. Sobre la pregunta clave –quién causó las llamas– la jueza atribuye el intento de incendio al conjunto de los ocho procesados, si bien admite que fue “una joven que había estado todo el tiempo con el grupo de italianos”, a la que no identifica, quien se acercó a la furgoneta y vertió el liquido de una botella sobre el fuego de una bengala, que fue lo que provocó el incendio de la zona lateral izquierda del vehículo.
La botella que llevaba la joven, resalta la magistrada, “era de idénticas características a la que llevaba” el supuesto líder del grupo de anarquistas. “El agente se percató de que la furgoneta estaba ardiendo y sintió un intenso calor temiendo por su vida, pero mantuvo la calma y abandonó el vehículo hasta alcanzar zona de seguridad”, apostilla el auto.
La jueza argumenta el procesamiento por el delito de organización criminal en que seis de los procesados son italianos y en que todos se conocían previamente. El día de los hechos, agrega, actuaron causando destrozos en bancos y formando barricadas “de manera coordinada siguiendo instrucciones del líder”, quien guiaba al grupo “al grito de 'Chihuahua' para juntarse y perpetrar actos violentos o avanzar a otro lugar”. También destaca que cuatro de los procesados llevaban el mismo mechero, un hecho que las defensas ya pusieron de manifiesto durante la instrucción que se debía a que era el mechero que regala la marca más barata de tabaco de liar.
El reparto de roles que exige el delito de organización criminal se explica también por las “distintas funciones” que la jueza mantiene que ejercían. Además del líder, las mujeres del grupo llevaban las mochilas con los objetos para causar daños, y mientras unos destrozaban escaparates otros formaban “perímetros de seguridad”. Destaca que la quema de cajeros automáticos y el resto de acciones se firmaban “pintando en negro la letra 'A' rodeada de un círculo, símbolo anarquista”.
La rúbrica para el procesamiento por organización criminal son las declaraciones de los agentes de Información de los Mossos d'Esquadra que han testificado en la causa, a quien la jueza da plena credibilidad, y que corroboraron la “efectiva unión entre los integrantes del grupo”. Cuatro de ellos vivían juntos en una casa “ocupada por el movimiento antisistema y okupas”, y juntos acudieron a la marcha por Hasel y los ocho procesados mantenían además, según la magistrada, “una relación de amistad” porque hablaban por teléfono, aplicaciones de mensajería instantánea y se seguían en redes sociales antes de los hechos. En los registros de las casas la jueza revela que se halló un 'pendrive' de color negro con la inscripción “provocación al incendio”.
“Todos los procesados, desde su concreta función, participan en las acciones de destrozos continuos que llevaron a cabo de forma sincronizada a lo largo de la manifestación”, remacha la jueza, que enumera hasta una docena de altercados concretos en los que habrían participado los investigados: nueve sucursales bancarias con los cristales rotos y los cajeros quemados, lanzamientos de piedras, bengalas y todo tipo de objetos a los agentes que custodiaban la comisaría de la Rambla y rotura de los escaparates de una tienda de ropa y de un hotel, además de cruzar jardineras y contenedores para obstaculizar la labor policial y “animar al resto de manifestantes a realizar más barricadas”.